La Cámara Nacional en lo Penal Económico ratificó el procesamiento de "Mr. Korea" y de otros imputados en la megacausa que investiga a una asociación ilícita que se dedicaba a simular trámites de importación de mercaderías con el objetivo de beneficiarse con la compra de dólares a tipo de cambio oficial en medio del cepo. Esas divisas eran giradas luego al exterior sin que las importaciones se llegaran a efectuar.
Sung Ku Hwang, alias "Mr. Korea", está acusado de ser el jefe de esta asociación ilícita. Fue extraditado desde Corea y detenido por orden del juez de primera instancia, Gustavo Meirovich.
La causa penal tiene además una decena de procesados, todos imputados en distintos grados de participación por haber contribuido a la creación de sociedades fantasmas, generar facturas truchas y llevar a cabo cuantiosas maniobras de lavado de dinero.
Según estiman fuentes judiciales, la banda de "Mr. Korea" habría realizado operaciones por cientos de millones de dólares durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, cuando se impusieron restricciones en el mercado de cambios.
La modalidad delictiva se repite en distintas operaciones analizadas por la Justicia. Los imputados inscribieron varias sociedades con accionistas que resultaron ser personas de bajos recursos, sin capacidad económica para realizar tales transacciones.
La falta de respaldo en cuanto al origen de los fondos depositados en las cuentas bancarias locales que fueron utilizadas para los supuestos pagos de anticipos de importaciones, así como la poca o nula actividad económica legal de los accionistas de las sociedades utilizadas, sumado a las cifras millonarias que fueron ingresadas a la economía formal dando apariencia de operaciones lícitas son objeto de investigación por el delito de lavado de activos.
En pleno cepo cambiario, estas sociedades fantasmas obtuvieron autorización de la AFIP conducida por Ricardo Echegaray, de la Secretaría de Comercio encabezada por Guillermo Moreno y del Banco Central presidido por Juan Carlos Fábrega para efectuar pagos anticipados de importaciones por operaciones presumiblemente ficticias y así girar dólares al exterior cuando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar libre era de 100 por ciento.
La Justicia sospecha que la operatoria hubiera sido imposible sin connivencia con las autoridades, que aprobaron las DJAI (autorizaciones de importación) por varios millones de dólares a sociedades que -por ejemplo- tenían como principal accionista a una beneficiaria de una asignación universal. Es por eso que se cree que en la próxima etapa de la investigación el juez posará su lupa sobre el rol que mantuvieron los ex funcionarios involucrados.
El juez Meirovich cuenta con elementos que probarían quiénes fueron los verdaderos destinatarios del dinero, lo que podría complicar más a ex integrantes de las estructuras públicas que facilitaron la comisión de los delitos investigados.
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