Oil Combustibles: aceptaron las apelaciones y Casación deberá definir si Cristóbal López sigue en libertad

La Sala I de la Cámara Federal, con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, aceptó hoy las apelaciones de la AFIP y del fiscal general Germán Moldes y ahora la causa por la evasión de 8.000 millones de pesos por parte de la compañía Oil Combustibles pasará a la Cámara de Casación.

En Casación intervendrá la Sala I, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Carlos Mahiques y Gustavo Hornos. Pero Mahiques está excusado de intervenir porque su hijo, Ignacio Mahiques, es uno de los fiscales que investigaron el caso de Oil Combustibles. En su reemplazado actuará Eduardo Riggi, quien ya intervino en el caso.

La semana pasada, el fiscal general Moldes había apelado el fallo de la Cámara que liberó a Cristóbal López y Fabián De Sousa y modificó el delito del hecho de administración fraudulenta a apropiación indebida de tributos. Al mismo tiempo pidió la detención del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray y de los empresarios.

"El personaje principal de la maniobra dilucidada en este legajo se llama Ricardo Echegaray, el antes todopoderoso jefe de la agencia recaudadora del Estado y ahora el tal vez temido custodio de secretos comprometedores. Echegaray debe seguir la suerte de López y De Sousa en lo que a cautelares personales se refiere (me refiero concretamente a la prisión preventiva que limite su libertad con el único fin de evitar la frustración del proceso)", sostuvo Moldes en su dictamen.

López, De Sousa y Echegaray fueron procesados en diciembre pasado por el juez Julián Ercolini por administración fraudulenta porque los empresarios no pagaron 8 mil millones de pesos del impuesto al combustible y porque Echegaray lo avaló al no controlarlos en su rol de titular de la AFIP. La ley establece que una parte de lo que el contribuyente paga cuando carga combustible va al Estado en concepto de tributo y la empresa actúa como agente de retención. En este caso, no se pagó el impuesto de mayo de 2013 a agosto de 2015.

El juez entendió que López y De Sousa debían estar presos porque durante la investigación intentaron desprenderse de empresas, lo que para Ercolini significa un entorpecimiento de la causa.

La Sala I de la Cámara Federal confirmó el 16 de marzo pasado los procesamientos de los tres acusados pero por otro delito y liberó a López y De Sousa. Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero consideraron que los empresarios no intentaron eludir la Justicia porque la venta de las compañías del Grupo Indalo quedó supeditada a una autorización judicial, lo que fue presentado al juez Ercolini, quien siempre lo rechazó.

También señalaron que el caso no es una administración fraudulenta, sino una apropiación indebida de tributos porque el dinero nunca ingresó al Estado. En disidencia, el camarista Leopoldo Bruglia votó por confirmar las detenciones y la administración fraudulenta.

El fallo de la Cámara ya había sido apelado por la AFIP, que actúa como querellante. El organismo recaudador también pidió que el delito sea el de administración fraudulenta.

Ahora que el caso llega a Casación, primero deberá intervenir Ricardo Wechsler, fiscal de ese tribunal que lleva el caso. Wechsler tiene que decidir si mantiene o no los pedidos de Moldes. Luego los jueces deberán fijar una audiencia con las partes para escuchar sus posiciones. Recién ahí quedarán en condiciones de resolver si mantienen los procesamientos, por qué delito, y si los acusados deber ser detenidos o continuar en libertad.