La madre del fiscal Nisman pidió que se investigue el crimen como un magnicidio y el rol de Cristina Kirchner

Un magnicidio que tenía como objetivo "neutralizar" la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Kirchner y otras personas por encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA. Para la defensa que representa a la madre del fiscal, Sara Garfunkel, no hay dudas sobre los motivos del crimen y la existencia de un "plan criminal" en el que participaron diversos actores. Así consta en la apelación contra los procesamientos ordenados por el juez Julián Ercolini, que ahora serán analizados por la Cámara Federal.

Para la defensa de Garfunkel, a cargo del abogado Pablo Lanusse, los custodios de Nisman tuvieron un rol central en el plan criminal, que excede la figura del incumplimiento de los deberes de funcionario público. "Es evidente que sus conductas obedecieron a promesas anteriores al hecho para garantizar la zona liberada que se dispuso para practicar el magnicidio en perjuicio del Fiscal General Nisman y permitir la limpieza de la escena del crimen y el montaje de una que luciera de un inexistente suicidio. Sus aportes fortalecieron el trabajo de los asesinos y de quienes idearon el plan criminal", concluye el escrito de más de treinta carillas al que tuvo acceso Infobae.

Sobre el asesor informático Diego Lagomarsino, el único de los procesados que no apeló el procesamiento, la defensa de Garfunkel lo define como "un sujeto instalado cual célula dormida dentro del ámbito de confianza y trabajo" de Nisman. De alguna manera, abona la hipótesis, aún no probada en la Justicia, de que Lagomarsino trabajaba para sectores de inteligencia que controlaban y espiaban al fiscal.

"Los custodios procesados, Benítez, Durán, Miño y Niz, sabían, tanto como Lagomarsino, lo que ocurriría la noche del 17 y madrugada del 18 de enero de 2015 en perjuicio del Fiscal General, y no pueden explicar sus conductas e intentan morigerar su delicada situación procesal", concluye la defensa de Garfunkel sobre el rol de los cinco procesados. Y además adhiere a la teoría de una "zona liberada" vinculada directamente a la denuncia que había hecho Nisman el 14 de enero. "Esa zona liberada nos acredita que estamos en presencia de un crimen de Estado. Y este crimen de Estado es el que generó todo lo ocurrido desde el conocimiento que se tuvo públicamente de la denuncia del Fiscal General Nisman contra la entonces Presidente de la Nación doña Cristina Elisabet Fernández, su Ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timermann y otros adláteres de ese gobierno", dice el escrito.

En esa línea de argumentación, el crimen de Nisman tenía como objetivo "dotar de impunidad a la nombrada (la ex presidente) y su gobierno por su responsabilidad por la negociación ilícita del Memorándum con la República Islámica de Irán". Es más, el escrito de apelación destaca "el interés y la preocupación que embargó y embarga a la ex presidente Fernández de Kirchner" por la denuncia de encubrimiento en su contra, tal como ella misma expuso en conversaciones telefónicas con el ex titular de la AFI Oscar Parrilli.

La defensa de Garfunkel pide que se investigue "la responsabilidad que le pudo caber a la ex presidente de la Nación, Cristina Elizabet Fernández de Kirchner (en el crimen)", aunque no abunda sobre su rol específico ni agrega pruebas para justificar esa acusación. Algo similar plantea sobre grupos de inteligencia y policiales, que están bajo la lupa del fiscal Eduardo Taiano por los entrecruzamientos de llamados.

La apelación ahora será analizada por la Cámara Federal, que también cuenta con las apelaciones de los cuatro custodios. Para la defensa de Garfunkel, los custodios y el propio Lagomarsino deberían ser procesados como partícipes de un homicidio agravado, y no de un homicidio simple.

Lanusse, en representación de la madre de Nisman, le dedicó un párrafo especial a los "engranajes" del Poder Judicial que permitieron el cierre provisorio de la denuncia judicial de Nisman. Ellos son: el juez Daniel Rafecas, con varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura, y el fiscal de Casación Javier De Luca.