La sanción del "mega" decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desburocratización del Estado, publicado este jueves en el Boletín Oficial, ya genera polémica entre los expertos del derecho político y administrativo. Una de estas voces se trata de una eminencia del mundo jurídico, la presidenta de la ONG Transparencia Internacional (TI) Delia Ferreira Rubio, quien cuestionó el uso de la herramienta al advertir que el presidente Mauricio Macri se está atribuyendo una prerrogativa que es propia del Congreso nacional.
"Las modificaciones de leyes las debe hacer el Congreso, y aquí se están modificando decenas de leyes en una. Solo contando los considerandos son 30 páginas", afirmó la abogada cordobesa en diálogo con Infobae. "Para usar un DNU, deben darse situaciones excepcionales que justifiquen al Poder Ejecutivo arrogarse las facultades del Congreso. Y esta situación de receso no parece serlo. El DNU no es el instrumento adecuado".
Ferreiro cuenta con una vasta experiencia nacional e internacional en el estudio y asesoría sobre transparencia y calidad institucional. Trabajó en instituciones como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras. Y si bien aclara que no habla en nombre de la ONG global que preside, la especialista es una referencia mundial en lo que respecta a control de constitucionalidad, rendición de cuentas y buenas prácticas en los sistemas políticos.
"Lo hemos dicho desde el gobierno de Carlos Menem. Tradicionalmente, desde los años noventa, los DNU justifican la necesidad y urgencia en el hecho de que el Congreso está en receso. Pero el receso no es circunstancia justificativa. Me pregunto, ¿cuál es la necesidad y urgencia ahora?", advirtió.
El presidente Mauricio Macri sancionó este jueves el decreto 27/2018 con el objetivo de agilizar y simplificar trámites y generar incentivos a los negocios, bajando "costos improductivos" de la economía. Se calcula que el ahorro llegará, en dos años, a los $100.000 millones. Se trata de una mega reforma estructural del Estado que incluye 170 cambios en decretos y leyes de 22 áreas distintas, que van desde la producción, el mundo laboral, las finanzas, el transporte, el control fitosanitario y los bienes que son propiedad del erario público, entre otras.
En 2010, la Corte Suprema de Justicia precisó el alcance sobre la legalidad del DNU. En el fallo, aseguró que la conveniencia del Poder Ejecutivo no justifica "la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional" en "circunstancias que no lo son". Por este motivo, la mala praxis de esta herramienta es considerada por los expertos y la oposición como una violación en la división de poderes.
Desde la asunción de Cambiemos al poder en diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri utilizó el DNU para reformas de alto impacto político y social, como los cambios en la Ley de Medios, la derogación del Código Procesal Penal, el endurecimiento de los controles a extranjeros, o la eliminación de las retenciones a los productos del agro y la minería, entre otras.
La última vez que el Gobierno disparó la polémica con los DNU ocurrió hace un mes, cuando amenazó a la oposición de sancionar por esta vía los cambios en torno a la ley de movilidad jubilatoria. Fueron momentos de alta tensión, tras la batalla campal en las afueras del Congreso y el escándalo en el interior del recinto con los bloques de diputados del kirchnerismo y el peronismo.
Ahora, el DNU debe pasar por el filtro de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Aunque este organismo del Congreso le rechazó varios decretos al macrismo, prácticamente todos quedaron vigentes debido a que ni la Cámara de Diputados ni la de Senadores lograron la mayoría para rechazarlos. Derogarlos será ahora aún más difícil para la oposición: el oficialismo quedó cerca de controlar la comisión, tras la renovación de las bancadas legislativas de diciembre.
Pese a mostrar su desacuerdo, Delia Ferreira afirmó que "por ahora no puede hablarse de una práctica" o de un abuso de reformas vía DNU. Es que la cultura política "hiperpresidencialista" muestra un espejo difícil de superar. Durante sus dos mandatos, el entonces presidente Carlos Menem, autor de la reforma constitucional de 1994 que introdujo esa atribución excepcional, firmó 574 decretos de urgencia; a razón de 4,4 por día. Le siguieron Néstor Kirchner, con 270 (5,1 DNU por día) y Eduardo Duhalde, con 158 (9,3 por día). Hacia el mes de diciembre, Mauricio Macri había firmado 35 decretos.
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