Los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, se convirtieron este lunes en las primeras voces oficiales en referirse al enfrentamiento entre activistas que dicen reivindicar los derechos de los mapuches y efectivos de la Prefectura ocurrido el sábado en Villa Mascardi, a pocos kilómetros de Bariloche.
En un fuerte mensaje transmitido a través de una conferencia de prensa conjunta en Casa Rosada, los funcionarios defendieron los operativos realizados en el sur del país "contra grupos violentos que no reconocen la ley argentina, al Estado y la Constitución", y aclararon que las fuerzas de seguridad no aceptarán ninguna orden del juez de la causa "ilegal" que invierta el "Estado de Derecho" en el país.
"Nosotros no tenemos que probar nada. A la versión que nos da la Prefectura le damos carácter de verdad. Las fuerzas de seguridad fueron enfrentadas por un grupo violento", aseguró Bullrich.
Y agregó: "Nosotros les vamos a dar claras instrucciones a nuestros efectivos. No van a aceptar ninguna orden ilegal, antijurídica, que invierta el Estado de Derecho, como por ejemplo que un lugar no pueda ser custodiado o que se palpe a los efectivos. Esto es muy importante: esta es una decisión de fondo que implica dónde está la ley y qué tienen que hacer cada una de nuestras fuerzas de seguridad".
El enojo de la ministra apunta al juez federal Gustavo Villanueva, quien en las últimas horas inició una etapa de negociación con los mapuches que toman terrenos ilegalmente cerca de Bariloche y puso bajo la mira a los efectivos de Prefectura que el sábado fueron atacados a tiros por activistas fuertemente armados. Como consecuencia de ese enfrentamiento, murió un joven de 22 años y otras dos personas fueron trasladadas con heridas. Se cree que podría haber más personas lastimadas escondidas en la montaña.
De acuerdo con la lectura del Gobierno, el magistrado "está perdiendo tiempo" para recabar pruebas importantes que pudiera haber en el territorio donde fue el enfrentamiento -aún ocupado por mapuches-, entre ellas las armas utilizadas para atacar a los efectivos. Por ahora, efectivos de la Policía Federal se limitan a custodiar el perímetro.
"Nosotros no vamos a aceptar ninguna orden ilegal. Si hay alguien que dice que no se puede entrar a una parte del territorio argentino, nosotros no tenemos ningún límite más que la Constitución. No vamos a aceptar ninguna orden que dé vuelta los valores del Estado de Derecho. Si las fuerzas de seguridad están frente a un delito, tienen que actuar", reiteró Bullrich.
En línea con el comunicado oficial difundido ayer, los funcionarios aseguraron que los activistas que atacaron a los prefectos el sábado portaban armas de grueso calibre. Además, hubo estruendos muy fuertes compatibles con el de granadas.
"Es muy importante resaltar que el Gobierno construye y apoya todo lo que tiene que ver con la paz. Tiene que haber un repudio a todos de estos grupos que generan violencia y deben ser rechazados. La violación de la ley en la Argentina tiene y va a tener consecuencias", resaltó Garavano en un tono más diplomático que su par de la cartera de Seguridad.
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