El titular de la AFI, Gustavo Arribas, fue investigado y luego sobreseído tras una denuncia sobre supuestas transferencias de la firma brasileña Odebrecht involucrada en Brasil en el escándalo de coimas Lava Jato. Esa decisión fue apelada por el fiscal federal Federico Delgado y luego Germán Moldes, fiscal general ante la Cámara, desistió del recurso, por lo que el fallo del juez Rodolfo Canicoba Corral que sobreseyó a Arribas está firme. El magistrado tuvo en cuenta, entre otras pruebas, un informe de la Unidad de Información Financiera que indicó que no contaba con reportes o datos de inteligencia que vinculen a Arribas con el Lava Jato.
Sin embargo, pese a esta información que la UIF aportó al expediente, el fiscal Delgado pidió que se libre un exhorto para requerir que declaren como testigos, a través de videoconferencia, Leonardo Meirelles y Alberto Youssef, dos arrepentidos en la investigación brasileña.
La solicitud de Delgado es legal, ya que hay convenios de cooperación mutua entre Brasil y Argentina que permiten hacerlo. Pero eso, vale aclarar, sólo para el caso de las declaraciones testimoniales, es decir, las que se prestan bajo juramento de decir verdad. ¿Qué ocurre si durante la declaración surge algún tipo de incriminación de los propios testigos? En este supuesto, no podría continuar de la misma manera. El fiscal debe cerrar la testimonial e indicarle a la persona que está declarando que a partir de allí va a hacerlo con las formalidades de una indagatoria, en la que no está obligado a decir verdad, debe designar un defensor y tiene formalidades distintas a las de una testimonial. Esto es así para respetar las garantías constitucionales, sobre todo la establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo.
En el caso de Meirelles y Youssef, los arrepentidos del Lava Jato, en Brasil se acogieron a la delación premiada para declarar a cambio de una reducción de la condena, pero esta figura no existe en la Argentina. Si del testimonio de los arrepentidos brasileños surge un dato que los involucre, el fiscal Delgado debe imputarlos y pedir su extradición ya que no sería válida una indagatoria por videoconferencia. En síntesis, si Meirelles y Youssef se autoincriminan en su declaración, la Justicia argentina podría pedir la captura internacional a los fines de extradición y una vez concretada quedarían detenidos.
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