Por una disputa con la Municipalidad de La Matanza, Coto tiene parada una inversión de $600 millones

La semana pasada, al inaugurar un nuevo centro comercial en Moreno, Alfredo Coto elogió la capacidad negociadora del intendente local, Walter Festa, quien, según contó, lo había convencido de asfaltar una calle lindera al hipermercado, además de colaborar con un tomógrafo para el hospital local. A pesar del costo que eso había significado -Coto bromeó sobre el presupuesto que le había pasado el contratista-, el trato que les habían dado en el municipio había sido "muy bueno", y por eso habían hecho allí la inversión: "Nosotros vamos a donde nos dan la bienvenida; a donde no, no vamos", dijo, en una afirmación que era también un mensaje cifrado para otro municipio del conurbano.

Sucede que la cadena de supermercados ha encontrado en La Matanza un obstáculo para su planes de inversión en el Conurbano, a donde apunta a expandirse. En febrero de este año, Coto anunció junto al presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal un desembolso de $2.500.000.000 para la construcción de cinco centros comerciales, entre los que se contaba uno en Isidro Casanova de cerca de 30.000 metros cuadrados, con una inversión de $600.000.000 que generaría más de 500 puestos de trabajo.

El complejo comercial es un proyecto largamente acariciado por Coto, que se remonta a fines de los noventa y que ya ha enfrentado al supermercadista con la gestión de Fernando Espinoza como ahora lo enfrenta con la intendenta Verónica Magario. Según supo Infobae, la obra en el terreno sobre la Av. Juan Manuel de Rosas (Ruta 3) al 6100, junto al Hospital Paroissiene, ya ha sufrido una decena de frenos judiciales y administrativos, y se encuentra en este momento en un punto muerto.

Desde el Municipio aseguraron a Infobae que "Coto quiere quedarse con todo" y que el motivo para el freno es proteger a los pequeños comerciantes de Isidro Casanova, Rafael Castillo y Ciudad Evita que se verían afectados. Además, argumentan que por el tamaño de la construcción, deberían hacerse obras hidráulicas que eviten anegamientos para los vecinos de la zona. Por último, fuentes cercanas a la intendenta admitieron que entre las exigencias estaría la cesión de parte de terreno para la construcción de una delegación municipal, que esperan que financie y ejecute Coto, además de la reparación de una parte del hospital.

En diálogo con Infobae, el vicepresidente del Concejo Deliberante de La Matanza, el massista Fernando Asencio, explicó que si bien los grandes supermercados están prohibidos en el distrito por una ordenanza municipal, en los últimos años se han habilitado varias excepciones. "No sé por qué tienen tanta animosidad con Coto", dijo Asencio y añadió que desde su bloque han alertado al área de Control Comunal por la habilitación indiscriminada de supermercados chinos sin planos.

Como parte de las presiones que existen en torno al hipermercado, el año pasado la entonces diputada nacional María Ester Balcedo, ex titular de la cartera de Inspección Municipal durante el primer mandato de Espinoza, presentó un proyecto de ley para declarar como "de utilidad pública" el terreno y expropiarlo, con el fin de "preservar las arboledas existentes en el lugar" y abrir una calle interior que permitiría vincular los barrios periféricos con el Hospital Paroissien y facilitar el acceso a las escuelas especiales que hay en la zona. No obstante, el proyecto no tuvo movimiento, y su futuro probable es la pérdida del estado legislativo.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto de ley, los terrenos fueron expropiados en los años 50 por el Estado nacional para la edificación de un hospital de agudos, talleres para la reparación de aparatos ortopédicos, la construcción de un asilo para ancianos y para depósito de medicamentos para entrega hospitalaria, a través de la Fundación Eva Perón. Tras el golpe del 55, las instalaciones quedaron en estado de abandono, hasta que pasada la década del 70 comenzó a subdividirse con diferentes destinos: edificaciones del plan Fonavi (Barrio 20 de Junio), escuelas especiales, EMAUS, dos escuelas técnicas, el Comando Radioeléctrico de Policía Federal y el Club Almirante Brown, manteniéndose una parcela en poder del Estado nacional.

En los años 90, el predio fue habilitado para ser utilizado por el Instituto de Obra Social, con una confitería con un gran quincho, laguna para pesca de especies exóticas, parrillas y pileta de natación destinados a la comunidad, a las obra sociales, a contingentes de adultos mayores y colonia de vacaciones infantiles. Luego, el presidente Carlos Menem trasladó el dominio a una obra social mediante un decreto, y la obra social lo vendió seis meses más tarde a una unión transitoria de empresas (UTE) creada para esa compra. Como la UTE no pagó la hipoteca, la empresa Coto CICSA la adquirió con la idea de establecer allí un hipermercado.

Si bien en principio hubo rechazo de las asociaciones de comerciantes y los pequeños y medianos comercios locales, la construcción comenzó hacia fines de los 90 y fue paralizada en 2001, en medio de la crisis económica que dejó a Coto al borde del colapso financiero. Ya en esta década, la obra fue retomada y paralizada por diversas decisiones judiciales y administrativas. Luego de varias idas y vueltas en los tribunales, este año Coto había anunciado el centro comercial de Isidro Casanova como parte del plan anual de inversiones, y varios contratistas que participan de la obra fueron avisados de que se retomaría. Aunque hoy se encuentra frenada, fuentes de la empresa confiaron en que la situación se pueda destrabar y esperan un llamado de la intendencia que por el momento no llega.