Denuncian amenazas de bomba y una mafia sindical en la Administración de Puertos

"Kioskos que se convierten en shoppings" es una frase que se repite por estos días en los pasillos de la sede de la AGP sobre la avenida Huergo. La Administración General de Puertos, hoy bajo el Ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich, tiene a su cargo explotar, mantener y regular los puertos marítimos y fluviales del país, puntualmente el porteño, con su gran cantidad de tránsito de mercadería en containers y naves. A comienzos de este año asumió su nuevo interventor, Gonzalo Mórtola, ex jefe de Mejoras en la Villa 31, con una gestión exitosa que incluyó más de 11 kilómetros de infraestructura como tendido eléctrico y cloacas y denunciar en Comodoro Py a mafias que usurpaban terrenos fiscales para venderlos y luego expulsar a sus compradores. En los últimos días, Mórtola tuvo que regresar a los tribunales de Retiro: su asistente en la AGP recibió una amenaza de bomba.

La intimidación llegó a su despacho el 8 de agosto pasado. "Qué carajo se cree que es ese Gonzalo", dijo un hombre del otro lado de la línea: "Que me atienda, que sino le voy a poner una bomba". "Agradecé que no te corte la calle, que la semana que viene voy con bombas", remataba quien hablaba. El hombre, según Mórtola, se presentó como Tomás Sandoval, secretario adjunto del Sindicato de Estibadores y Trabajadores Portuarios.

Mórtola denunció penalmente a Sandoval, que no está registrado como empleado de AGP según fuentes en el organismo, en una causa que recayó en el Juzgado Federal N°6 a cargo del doctor Rodolfo Canicoba Corral. La supuesta amenaza no vino sola: alrededor de la AGP circuló un volante con la cara de Mórtola con una lista de acusaciones bajo un membrete del Centro de Estibadores Portuarios Argentinos, en donde se exige a Mauricio Macri que eche al interventor de su puesto.

Mórtola, por su parte, vincula esto a dos causas en torno al lado oscuro de los sindicatos en la AGP, una por daños y entorpecimiento de servicios públicos y otra por extorsión que datan de 2012 y de 2007 respectivamente. Ambas fueron elevadas a juicio y recayeron en el Tribunal Oral Federal N°3. Tienen a un mismo protagonista: un sindicalista llamado Francisco Montiel.

Sobre la causa por extorsión, que fue instruida por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y sobre la situación en general, Mórtola asegura: "Montiel y Sandoval estaban asociados, sobre todo Montiel, con una gerente del área de previsionales de AGP que gestionaba los certificados jubilatorios. Sandoval y Montiel, por su parte, son socios también, aunque lógicamente no en los papeles"

El interventor continúa: "El modus operandi era hacer el certificado y cobrarles esa primera jubilación mafiosamente. Si no cumplían, los patoteaban. Lucraron aprovechándose de las necesidades de la gente. Ayer le envié una carta documento a Sandoval. No creo que la conteste. Es complejo desarticular estas mafias".