El oficialismo buscará dictaminar este martes en la Cámara de Diputados a favor de la reforma del Ministerio Público Fiscal, que recortará las facultades del Procurador General y fijará un límite de cinco años al mandato, con la posibilidad de renovar el cargo por cinco años adicionales pero sólo a propuesta del Poder Ejecutivo.
De esta manera, el Gobierno lograría resolver un asunto que lo desvela: poner fin a la continuidad de la actual procuradora Alejandra Gils Carbó, que cumpliría cinco años al frente de ese organismo el 29 de agosto del 2017, fecha en que el presidente Mauricio Macri estaría facultado para denegarle un segundo mandato.
La iniciativa recibiría dictamen a partir de las 14, en el plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, y estaría en condiciones de llegar al recinto el próximo miércoles 26 de octubre, según publicó la agencia NA.
En el predictamen que manejan los diputados se prevé que en el caso que se inicie un trámite para la remoción del cargo del procurador, la solicitud debe partir de la Cámara Baja, y requerirá de la mayoría simple en ese cuerpo para luego ser aprobado por mayoría especial de dos tercios en el Senado.
Hasta ahora, la remoción del procurador exigía mayoría especial en ambas cámaras, con lo cual la reforma facilitará, al menos, la iniciación del procedimiento del jury. Las causas de remoción por mal desempeño detallados en el texto del predictamen incluyen, entre otros, la participación en "actividades partidarias", con lo cual el oficialismo se valdría de un fundamento para avanzar en el desplazamiento de Gils Carbó por su pertenencia a la agrupación Justicia Legítima, cercana al kirchnerismo.
El proyecto que reforma la ley 27.148 del Ministerio Público apunta a recortar las atribuciones al Procurador General de la Nación, no sólo porque acabaría con el régimen vitalicio del cargo del procurador, sino además porque le quitaría la facultad de la que dispone en la actualidad de intervenir en los procesos de selección y remoción de fiscales, además de armar los concursos.
Tal como quedó redactado en la iniciativa, la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal presidida por Graciela Camaño (Frente Renovador) cobrará un poder relevante, absorbiendo algunas de las atribuciones que perderá la Procuración General.
Por ejemplo, todas las designaciones de fiscales generales de distritos, de titulares de procuradorías especiales, de unidades fiscales especiales y de direcciones generales -que hasta ahora sólo requerían de la decisión de Gils Carbó- a partir de la entrada en vigencia de la reforma deberán ser remitidas a la comisión bicameral de Camaño para su revisión y aprobación.
Además, la llamada "comisión Camaño" podrá revisar todos los traslados de magistrados fuera de la jurisdicción autorizada originalmente por el Senado. De hecho, la normativa establece que los magistrados que hayan sido trasladados deberán retornar a su cargo original en un plazo no mayor a 48 horas, desconociendo de esa manera todo lo actuado por Gils Carbó en esa materia.
La bicameral también tendrá en sus manos la aprobación final de los fiscales generales de distrito designados, que tendrán un mandato de dos años.
Consejo General del Ministerio Público
Otro de los elementos novedosos que introduce la reforma es la creación del Consejo General del Ministerio Público Fiscal, el cual tendrá la función de asesorar al procurador general, proponer los fiscales generales de distrito y a los titulares de las procuradurías especiales, convocar a concursos públicos de antecedentes, aprobar dichos concursos, disponer el traslado de fiscales previa aprobación de la comisión bicameral, y promover el enjuiciamiento de todos los fiscales (salvo el procurador).
Este órgano tendrá siete miembros y estará integrado por el Procurador General, tres fiscales generales y tres fiscales del Ministerio Público Fiscal. Tanto los fiscales generales como los fiscales "rasos" que integren el Consejo será elegidos por sorteo público y tendrán un mandato de dos años.
A su vez, se propone la creación de la figura del fiscal general de distrito, que tendrá la responsabilidad de fijar la política de criminalidad, de la misma forma en que lo hace la Procuraduría General a nivel nacional.
Las Procuradurías Especiales serán nueve y abordarán los siguientes tópicos: investigaciones administrativas, narcocriminalidad, crímenes de lesa humanidad, trata y explotación, lavado de activos, delitos económicos, violencia institucional, terrorismo y ciberdelincuencia.
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