Cada vez más alumnos terminan procesados por las falsas amenazas de bomba

El juzgado federal 12 a cargo de Sergio Torres estuvo de turno con las fuerzas de seguridad entre el l y el 15 de julio. Durante ese período, las denuncias por delitos federales que recibieron las distintas fuerzas de seguridad quedaron asignadas a ese juzgado.

En la semana previa a las vacaciones de invierno llegaron allí 24 denuncias por el delito de intimidación pública. Hubo dos docenas de llamados telefónicos advirtiendo por bombas en diferentes colegios de la Capital. Obviamente todas fueron falsas.

El número de amenazas creció respecto de otras semanas -en las que hay muchas- debido a los exámenes que se iban a tomar en los colegios los días anteriores al receso escolar invernal. Algunos de los colegios -públicos y privados- en los que se recibieron amenazas de bomba solamente entre el 11 y el 15 de julio pasado son: Normal 9, Ramón  Falcón, Mariano Acosta, Sagrado Corazón, Liceo 2, Comercial 6, Normal 12, Julio Cortázar.

Si bien se sabe que los llamados son falsos, cada uno de ellos activa un protocolo de seguridad que implica entre otras cosas, evacuar el edificio, lo que garantiza la suspensión de las clases. Eso implica un costo de movilización de personal policial, corte de tránsito y cientos de alumnos en la puerta del colegio con el peligro de que algo les suceda. Los policías de explosivos recorren el colegio y cuando se determina que no hay una bomba, se retoman las clases.

En los últimos tiempos y ante las decenas de falsas amenazas, la máxima autoridad de cada colegio tiene la facultad de hacerse cargo de la situación, no evacuar el edificio y continuar con las clases normalmente. La intervención policial en ese caso se limita a una inspección de los agentes de Explosivos.

Luego comienza la tarea judicial de comprobar quién hizo los llamados. Algo relativamente simple: en general los que amenazan dejan la advertencia al 911 que graba todas las conversaciones y además registra la procedencia de los llamados. En los últimos tiempos-ante la caducidad de los teléfonos públicos- las llamadas se realizan desde celulares. Es muy fácil detectar a los dueños que a veces son los alumnos y en otras ocasiones, sus padres. En ambos casos pueden tener graves problemas judiciales.

Si el autor de la amenaza tiene 15 años no es punible. Si tiene entre 16 y 18 podría ser procesado por el delito de intimidación pública que es contemplado en el artículo 211 del Código Penal que señala que: "Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.

Algunos jóvenes, luego de ser identificados por el número de celular y por la voz, cuando son citados a indagatoria confiesan haber hecho los llamados, otros se niegan a declarar. Varios fueron procesados, no apelaron el procesamiento y pidieron la suspensión del juicio a prueba. Solicitan una probation.

Como muestra está el caso de O.A.Z.R que hizo un llamado intimidatorio el 26 de agosto de 2013 en la Escuela Comercial n° 5 "José de San Martín", del Distrito Escolar n° 3, ubicada en Entre Ríos al 700. El alumno que fue identificado como el autor del llamado cursaba ese colegio y tenía 17 años. En su indagatoria se negó a declarar.  Luego del procesamiento firmado por Torres pidió una probation que le fue concedida.

El joven había pedido hacer tareas comunitarias en la iglesia San Antonio de Padua de Caseros al 2700, pero el juez determinó otra cosa. Durante un año y cada quince días O.A.Z.R se tuvo que presentar en la sede de la ONG "Un techo para mi país" para, con su trabajo comunitario, cumplir con la decisión de la Justicia.

En el mismo juzgado se tramitó el caso de T.R.L, quien tenía 16 años cuando el 29 de agosto de 2013 hizo un llamado al 911 alertando sobre la existencia de una bomba en la Escuela Comercial n° 23 "Dr. Luis Agote", del Distrito Escolar n° 7, situada en la avenida Rivadavia 5100. T.R.L era alumno de esa escuela, fue indagado y confesó haber hecho el llamado, admitió no saber qué consecuencias produjo su llamada, reconoció que había estado mal y se mostró arrepentido. Fue procesado por Torres y pidió una probation.

Durante un año tuvo que ir semana por medio a otros colegios secundarios a explicar por qué no debían hacerse ese tipo de llamados y de ese modo intentar concientizar a otros estudiantes sobre las consecuencias que tuvo para él haber realizado la amenaza.

Tal vez los que hacen los llamados para suspender una clase crean que es tan solo una broma. Pero esos llamados tienen consecuencias serias.