Se aprobó la polémica venta del Tiro Federal, con votos del PRO, radicales y tres K

Con 42 votos positivos, entre ellos tres kirchneristas, 16 negativos y 2 abstenciones, la Legislatura porteña aprobó este jueves la polémica venta de los terrenos del Tiro Federal, la tradicional institución ubicada en el barrio de Núñez, pese al rechazo de los vecinos y de organizaciones de arquitectos y urbanismo.

La medida está incluida dentro del proyecto de creación de la Agencia de Bienes, que le permitirá al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta administrar bienes públicos de dominio privado de manera autónoma.

Para alcanzar los 40 votos necesarios, el PRO contó con las voluntades de los radicales de SUMA+, Confianza Pública, el Frente Renovador, Sindical Peronista y 3 votos provenientes desde el Frente para la Victoria: María Rosa Muiños, Silvia Gottero y Claudio Heredia. Se opusieron la Coalición Cívica, el Partido Socialista, el PSA, Autodeterminación y Libertad, Bien Común, FIT y PTS.

Según se informó oficialmente, en el artículo 13 de la norma se declara "innecesario" para la Ciudad y "desafecta del dominio público" a dos polígonos de la zona norte de la ciudad (barrio de Núñez) que hoy forman parte de los terrenos que usa el Tiro Federal Argentino, el que se dividirá en 3 polígonos, dos de los cuales serán vendidos y el restante será destinado a la continuidad del uso por parte de esa asociación civil deportiva.

"El producido de la venta de dos de los polígonos se destinará de la siguiente manera: 20 por ciento de uno de los polígonos para la urbanización de las villas 30 y 31; y el producido de 30.000 metros cuadrados del otro polígono será destinado prioritariamente a Educación y Salud'. El 80 por ciento del primero de los polígonos irá al Parque de la Innovación", se indicó.

La ley dice que el Ejecutivo "deberá tomar las medidas necesarias para desocupar los polígonos" antes referidos en un plazo de seis meses, a cuyo efecto "podrá realizar las gestiones para la efectiva relocalización de la Asociación Civil Tiro Federal Argentino". Se estipula además que el gobierno "otorgará un permiso de uso precario y gratuito" al Tiro Federal en un nuevo polígono menos extenso.

La entidad estará dirigida por un directorio de siete integrantes, de los cuales habrá dos de ellos designados por los bloques legislativos opositores más numerosos, y los 5 restantes serán nombrados por el Poder Ejecutivo.

El proyecto recibió críticas, ya que al momento de su votación ningún bloque contaba con el listado completo de inmuebles. Solo se incluían la enajenación y relocalización del Tiro Federal y la subasta de la mitad del predio El Dorrego.

Esto provocó rechazo de varios bloques del recinto.  SUMA+ presentó una propuesta en la que manifestaban la quita de la enajenación del predio El Dorrego: "Nos votaron para ponerle límites al manejo del gobierno, pero no para obstaculizar su gestión", explicó Hernán Abel Rossi.

A su vez, desde el Partido Socialista Auténtico (PSA) afirmaron que la ley es inconstitucional, ya que viola lo estipulado por el artículo 84 de la Carta Magna porteña, que establece que la legislatura "no puede delegar sus atribuciones".

La Coalición Cívica manifestó que el texto "era desestructurado", y que "llevaba a malas interpretaciones".

En el medio, el FpV hizo hincapié en la idea de que la Ciudad requiera de mayoría especial, con audiencia pública de por medio, para enajenar y vender inmuebles.

Gustavo Vera (Bien Común) denunció que "desde que asumió el Pro se han privatizado más de 170 hectáreas de tierra pública" y sentenció: "La política de venta de tierras afecta a todos los ciudadanos y a las generaciones futuras".

Desde la izquierda, Patricio Del Corro dijo que "el oficialismo vota con la oposición hacer negocios privados con bienes públicos" y que "la grieta se diluye cuando hay negocios". Asimismo, Marcelo Ramal consideró que "la Legislatura con esta ley lleva un autogolpe en contra de la Constitución y las leyes".

El caso de la eventual venta de parte del predio de Tiro Federal despertó un rotundo rechazo de vecinos de la zona, pero también del Consejo Profesional de Urbanismo y la Sociedad Central de Arquitectos, estos últimos preocupados por el impacto ambiental.