Por un Perú sin Cáncer cuestionó que CENARES hubiera ejecutado solo el 50,3% de los recursos destinados a medicamentos oncológicos hasta noviembre, cuando restaban menos de dos meses para el cierre del ejercicio presupuestario. La organización advirtió que parte de esos fondos correspondía a tratamientos para pacientes con cáncer de mama, una enfermedad que registra cerca de 8.000 casos y unas 1.900 muertes de mujeres cada año en Perú.
La presidenta de la asociación, Gianina Orellana, sostuvo que la discusión sobre las partidas públicas para el próximo año ocurre mientras la demanda de atención oncológica crece. Según afirmó, el presupuesto general de salud se habría reducido alrededor de 7,4%, mientras que los recursos previstos para el control y la prevención del cáncer caerían 4,7%.
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El cuestionamiento apunta a la disponibilidad efectiva de tratamientos en los hospitales públicos. CENARES, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, tiene a su cargo la compra, el almacenamiento y la distribución de medicamentos para los establecimientos estatales. Para Orellana, la ejecución parcial de los recursos revela problemas de gestión que pueden trasladarse a las pacientes que esperan una terapia.
El fármaco aprobado en julio aún no llegaba a 15 hospitales
La situación que concentra el reclamo de la asociación involucra al trastuzumab emtansina, indicado para pacientes con cáncer de mama HER2 positivo. De acuerdo con Orellana, el medicamento fue aprobado en julio, luego de una evaluación que se extendió por un año y medio, pero cuatro meses después todavía no había llegado a quienes lo requerían.
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Quince hospitales ya habían solicitado el fármaco, según la dirigente. La asociación no precisó cuántas pacientes estaban a la espera, aunque indicó que la responsabilidad de adquirir el tratamiento y distribuirlo entre los centros de salud corresponde a CENARES.
La organización envió una comunicación a la directora general de la entidad, Patricia Suárez, para solicitar que se aceleren las compras de los medicamentos aprobados para cáncer de mama y se garantice su entrega. Orellana indicó que, dos semanas después de presentar el pedido, la asociación aún no había recibido una respuesta oficial.

La interrupción del tratamiento puede elevar el riesgo de recaída
El trastuzumab emtansina está destinado a pacientes que ya atravesaron intervenciones como cirugía y quimioterapia. Orellana explicó que la falta del fármaco en la etapa indicada puede afectar el control de la enfermedad. “El cáncer no espera, los pacientes no esperan, las medicinas no llegan”, afirmó.
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Según la presidenta de Por un Perú sin Cáncer, las pacientes que no reciben el tratamiento prescrito pueden enfrentar un mayor riesgo de que el tumor reaparezca. La representante señaló que cerca de siete de cada 10 mujeres con ese cuadro podrían sufrir una recaída si no acceden a la medicación correspondiente en el momento previsto.
La asociación también cuestionó el tiempo que toman las evaluaciones para incorporar tratamientos. Durante los últimos años se realizaron siete procesos de análisis para fármacos destinados al cáncer de mama en estadio temprano, pero solo dos recibieron aprobación. Para Orellana, esa diferencia limita el acceso de las pacientes a terapias disponibles para combatir la enfermedad.
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Una de cada cuatro pacientes cambió de estadio antes de iniciar la terapia
Una investigación de Por un Perú sin Cáncer siguió el recorrido de 612 pacientes de seis regiones, desde la sospecha de un tumor mamario hasta el comienzo de la atención terapéutica. El estudio detectó que cerca de la mitad de las mujeres que ingresaron al sistema público acudió luego al sector privado para obtener una respuesta más rápida.
El informe también registró que alrededor del 25% de las pacientes cambió de estadio entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Algunas mujeres que habían recibido una clasificación inicial en estadio uno o dos llegaron a la etapa terapéutica con un diagnóstico en estadio tres o cuatro, una condición que puede reducir las posibilidades de recuperación.
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El cáncer de mama figura entre las neoplasias más frecuentes entre las mujeres peruanas. Orellana señaló que el 70% de los diagnósticos ocurre en etapas avanzadas, una proporción que refleja las dificultades para acceder a controles, estudios y derivaciones oportunas. La detección temprana permite ampliar las alternativas de tratamiento y elevar las probabilidades de supervivencia.

Las demoras también alcanzan a pacientes que esperan trasplantes
La asociación acompañó recientemente a una paciente con leucemia linfoblástica aguda que aguardaba un medicamento de alto costo para prepararse para un trasplante de médula ósea. El tratamiento había sido aprobado meses antes, de acuerdo con la organización, pero todavía no estaba disponible para la mujer.
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La paciente contaba con dos hermanos compatibles al 100% como posibles donantes. Sin embargo, la falta de la medicación podía modificar su condición clínica y comprometer la posibilidad de avanzar hacia el procedimiento. Para Orellana, ese caso muestra que los retrasos administrativos pueden tener consecuencias en tratamientos cuya oportunidad depende de la evolución de cada enfermedad.
La dirigente también relató que hay pacientes que organizan rifas y polladas para costear terapias que no reciben a tiempo en el sistema público. A esa carga económica se suma la falta de información sobre los mecanismos de reclamo, en especial cuando una persona conoce que un fármaco fue aprobado, pero no logra obtenerlo en su hospital.
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El acceso fuera de Lima depende de diagnósticos y tratamientos oportunos
Las dificultades de abastecimiento en Lima pueden agravarse en las 24 regiones del país, donde las distancias, la concentración de servicios y la disponibilidad de equipos médicos condicionan la atención. Orellana pidió que las decisiones sanitarias contemplen el recorrido completo de las pacientes, desde la sospecha de la enfermedad hasta la entrega de los medicamentos.
La presidenta de la asociación sostuvo que el debate no se limita al monto asignado para salud. “No es solamente un tema de presupuesto, es un tema de gestión y de voluntad política”, afirmó. La organización reclama que las instituciones aceleren los procedimientos de compra y distribución para evitar que los tratamientos aprobados queden fuera del alcance de quienes los necesitan.
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Las personas que enfrenten restricciones o demoras en la atención, tanto en establecimientos públicos como privados, pueden presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud). Orellana recomendó recurrir a ese mecanismo formal para exigir respuestas sobre medicamentos, procedimientos y acceso a servicios especializados.
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