
Acortar los plazos de Obras por Impuestos OxI no basta para que las empresas financien intervenciones frente a El Niño. La ausencia del informe previo de Contraloría puede generar cautela entre los privados, mientras las dificultades para aplicar el mecanismo y el cambio de autoridades pueden retrasar las decisiones públicas. Estos obstáculos ponen a prueba la rapidez que promete OxI Express.
El régimen conocido como Obras por Impuestos Express OxI Express, establecido mediante el Decreto de Urgencia N.º 0102026, busca acelerar esta participación. Simplifica procedimientos y acorta plazos para ejecutar servicios e inversiones de emergencia. Pero reducir los tiempos previstos en una norma no resuelve automáticamente la incertidumbre legal de las empresas ni las carencias técnicas de quienes deben aplicarla.
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Una de las principales preocupaciones está relacionada con el informe previo de la Contraloría. El régimen excepcional prescinde de este requisito para agilizar las intervenciones comprendidas en su ámbito. Aunque se mantienen el control simultáneo y posterior, muchas empresas prefieren contar con el respaldo de una revisión previa antes de comprometer recursos millonarios.
Se produce así una paradoja: una medida destinada a acelerar el procedimiento genera cautela entre quienes se busca atraer. Esto cobra especial relevancia cuando la contraparte es un gobierno regional o local con poca experiencia en el mecanismo. La empresa necesita certidumbre sobre cómo se están tomando las decisiones públicas y sobre las condiciones en las que asumirá sus compromisos.
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En espacios privados se ha planteado la posibilidad de contar con un acompañamiento más ágil de la Contraloría. Es una propuesta que merece evaluarse, sin entender una revisión previa como garantía frente a futuros cuestionamientos. El desafío consiste en dar confianza sin reproducir las demoras que el régimen busca superar.
Otra dificultad aparece dentro de las propias entidades. Los listados sectoriales de servicios habilitados no reemplazan las listas de priorización que debe aprobar cada gobierno regional o municipal. Los funcionarios necesitan comprender qué procedimientos se han simplificado y qué exigencias se mantienen. Mientras ese conocimiento no se traduzca en decisiones concretas, las intervenciones seguirán pendientes.
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A esto se suma el cambio de autoridades. Algunas gestiones salientes prefieren dejar los compromisos a sus sucesoras por temor a que sus actuaciones sean cuestionadas en el futuro. Esperar a que las nuevas autoridades asuman y se familiaricen con los proyectos reduce críticamente el margen disponible para prevenir daños.

El acompañamiento de ProInversión y los acercamientos entre las gestiones salientes y entrantes pueden ayudar a que la estructuración y ejecución de las intervenciones no se detengan durante el relevo. Esa coordinación resulta especialmente importante para evitar que las decisiones pendientes se posterguen hasta que las nuevas autoridades asuman y conozcan los proyectos.
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Finalmente, las demoras burocráticas afectan las condiciones de ejecución. Una empresa puede querer contribuir, pero necesita plazos técnicamente viables. Si las decisiones se postergan y luego se exige construir una defensa ribereña al límite del tiempo, aumenta el riesgo de asumir compromisos imposibles de cumplir. Ese resultado perjudica a la población vulnerable y expone a la empresa que buscaba ayudar.
El mecanismo OxI Express ofrece una vía valiosa para movilizar capacidades privadas frente a El Niño. Para que las empresas participen, necesitan claridad sobre cómo se ejercerá el control de Contraloría y entidades que sepan aplicar el mecanismo y tomen decisiones sin esperar al cambio de autoridades. Acortar los plazos de contratación servirá de poco si las intervenciones siguen detenidas por dudas sin resolver o decisiones pendientes.
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