Antenas clandestinas permiten extender internet hasta los penales: AFIN advierte que retirar estos equipos no soluciona el problema

La presencia de comunicaciones ilegales desde los establecimientos penitenciarios plantea un desafío para las autoridades peruanas, debido a las distintas vías que utilizan los internos para contactar con personas del exterior. El uso de teléfonos celulares, chips ingresados de manera irregular y conexiones de internet clandestinas complica las acciones destinadas a impedir que las cárceles se utilicen para coordinar delitos.

Frente a esta situación, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) sostuvo que las empresas de telefonía móvil no pueden asumir el control de todas las comunicaciones ilícitas que se originan dentro o alrededor de los penales. Su presidente, Juan Pacheco Romaní, explicó que existen mecanismos que escapan a las competencias de las operadoras y requieren intervención directa del Estado.

Durante una entrevista en Latina, Pacheco diferenció el funcionamiento de las redes móviles del acceso a internet mediante conexiones wifi instaladas de manera irregular. Según explicó, algunas personas extienden la señal desde sus viviendas hacia los centros penitenciarios, lo que permite mantener comunicaciones sin depender directamente de las redes de las compañías telefónicas.

El representante de AFIN también planteó una alternativa tecnológica para enfrentar este problema: instalar estaciones base dentro o cerca de los establecimientos penitenciarios. La propuesta contempla no solo bloquear las comunicaciones ilegales, sino también generar información que permita identificar y rastrear las llamadas vinculadas con posibles extorsiones.

AFIN explica por qué las operadoras no pueden controlar el wifi pirata

Juan Pacheco Romaní señaló que el wifi pirata no pertenece necesariamente a la infraestructura de las empresas de telefonía móvil. De acuerdo con su explicación, existen personas que contratan servicios de internet y orientan antenas desde sus domicilios hacia los establecimientos penitenciarios para extender la conexión.

También mencionó la participación del Comando Unificado y de la Policía en las intervenciones contra las antenas ilegales. Sin embargo, advirtió que retirar estos equipos en una operación puntual no garantiza que el problema desaparezca, pues pueden instalarse nuevamente en otros lugares.

Por ese motivo, sostuvo que las autoridades necesitan mantener una vigilancia permanente sobre estas conexiones. La intervención no debe limitarse al retiro de antenas, sino incluir la detección de nuevas señales y la identificación de quienes las utilizan.

La propuesta de instalar estaciones base para rastrear llamadas extorsivas

AFIN plantea que se instale una estación base dentro o en las inmediaciones de los penales para controlar las comunicaciones. La infraestructura tendría capacidad para trabajar con las señales de las cuatro empresas operadoras del país.

Según Pacheco Romaní, el proyecto contempla que un tercero administre esta estación bajo la dirección de la Policía o del Ministerio Público. De esta manera, las autoridades podrían acceder a información sobre las comunicaciones que salen de los establecimientos penitenciarios y determinar cuáles requieren una investigación.

La iniciativa todavía requiere coordinaciones y precisiones técnicas. Pacheco indicó que el sector privado ya trasladó el planteamiento a algunas entidades públicas y que se necesitan mesas de trabajo para definir su funcionamiento.

Asimismo, aclaró que se trata de una propuesta impulsada por las empresas y no de una medida contemplada en la regulación vigente.

Las llamadas por WhatsApp también representan un desafío para los bloqueos

Otro aspecto señalado por el presidente de AFIN es que el bloqueo de las señales móviles no necesariamente impide todas las comunicaciones desde los penales. Esto se debe a que las llamadas también pueden realizarse mediante conexiones de datos y aplicaciones como WhatsApp.

Por ello, una estrategia concentrada únicamente en interrumpir las llamadas convencionales podría dejar otras vías de comunicación disponibles. El uso de conexiones wifi externas representa una dificultad adicional para los sistemas de bloqueo instalados en los establecimientos penitenciarios.

Pacheco Romaní sostuvo que la respuesta requiere coordinación entre las instituciones públicas y las empresas privadas. También indicó que las operadoras no pueden sustituir las labores de investigación que corresponden a las autoridades.

Solo la mitad de los penales cuenta con bloqueadores, según AFIN

Durante la entrevista, el titular de AFIN mencionó que el Ministerio de Justicia mantiene un contrato para implementar bloqueadores de señal en los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, indicó que estos equipos solo están presentes en el 50% de los 69 penales del país.

Esta situación representa otro componente del problema, debido a que la infraestructura de bloqueo todavía no cubre la totalidad de los centros penitenciarios. El representante del gremio señaló que esta tarea debe abordarse junto con las demás medidas destinadas a impedir las comunicaciones ilícitas.

Además, recordó que desde 2022 existió un grupo de trabajo sobre confianza digital que elaboró entre 12 y 15 recomendaciones. Consultado sobre su aplicación, respondió que fueron pocas y que casi ninguna llegó a ejecutarse.

AFIN pide coordinación estatal frente al ingreso irregular de chips

Pacheco Romaní también se refirió al ingreso de teléfonos celulares y chips a las cárceles. Al respecto, sostuvo que estas prácticas no dependen directamente de las empresas operadoras, pues involucran controles dentro de los establecimientos penitenciarios.

El presidente de AFIN rechazó las contrataciones fraudulentas de servicios de telecomunicaciones y pidió que los casos identificados reciban las sanciones correspondientes, de acuerdo con las competencias de cada institución.

Asimismo, planteó mejorar los mecanismos de identificación para contratar líneas móviles. Entre las alternativas mencionó la identidad digital a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con herramientas adicionales a la huella dactilar, como la firma y el reconocimiento del iris.

El representante del gremio también mencionó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) contó en 2025 con un presupuesto de S/1,2 millones para tecnología. Según su evaluación, ese monto resulta insuficiente frente a las necesidades tecnológicas del sistema penitenciario.