Extorsión al transporte en Lima: empresas pagan a varias bandas criminales y acumulan deudas por la paralización

Un nuevo ataque armado contra la empresa de transporte El Rápido se sumó esta semana a una seguidilla de agresiones contra el servicio público en Lima, que ya acumula cuatro ataques en siete días contra distintas unidades vehiculares. El hecho más reciente ocurrió en la avenida Universitaria con Dueñas, en pleno Cercado de Lima, una vía principal de la capital, en un patrón que los transportistas describen como una escalada sin precedentes en horarios y zonas antes consideradas más seguras.

Ante la falta de respuesta estatal, el gremio Transportistas Unidos evalúa ahora una medida radical: un paro indefinido de transporte. Así lo confirmó Julio Bretoneche, vocero de la organización, en una entrevista con el programa Buenos Días Perú, en la que detalló el nivel de violencia y extorsión que enfrenta el sector.

Ataques y amenazas a familiares de gerentes

Los atentados contra El Rápido se registraron durante todo el año, con disparos contra unidades con y sin pasajeros a bordo. En uno de los episodios anteriores, la empresa recibió una carta extorsiva que, según indicaron, atribuía el ataque a una organización identificada como “los primos del Cono Norte”. El patrón se repitió esta semana con agresiones contra las empresas Ipesa, Cora Cora y la 10 E, antes de alcanzar a El Rápido nuevamente.

Bretoneche advirtió que las amenazas ya no se limitan a los vehículos, sino que alcanzan directamente a los gerentes de las empresas y a sus familias. “Sabemos dónde está tu hijo, lo vamos a matar, tal colegio estudia”, citó el vocero como parte de un mensaje recibido por una gerente de una empresa de la zona sur de Lima.

Extorsiones y empresas paralizadas

El vocero gremial explicó que las organizaciones criminales se sectorizan por rutas, lo que obliga a cada empresa a pagar cupos a entre tres y cuatro bandas distintas según la extensión de su recorrido. Mientras más larga o extensa es una ruta, mayor es el monto exigido y más frecuentes resultan los atentados, según detalló.

Esa dinámica derivó en la paralización total de cinco empresas de transporte, entre ellas El Rápido y la 10 E, que suspendieron sus operaciones como medida de seguridad. Según Bretoneche, solo El Rápido emplea a más de mil familias a través de sus distintas rutas, mientras que la 10 E da trabajo a un promedio de doscientas. La paralización se suma a las deudas que las empresas mantienen con bancos y proveedores de servicios, en un contexto que el vocero calificó de crítico para la continuidad del negocio.

Menor herido y conductor en estado crítico

Uno de los ataques previos afectó a la empresa Machu Picchu, cuyo atentado dejó herida a una usuaria menor de edad, que permanece fuera de peligro. El impacto humano de la violencia también incluye a un conductor que permanece internado con pronóstico reservado tras recibir disparos, con riesgo de perder la movilidad de ambas piernas. El gremio señaló que recibió el apoyo de un hospital universitario, gestionado a través de la alcaldía de Lima, para intentar salvar las extremidades del trabajador.

Bretoneche cuestionó, además, las medidas de seguridad implementadas hasta el momento por las autoridades, entre ellas los despliegues con helicópteros, militares y tanquetas en los patios de maniobra de las empresas. “Para nosotros, el helicóptero no tenía sentido”, afirmó, y agregó que ese tipo de operativos no funcionó en experiencias previas, como ocurrió en San Juan de Lurigancho durante la gestión del entonces alcalde Alex González. Según indicó, sin una labor de inteligencia policial que permita capturar a los cabecillas y mandos medios de las organizaciones criminales, los operativos actuales solo representan una solución temporal frente a un problema que calificó de crítico.

Seguridad privada y posible paro indefinido

Consultado sobre la posibilidad de que las empresas contraten su propia seguridad armada, Bretoneche explicó que la medida enfrenta obstáculos legales de fondo. Según detalló, Lima cuenta con un parque de 24.000 buses en circulación, lo que exigiría un promedio de 50.000 personas dedicadas a labores de resguardo. El vocero añadió que, en caso de un enfrentamiento armado, las empresas podrían enfrentar responsabilidades civiles o penales, en un sector cuya obligación de garantizar la seguridad corresponde al Estado, de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución.

Ante ese escenario, el gremio confirmó que evalúa una decisión conjunta entre las empresas afectadas, que podría traducirse en un paro indefinido de las unidades de transporte en Lima. “Estamos a punto de tomar ya prácticamente un paso, el paro indefinido”, señaló Bretoneche durante la entrevista con Buenos Días Perú. El vocero indicó que la medida respondería a lo que describió como la inacción del Estado frente a la violencia extorsiva que afecta al sector del transporte público en la capital.