La protección de los niños no debería terminar en la frontera

Una madre puede obtener una pensión de alimentos en un país y descubrir que cobrarla se vuelve mucho más difícil cuando el otro progenitor vive en otro. Una disputa por custodia puede atravesar dos sistemas judiciales. Una niña o un niño puede ser trasladado ilegalmente fuera de su país de residencia y convertir un conflicto familiar en una batalla legal internacional.

La globalización hizo que nuestras familias cruzaran fronteras mucho antes de que muchas de nuestras instituciones aprendieran a hacerlo. Por eso merece atención lo que acaba de ocurrir en Surinam.

El 20 de octubre, su Asamblea Nacional aprobó, con 30 votos a favor, la adhesión a cuatro convenios de La Haya destinados a fortalecer la protección internacional de los niños. Los instrumentos abarcan temas concretos como la sustracción internacional de menores, la adopción internacional, el cobro de pensiones alimenticias en otros países y la cooperación entre Estados frente a situaciones familiares transfronterizas.

Puede parecer una discusión jurídica especializada. No lo es, es en realidad, una discusión con profundas consecuencias: qué ocurre cuando el derecho de un niño necesita funcionar más allá del territorio donde fue reconocido.

También hay algo destacable en el proceso político que condujo a esta decisión. Este proceso estuvo liderado por Hakiem Lalmahomed, joven parlamentario surinamés que meses atrás había pedido acelerar el tratamiento de los convenios y que participó posteriormente en la comisión encargada de examinarlos.

Pero quizá lo más interesante de su posición llegó después de la votación. Lalmahomed insistió en que una norma tiene poco valor si no existen instituciones, presupuesto, personal y responsabilidades claras para implementarla. Celebrar una reforma también significa exigir que se generen las condiciones para que esta pueda implementarse.

Y allí la experiencia de Surinam se vuelve relevante para el Perú. Nuestro país tiene una de las diásporas más grandes de la región. Más de 3,5 millones de peruanos viven fuera del territorio nacional. Cada vez existen más familias cuyos vínculos, responsabilidades y derechos se distribuyen entre Lima, Madrid, Santiago, Buenos Aires, Nueva York, Milán o decenas de otras ciudades.

Sin embargo, nuestra arquitectura jurídica internacional todavía está incompleta.

El Perú es parte del Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores y del Convenio de 1993 sobre adopción internacional. Ambos han creado mecanismos importantes de cooperación entre nuestras autoridades y las de otros países.

Pero todavía no somos parte de otros dos instrumentos fundamentales que Surinam acaba de decidir incorporar: el Convenio de 1996 sobre responsabilidad parental y protección de los niños y el Convenio de 2007 sobre cobro internacional de alimentos.

Vale la pena preguntarnos por qué.

El segundo resulta especialmente fácil de entender. Cuando una persona obligada a pagar alimentos vive en otro país, hacer efectiva esa obligación puede convertirse en un proceso costoso, lento y complejo. El Convenio de 2007 fue precisamente diseñado para crear mecanismos de cooperación internacional más accesibles y eficientes para esos casos.

No se trata únicamente de copiar decisiones de otros países. Es entender todo lo necesario para ganrantizar un estado de derecho que pueda salvaguardar el bienestar de los niños: autoridades competentes, procedimientos claros, interoperabilidad institucional, recursos suficientes y capacidad para responder rápidamente cuando el interés de un niño está en juego.

Ese quizá sea el aprendizaje más importante.

Durante décadas construimos sistemas públicos pensando que la vida de las personas ocurría dentro de las fronteras nacionales. Hoy millones de latinoamericanos estudian, trabajan, forman familias entre varios países.

Nuestros sistemas de protección tienen que aprender a moverse con ellos.

Surinam acaba de dar un paso importante en esa dirección. Es justo reconocer también a quienes, como Hakiem Lalmahomed, ayudaron a empujar esa conversación y ahora están insistiendo en que el compromiso sea operativizable con presupuestos y aplicabilidad de la norma.

Para el Perú, la noticia debería servir para algo más que observar. Debería servir para preguntarnos qué piezas de nuestra propia arquitectura de protección todavía nos falta completar.

Porque si un derecho desaparece cuando un niño cruza una frontera, todavía no es un derecho suficientemente protegido.