La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ejecutó operativos en Ayacucho y Piura que permitieron retirar armas de fuego y material explosivo de lugares que no cumplían las condiciones exigidas para su posesión, custodia o almacenamiento.
Las intervenciones comprendieron establecimientos con autorizaciones vencidas, empresas de vigilancia privada que incumplían los requisitos para trabajar con armamento y un inmueble donde se almacenaban explosivos sin el permiso correspondiente.
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En total, las acciones permitieron incautar 29 armas de fuego y aproximadamente 198 kilos de explosivos. Los procedimientos contaron con la participación de distintas instancias, de acuerdo con las características de cada caso.
Las medidas forman parte de las acciones de fiscalización del Ministerio del Interior, mediante la Sucamec, para controlar la tenencia de armas y explosivos, así como prevenir su desvío hacia actividades ilícitas.
Ayacucho: retiran 23 armas de un establecimiento con autorización vencida
En el distrito de San Juan Bautista, región Ayacucho, la Sucamec intervino un establecimiento que mantenía su autorización vencida y no cumplía las condiciones requeridas para custodiar armamento.
Durante el operativo, el personal retiró 23 armas de fuego: 17 pistolas, cuatro revólveres y dos carabinas. La medida respondió a las irregularidades detectadas en las condiciones de autorización y custodia del material.
La intervención se enmarca en las labores de supervisión de la entidad sobre los establecimientos que poseen armas de uso civil, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.
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Piura: incautan seis armas a una empresa de vigilancia privada
En Paita, Piura, la Sucamec retiró seis armas de fuego de una empresa de vigilancia privada que no cumplía los requisitos para prestar servicios de seguridad con armamento.
El material incautado estaba compuesto por cuatro escopetas y dos carabinas. La actuación respondió a las condiciones detectadas durante la fiscalización de la empresa.
El superintendente nacional de la Sucamec, Eswin Alexander Manay Guerrero, vinculó estos operativos con las acciones del Ministerio del Interior para reforzar el control de armas en el país.
“Nuestra prioridad es fortalecer el control para contribuir a la lucha frontal contra la inseguridad y proteger a la ciudadanía. Cada arma que retiramos de una situación irregular reduce el riesgo de que pueda ser desviada o utilizada para fines ilícitos”, declaró Manay Guerrero.
Talara Alta: intervienen inmueble con 198 kilos de explosivos
Otra intervención tuvo lugar en Talara Alta, Piura, donde la Sucamec participó en un operativo conjunto con el Ministerio Público y unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú.
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Las autoridades intervinieron un inmueble en el que se almacenaban aproximadamente 198 kilos de material explosivo procedente de Loreto. Según la información proporcionada por la Sucamec, el traslado se realizó sin la autorización correspondiente.
El material estaba destinado a la perforación de pozos petroleros. Sin embargo, su almacenamiento en un lugar no autorizado motivó su retiro inmediato debido al riesgo asociado a esas condiciones.
La participación del Ministerio Público y de unidades especializadas de la Policía Nacional acompañó el procedimiento de control del material. El caso se suma a las intervenciones efectuadas en Piura para verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre posesión, traslado y almacenamiento de explosivos.
Ministerio del Interior refuerza la fiscalización de armas y explosivos
El Ministerio del Interior impulsa estas acciones a través de la Sucamec, entidad responsable del control de los servicios de seguridad privada y de las armas, municiones y explosivos de uso civil.
De acuerdo con la información oficial, los operativos buscan prevenir el uso irregular de estos materiales y reducir la posibilidad de que terminen en manos de personas o grupos vinculados con actividades ilícitas.
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El superintendente Eswin Manay Guerrero señaló que las intervenciones responden al compromiso de la gestión del ministro del Interior, César Astudillo, de ampliar la fiscalización a nivel nacional y limitar los espacios de actuación de las organizaciones criminales.
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