
El Decreto Supremo N.° 018-2026-EM, publicado este 2 de octubre, declaró en proceso de modernización y reorganización al Ministerio de Energía y Minas, al INGEMMET y al Instituto Peruano de Energía Nuclear por un plazo de hasta 120 días calendario.
Conviene mirar este proceso más allá del organigrama. En el caso del IPEN, limitar la reorganización a encontrar duplicidades o fusionar oficinas sería desperdiciar una oportunidad excepcional. La pregunta de fondo es otra: ¿qué institucionalidad nuclear necesita el Perú para los próximos treinta años?
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El Perú no empieza de cero
Durante más de medio siglo, el país ha formado científicos e ingenieros, construido laboratorios y desarrollado capacidades en radioisótopos, medicina, industria y protección radiológica. Tenemos además el Centro Nuclear de Huarangal y el reactor de investigación RP-10, de 10 MW. Son capacidades que ningún país puede improvisar.
Pero el escenario cambió. Hoy debemos hablar de pequeños reactores modulares —SMR—, minerales críticos, nuevos radiofármacos, irradiación de alimentos y materiales avanzados.
Durante mi gestión al frente del IPEN comenzamos a preparar a la institución para ese escenario. Impulsamos unidades funcionales especializadas porque la estructura existente resultaba insuficiente frente a desafíos como la preparación del país para una futura generación nucleoeléctrica.
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Existía una barrera jurídica: el Perú carecía de un marco legal para la generación nucleoeléctrica. Ese paso ya se dio. La Ley N.° 32560, publicada el 22 de marzo de 2026, promueve la generación eléctrica de origen nuclear y la instalación de SMR, con fines pacíficos, y busca aprovechar el uranio del territorio nacional.
Pero una ley no construye una central nuclear.

El paso que quedó pendiente
El siguiente paso es separar la promoción de la tecnología nuclear de su regulación y fiscalización.
Lo viví desde la presidencia del IPEN: la institución desarrolla y promueve aplicaciones nucleares y, simultáneamente, ejerce funciones regulatorias. Frente a futuras centrales nucleoeléctricas con participación privada, debemos avanzar hacia una arquitectura institucional diferente.
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La experiencia internacional apunta hacia esa especialización. Brasil creó mediante la Ley 14.222 de 2021 la Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, separándola de la Comissão Nacional de Energia Nuclear. Pero su puesta en marcha demoró años. La lección es doble: la separación debe hacerse por ley, y la ley debe prever desde el inicio cómo se implementará.
Separar estas funciones no significa debilitar al IPEN. Significa que cada institución se concentre en lo suyo: una autoridad reguladora dedicada a regular y fiscalizar con independencia técnica, y otra dedicada a investigación y formación, producción y transferencia tecnológica. No se trata de dividir por dividir. Se trata de especializar para crecer.
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Existe además una realidad jurídica: la función reguladora está establecida por ley. Un decreto supremo puede reorganizar administrativamente una institución, pero una transformación institucional de esta magnitud requiere abordar el marco legal. Por eso, el diagnóstico de estos 120 días debería identificar también las reformas legales necesarias.
La lección de Oak Ridge
Hace pocos días visité Oak Ridge, en Tennessee.
Conviene recordar qué es Oak Ridge para Estados Unidos. Nació en 1942 como una ciudad secreta del Proyecto Manhattan. Su importancia fue unir en un mismo lugar la investigación y la producción: la ciencia desarrollada en universidades como Berkeley, Columbia y Chicago se llevó allí a escala industrial, en plantas operadas por empresas, para enriquecer el uranio de la bomba lanzada sobre Hiroshima en agosto de 1945. El arma se diseñó y ensambló en Los Álamos, pero su uranio salió de Oak Ridge.
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Lo notable, para un país de vocación nuclear exclusivamente pacífica como el Perú, es lo que Estados Unidos hizo después. En 1946, de un reactor de Oak Ridge salió el primer envío de radioisótopos para uso médico. La infraestructura creada para la guerra se convirtió en una plataforma de ciencia, energía e industria. Hoy alberga el mayor laboratorio de ciencia y energía del Departamento de Energía y es un polo de la nueva generación nuclear: allí se construye el reactor de demostración Hermes y se proyecta un reactor modular pequeño.

Sin embargo, la principal enseñanza de ese viaje no estuvo en el tamaño de sus instalaciones. Estuvo en ese modelo institucional, que sigue vigente.
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El Oak Ridge National Laboratory es gestionado por UT-Battelle, una organización constituida por la Universidad de Tennessee y Battelle Memorial Institute. Universidad y laboratorio comparten investigadores y centros de investigación. Estado, universidad y empresa trabajan alrededor de una infraestructura científica estratégica.
No se trata de copiar Oak Ridge. El Perú tiene otra escala y otras necesidades. Pero el principio sí puede trasladarse: la infraestructura científica pública multiplica su valor cuando se conecta con las universidades y con la empresa. Esa debería ser nuestra nueva visión para Huarangal.
De Huarangal a un parque científico-tecnológico
Huarangal no debería ser concebido únicamente como un centro de investigación. Debería evolucionar hacia un parque científico-tecnológico nacional orientado a la investigación, la innovación, la producción y la industrialización.
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Ya tenemos la base: el RP-10, laboratorios, producción de radioisótopos y décadas de conocimiento acumulado. Sobre ella podemos construir una plataforma que apoye a la agroexportación mediante irradiación de alimentos; amplíe nuestras capacidades en radiofármacos; desarrolle aplicaciones para minería e industria y convierta conocimiento científico en tecnología, productos y servicios.
Para conseguirlo necesitamos abrir Huarangal a las universidades y a la empresa privada, con reglas claras para desarrollar proyectos conjuntos, transferir tecnología y compartir resultados.
Las universidades tienen que entrar
Ningún programa nuclear puede construirse sin capital humano.
En noviembre de 2024, durante mi gestión, el IPEN y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos comenzaron a trabajar en la creación de una Escuela Profesional de Ingeniería Nuclear y una maestría en esta especialidad. Hoy San Marcos ya cuenta con esa escuela. Ese proceso debe fortalecerse, y la Universidad Nacional de Ingeniería podría desarrollar la suya.
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Huarangal podría ser el gran laboratorio compartido de este sistema: estudiantes realizando prácticas y tesis, investigadores desarrollando proyectos, especialistas del Estado transfiriendo conocimiento y empresas participando en investigación aplicada.
Formar especialistas toma años. Tenemos que comenzar antes de que llegue el primer reactor, no después.

Minerales críticos e industrialización
El Perú tiene oportunidades alrededor del litio, uranio y tierras raras. Pero nuestro objetivo no puede limitarse a extraer y exportar. Debemos construir conocimiento, procesamiento, tecnología y cadenas de valor.
Algunos yacimientos y procesos industriales pueden involucrar materiales radiactivos de origen natural —NORM—, lo que exige capacidades de protección radiológica, metrología y vigilancia ambiental.
Por eso, minerales críticos, energía nuclear e industrialización son componentes de una misma estrategia tecnológica.
120 días para tomar tres decisiones
La reorganización debería responder tres preguntas antes de concentrarse en el organigrama.
¿Quién regulará con independencia técnica una futura central nuclear? ¿Qué modelo institucional permitirá que Huarangal trabaje realmente con universidades y empresas? ¿Quién formará a los especialistas que ambas tareas requerirán?
Son preguntas de política de Estado, no de trámite.
La Ley 32560 abrió la puerta. Ahora debemos construir las instituciones capaces de atravesarla.
La reorganización no debería limitarse a decidir qué oficinas tendrá el próximo IPEN. Debería decidir cómo convertimos las capacidades nucleares que el Perú construyó durante décadas en energía, tecnología, industria y desarrollo para los próximos treinta años.

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