Los peruanos elegirán este domingo a autoridades municipales y regionales en una jornada que estará atravesada por un escenario de seguridad inusual. La campaña registró 38 amenazas contra candidatos, 11 ataques directos y dos asesinatos vinculados al proceso electoral, según datos del Ministerio Público, que calificó el período como uno de los más violentos de la historia reciente del país.
La Fiscalía dispuso el envío de 6.538 fiscales a puntos estratégicos de todo Perú para supervisar la votación, atender denuncias y documentar cualquier episodio de violencia. La orden busca asegurar que las intimidaciones y los hechos delictivos registrados durante la contienda tengan una respuesta inmediata de las autoridades.
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El despliegue incluye presencia en locales de votación, sedes electorales y zonas identificadas como sensibles por los organismos de seguridad. Los fiscales deberán registrar los incidentes que puedan afectar el desarrollo de los comicios, desde amenazas contra postulantes hasta eventuales intentos de alterar el orden durante la jornada.
La Fiscalía registró amenazas contra candidatos, familias y equipos de campaña
El Observatorio del Crimen del Ministerio Público contabilizó 38 amenazas y 11 ataques directos contra personas relacionadas con la campaña. El registro incluye advertencias de atentados contra candidatos, familiares y colaboradores, además de mensajes orientados a impedir que los postulantes continúen en competencia.
Las intimidaciones adquirieron distintas formas. Algunos aspirantes recibieron comunicaciones con amenazas de muerte, mientras que otros denunciaron presiones dirigidas a sus equipos de trabajo. También hubo reportes sobre acciones que buscaban alterar el proceso electoral en determinadas zonas del país.
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El Ministerio Público incorporó al recuento dos homicidios vinculados con la contienda. La cifra ubicó a estas elecciones entre los procesos con mayor cantidad de episodios violentos de los últimos años en Perú, donde la campaña local y regional quedó expuesta a la influencia de organizaciones criminales y redes de extorsión.
La Libertad concentró el mayor número de casos denunciados durante la campaña
La región de La Libertad reunió el 14,5% de las amenazas reportadas, la proporción más alta entre los distritos fiscales. El segundo lugar correspondió a Lima Este, con 8,7%, mientras que Loreto y Lambayeque registraron 7,2% cada una.
El norte peruano concentró parte de las denuncias vinculadas con la expansión de la criminalidad organizada. En esa zona, candidatos municipales y regionales advirtieron sobre presiones para abandonar sus postulaciones o modificar sus actividades de campaña ante el riesgo de represalias.
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La situación fue especialmente visible en Trujillo, donde 10 candidatos denunciaron amenazas de muerte. La ciudad atraviesa un contexto de violencia criminal que trasladó las disputas y mecanismos de intimidación al terreno electoral, con advertencias dirigidas contra aspirantes a cargos públicos y personas de sus entornos.
Las amenazas en Trujillo incluyeron mensajes de muerte y ataques simbólicos
Uno de los hechos denunciados ocurrió en un local partidario de Trujillo. Allí dejaron una cabeza de perro junto con un mensaje de amenaza dirigido al candidato y a quienes trabajaban con él. El episodio fue incorporado a las denuncias sobre presiones contra las campañas en La Libertad.
Otros postulantes informaron que recibieron mensajes en los que se les advertía que serían asesinados si mantenían sus candidaturas. Las denuncias reflejaron una modalidad de intimidación que no se limita a la persona que aspira al cargo, sino que alcanza a familiares, dirigentes partidarios, voluntarios y equipos de comunicación.
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La preocupación aumentó a medida que se acercó la fecha de votación. La Fiscalía busca que el despliegue de fiscales permita identificar a los responsables de cualquier hecho que altere la jornada, preservar las pruebas y activar investigaciones cuando existan indicios de delitos electorales, amenazas, extorsiones o ataques físicos.
El asesinato de China Polo quedó incorporado al recuento de violencia electoral
Uno de los casos bajo investigación es el asesinato de la candidata y comunicadora conocida como China Polo, ocurrido en Áncash. La causa sumó nuevos elementos tras la declaración de Ronald Toro, señalado como presunto financista del sicario que ejecutó el crimen.
Toro declaró ante la Fiscalía que no realizó las transferencias de dinero destinadas al atacante. Según su versión, su media hermana, Ángel Alexandra Toro, tenía acceso a sus cuentas y utilizaba la aplicación bancaria para concretar operaciones desde hacía tres meses.
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El investigado sostuvo que su hermana administraba esos recursos porque su situación migratoria irregular le impedía contar con cuentas bancarias propias. La declaración forma parte de las diligencias destinadas a determinar el origen del dinero, el recorrido de las transferencias y las responsabilidades por el asesinato.
La investigación sobre Ronald Toro continúa mientras se prepara la jornada electoral
Ante la Policía, Ronald Toro negó haber participado en el crimen de China Polo. Su situación procesal quedó ligada a una investigación que busca establecer si existió financiamiento para el ataque y si otras personas tuvieron intervención en la planificación o ejecución del homicidio.
El caso se produjo en los días previos a una elección bajo vigilancia especial de la Fiscalía. Las autoridades deberán atender las denuncias que surjan durante la votación y, al mismo tiempo, continuar con las investigaciones abiertas por los hechos registrados durante la campaña.
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La jornada electoral tendrá como desafío garantizar que los ciudadanos puedan votar sin amenazas y que los candidatos, sus equipos y sus familias cuenten con protección ante un contexto que ya dejó ataques, intimidaciones y dos asesinatos relacionados con la disputa por cargos municipales y regionales.
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