Gobierno declara estado de emergencia por 60 días en estas tres regiones de la costa peruana

El Gobierno declaró estado de emergencia por 60 días en Pisco y San Andrés, distritos de la provincia de Pisco, en Ica, ante la situación de criminalidad y otras formas de violencia. La disposición, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 132-2026-PCM y publicada el sábado 19 de septiembre, restringe temporalmente cuatro derechos constitucionales y extiende el mapa de medidas excepcionales en la costa peruana.

El decreto establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el marco legal para recibir apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). Durante la vigencia de la medida, quedan restringidos o suspendidos, conforme al numeral 1 del artículo 137 de la Constitución, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

Las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público requerirán una autorización previa de las autoridades competentes. El texto también remite al Decreto Legislativo N.° 1186, que regula el uso de la fuerza policial, y al Decreto Legislativo N.° 1095, referido a los principios, condiciones y límites para la intervención de las FF. AA.

Tumbes y La Libertad también quedan bajo restricciones

En paralelo, el Ejecutivo prorrogó por 60 días la emergencia en las provincias de Zarumilla y Tumbes, en la región Tumbes. El Decreto Supremo N.° 133-2026-PCM entrará en vigencia el 25 de septiembre y prolonga las disposiciones emitidas previamente en los Decretos Supremos N.° 045-2026-PCM y N.° 080-2026-PCM.

La prórroga también abarca las provincias de Trujillo, Virú y Chepén, en La Libertad, desde el 23 de septiembre, según el Decreto Supremo N.° 134-2026-PCM. Esas decisiones se suman a otra ampliación, por igual plazo, en distritos y centros poblados de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco, incluido el Eje Energético del Gas de Camisea y el Corredor Operacional Fluvial-Terrestre del Ene.

Estado de emergencia para Lima y Callao

Hace unas semanas, el Gobierno declaró en emergencia a Lima Metropolitana y a la provincia constitucional del Callao por 60 días para “hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia”.

La Policía Nacional determinará las zonas de intervención con información de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito. El dispositivo prevé el apoyo de las Fuerzas Armadas, aunque la policía conserva el control del orden interno.

Como ocurre en Pisco, San Andrés, Tumbes y La Libertad, la medida permite restringir la inviolabilidad del domicilio, el tránsito, las reuniones y la libertad y seguridad personales. Para actos religiosos, culturales, deportivos o no deportivos de asistencia masiva, los organizadores deberán pedir permiso. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana permanecerá en sesión permanente durante el periodo establecido por el decreto.

El Comando de Coordinación Operativa Unificada será presidido por el comandante general de la PNP. Además, un comité encabezado por la Dirección Nacional de Investigación Criminal realizará operativos contra trata de personas, drogas, armas y equipos móviles de dudosa procedencia.

El plan incorpora control penitenciario, vigilancia militar en cárceles, pruebas de polígrafo a personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) e imágenes satelitales de Conida. También ordena desmontar y destruir antenas de telecomunicación ilícitas en áreas identificadas por las autoridades.

En los establecimientos penitenciarios, el apagón eléctrico en las celdas permitirá únicamente iluminación exterior o general. Estas medidas se aplicarán durante la vigencia de la emergencia, conforme a las disposiciones operativas establecidas por el Ejecutivo para Lima Metropolitana y el Callao por el plazo fijado en la norma oficial publicada este viernes.