La Fiscalía investiga una presunta agresión sexual que involucra a ocho estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja durante el traslado de una actividad deportiva.
La investigación podría extenderse entre 120 y 140 días si los elementos reunidos permiten corroborar un acto de la gravedad que se indaga, según explicó el abogado penalista, Luis Lamas Puccio, quien también afirmó que el plazo de las diligencias dependerá de los resultados de los exámenes técnicos y de las declaraciones de los estudiantes involucrados.
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“Si es que hay evidencias y se llega a corroborar que efectivamente se ha tratado de un acto grave, como podría haber sido la violación, conforme está establecido en los parámetros médicos, una investigación de esta naturaleza podría durar entre 120 y 140 días. Dependerá también mucho cuál va a ser no solamente la verificación o la constatación, sino también el nivel de sinceramiento y de reconocimiento puede haber por parte de los menores para que esto evidentemente sea conducido dentro de los plazos”, afirmó en declaraciones a Latina.
El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzáles, confirmó que la Policía detuvo a ocho adolescentes involucrados, aunque evitó precisar la condición de cada uno y remitió esos detalles a las autoridades a cargo de las diligencias. La Dirección Regional de Educación activó el protocolo cuatro, referido a la convivencia en las instituciones educativas.
La Séptima Fiscalía de Familia de Lima acudió a la comisaría de San Borja e inició las actuaciones del caso. La indagación se desarrolla bajo reserva por tratarse de menores de edad, tanto por la protección de la presunta víctima como por los derechos de los estudiantes intervenidos.
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Colegio afirma que se trató de una “agresión física”
En un comunicado publicado el miércoles 16 de septiembre, la dirección del colegio describió el episodio ante los padres de familia y afirmó que se trató de un “grave hecho de presunta agresión física ocurrido recientemente entre estudiantes durante el traslado de una actividad deportiva programada, la institución ha actuado de manera inmediata”.
El documento señaló que el plantel realiza coordinaciones con los órganos competentes y que brindará facilidades para el esclarecimiento de los hechos. También afirmó que aplicará medidas disciplinarias si se establecen responsabilidades conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional.
“La violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa. De comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional. Asimismo, la institución viene adoptando medidas y realizando cambios orientados a fortalecer la disciplina, la convivencia y la seguridad de nuestros estudiantes con el propósito de prevenir y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar su integridad y bienestar”, indicó el comunicado
Gonzáles sostuvo que el Ministerio de Educación interviene sin distinguir si los alumnos pertenecen a un colegio estatal o privado. Al referirse al procedimiento activado para este caso, indicó: “Queremos esperar todavía las diligencias”.
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El examen médico legal definirá si hubo violación o tocamientos
Luis Lamas Puccio planteó que la primera diligencia debe determinar la naturaleza del hecho denunciado. El penalista explicó que una eventual violación requiere una constatación médico-legal que permita establecer si existió penetración o si se trató de tocamientos con relevancia penal.
Al describir la prueba que orientaría esa calificación, el abogado señaló: “La única manera de poder verificar en un primer momento es a través de lo que se pueda determinar mediante un examen médico legista”.
“Una cosa es lo que se está manifestando con cierta justificación y otra cosa es lo que tiene que constatarse, a ver si efectivamente bajo qué condiciones, en qué términos, cuáles habrían sido los niveles de participación de cada uno de los menores y poder reconstruir en alguna medida, sustentado en estos documentos técnico-periciales, para poder encuadrar el tema si se trató o no se trató efectivamente de un acto de violación o, de lo contrario, se habría tratado de actos de tocamiento sexual, que también tienen connotaciones de responsabilidad penal (...)”, afirmó a Latina.
La investigación también debe recoger las versiones de los menores y reconstruir las condiciones en que ocurrió el episodio, según el especialista. Ese proceso deberá establecer los niveles de participación individual y determinar si hubo autoría, coautoría, complicidad, instigación u omisión.
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Lamas Puccio sostuvo que, al tratarse de adolescentes, el caso no se tramitaría en el fuero penal ordinario. “Esto tiene que ser ventilado a través del Código del Niño y Adolescente y un juzgado de familia”, afirmó.
Fiscalía puede dictar medidas de protección y restricciones de libertad
El abogado indicó que las primeras medidas deben proteger a la presunta víctima, preservar la confidencialidad de los hechos y evitar la identificación de los menores. También señaló que, si se reúnen suficientes elementos de convicción, la ley permite solicitar la detención preventiva de los posibles autores.
Respecto de una eventual sanción, el penalista explicó que se debe evaluar la edad de los adolescentes, la gravedad de los hechos y la intervención atribuida a cada uno. Si se confirma una conducta grave, podrían imponerse restricciones de libertad en centros especializados de entre cuatro y seis años, según las características del caso.
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Línea 100 del MIMP ante casos de violencia de género y familiar
La Línea 100 es un servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dirigido a personas que enfrentan violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar o violencia sexual.
Este canal brinda orientación, contención emocional e información especializada de manera gratuita y confidencial. Puede ser utilizado por víctimas, familiares, vecinos, docentes, amistades o cualquier persona que conozca un caso de violencia y necesite saber cómo actuar.
Se puede llamar a la Línea 100 ante agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas, amenazas, acoso, control coercitivo, violencia dentro del hogar o situaciones de riesgo para niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores o integrantes del grupo familiar.
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