Crisis carcelaria: error de hasta 1.000 metros dejaría activos a más del 50% de celulares en penales de Perú, alerta estudio

Un nuevo estudio de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) advirtió que más del 50% de los celulares usados dentro de los penales de Perú podría seguir activo, aun si se aplican mecanismos de identificación y bloqueo.

El informe, presentado por el experto en telecomunicaciones y derecho digital Manuel Cipriano, cuestiona la capacidad de la geolocalización basada en redes para ubicar con certeza un equipo dentro de una cárcel: el margen de error, según expuso, puede llegar a 1.000 metros.

La estimación se apoya en una simulación con un error de 400 metros, tomada a partir de una referencia de Costa Rica. Con ese supuesto, el análisis calcula que 54% de los celulares dentro de los penales no sería detectado ni bloqueado.

A la vez, proyecta 62% de falsos positivos a 5 días, lo que implicaría que líneas de vecinos, trabajadores, comerciantes y transeúntes podrían ser suspendidas pese a no tener vínculo con actividades delictivas. “No se ha encontrado una tecnología 100% certera que permita bloquear únicamente los terminales dentro de un penal”, dijo.

Geolocalización imprecisa y bloqueos a usuarios ajenos al delito

El estudio alerta sobre un problema doble: el sistema podría no impedir que continúen las comunicaciones ilegales desde las cárceles y, al mismo tiempo, afectar el servicio de personas ajenas a esos delitos.

Cipriano señaló que la localización puede perder precisión por muros, interiores, condiciones de cobertura, teléfonos de baja gama y equipos que pueden ser manipulados. También citó dificultades para rastrear dispositivos satelitales o servicios cuya información se procesa fuera de Perú.

Afin sostiene que bloquear líneas a partir de una ubicación imprecisa puede convertir una medida contra la extorsión en una fuente de errores masivos.

Como alternativa, plantea priorizar el control del ingreso de celulares, chips, routers y otros dispositivos a los penales; realizar pruebas técnicas antes de aplicar bloqueos a gran escala; fijar límites máximos de error; y evitar la extensión de las restricciones a redes WiFi o internet fijo sin una evaluación previa de su impacto.

Operadoras deben cortar el servicio móvil y bloquear celulares en penales

Cipriano explica que el Decreto Supremo N.° 008-2025-MTC, que reglamenta el Decreto Legislativo N.° 1688, fijó obligaciones para las empresas operadoras ante comunicaciones ilegales originadas en penales y centros juveniles. Luego, la Resolución N.° 000139-2025-CD/OSIPTEL definió los criterios para detectar esos usos prohibidos.

A partir de ahí, las compañías debían mantener un monitoreo de estaciones con cobertura en cárceles, usar mecanismos de geolocalización para identificar líneas y terminales, y cortar el servicio o bloquear equipos cuando se determine que operan desde esos recintos.

La norma también obligaba a informar a OSIPTEL y al Ministerio de Justicia sobre cada corte, bloqueo, reactivación o desbloqueo dentro de las 24 horas, y a conservar los registros durante un mínimo de tres años.

Frente a este esquema, Cipriano cuestionó que se impongan a las operadoras funciones y desembolsos que, a su juicio, corresponden al Estado. “Las empresas de telecomunicaciones tienen un deber de colaboración, pero no pueden asumir la seguridad penitenciaria como función propia”, aseveró el experto.

Señaló que las normas elevaron de forma progresiva las exigencias sobre cortes de servicio, bloqueo de equipos y geolocalización, pero no lograron contener el crecimiento de las extorsiones y del crimen organizado. “Las medidas se han endurecido año tras año, pero no han logrado detener el auge de la inseguridad ciudadana”, relató.

En esta línea, sostuvo que el Estado debe dirigir y financiar la seguridad penitenciaria, mientras que las operadoras solo deberían colaborar con cortes, bloqueos e información cuando una autoridad lo disponga. “No podemos delegar a las empresas de telecomunicaciones una tarea asignada a la autoridad pública”, sentenció.

Sin control de acceso, el bloqueo de líneas queda expuesto

Carlo de los Santos, exjefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, propuso evaluar mecanismos como Obras por Impuestos para financiar soluciones tecnológicas contra las comunicaciones ilegales y la extorsión desde cárceles.

Señaló que las empresas de telecomunicaciones pueden aportar experiencia técnica y conocimiento sobre redes, pero consideró que esa participación debe darse mediante esquemas de colaboración y no a través de obligaciones que les trasladen el costo de la seguridad ciudadana.

“Necesitamos a los operadores, pero no desde el punto de vista de la obligación, sino para que nos apoyen con lo que saben de tecnología”, afirmó el experto.

El exfuncionario planteó que la estrategia debe enfocarse, además, en impedir el ingreso de celulares, chips, routers y otros dispositivos a los establecimientos penitenciarios.

Según sostuvo, los controles de acceso, la inteligencia y el fortalecimiento logístico de la Policía Nacional del Perú (PNP) deberían tener prioridad frente a medidas centradas solo en el bloqueo de comunicaciones. “Si no hay dispositivo, sencillamente no hay emisión”, señaló durante el taller.

El dato

• El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, en lo que va del año, realizó 28 mediciones para verificar el funcionamiento de bloqueadores de señal en establecimientos penitenciarios y 37 intervenciones para detectar antenas WiFi instaladas ilegalmente en sus alrededores.
• En febrero, el Gobierno creó la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que absorberá al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Pronacej y Pronapres para reforzar la gestión carcelaria y juvenil.