Casas de hasta tres pisos caen ante la maquinaria municipal en Puente Piedra: el distrito busca liberar un tramo vial de la Panamericana Norte

Los residentes cuestionaron el procedimiento y aseguraron que algunos contaban con títulos o documentos que respaldarían su posesión

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Una intervención con maquinaria pesada terminó con la demolición de viviendas y negocios ubicados en la zona de La Soledad, en Puente Piedra. El operativo tuvo como objetivo recuperar un área destinada a la construcción de una vía auxiliar de la Panamericana Norte. La municipalidad del distrito sostiene que los predios fueron levantados de manera irregular sobre espacios públicos.

De acuerdo con el programa Buenos días Perú de Panamericana TV, el despliegue se produjo en los alrededores del Parque del Recuerdo, donde fueron derribados muros, techos y edificaciones de hasta tres pisos. Las imágenes registraron el momento en que una residente rompió en llanto al observar cómo su inmueble era reducido a escombros por los equipos utilizados durante la intervención.

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La comuna informó que la medida busca liberar once lotes que ocupan aproximadamente 900 metros cuadrados. De acuerdo con la autoridad distrital, estos terrenos forman parte de una zona proyectada para permitir la ejecución de una vía auxiliar que contribuirá a mejorar la circulación vehicular en este tramo de la Panamericana Norte.

La autoridad distrital afirmó que los espacios públicos no pueden adquirirse mediante prescripción y defendió la ejecución de la medida cautelar de demolición - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
La autoridad distrital afirmó que los espacios públicos no pueden adquirirse mediante prescripción y defendió la ejecución de la medida cautelar de demolición - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Según explicó un representante municipal al citado medio, la operación corresponde a la ejecución de una medida cautelar de demolición. La autoridad afirmó que el espacio habría sido ocupado durante varios años sin documentación que acreditara legalmente la posesión. Asimismo, señaló que se trata de terrenos considerados de uso público y, por esa condición, no podrían ser adquiridos mediante prescripción.

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Durante el procedimiento también fueron afectados establecimientos comerciales que funcionaban en el sector. Entre las actividades desarrolladas en esos predios se encontraban lavaderos de vehículos. La presencia de maquinaria generó momentos de tensión entre los trabajadores, propietarios y residentes que permanecían en las inmediaciones mientras avanzaba el retiro de las estructuras.

Una de las vecinas cuestionó la forma en que se ejecutó la disposición. De acuerdo con su testimonio, contaba con un título de propiedad y recibió una resolución recién la noche anterior al operativo. La residente sostuvo que los equipos municipales llegaron durante las primeras horas de la mañana, sin que los ocupantes tuvieran suficiente tiempo para retirar sus pertenencias.

“Nos están botando. Tenemos título”, manifestó otra persona afectada mientras observaba el avance de las máquinas. Su reclamo se centró en la documentación que, según indicó, respaldaría la posesión del terreno. También cuestionó que la notificación haya sido entregada pocas horas antes de la intervención y reclamó por la imposibilidad de sacar todos sus objetos.

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La situación generó escenas de desesperación entre quienes permanecían en el lugar. Algunos residentes intentaron retirar sus bienes antes de que las estructuras fueran derribadas, mientras los equipos continuaban con los trabajos. Los afectados expresaron su rechazo a la intervención y pidieron que se revise la situación jurídica de los inmuebles involucrados.

Frente a los cuestionamientos, la Municipalidad de Puente Piedra defendió la ejecución de la medida y precisó que las áreas destinadas a la infraestructura vial se encuentran bajo su ámbito de gestión. La administración distrital remarcó que los espacios públicos no pueden ser apropiados mediante prescripción y que el procedimiento responde a la necesidad de recuperar terrenos previstos para una obra vial.

El operativo deja así enfrentadas dos posiciones: por un lado, la comuna afirma que recupera un espacio público ocupado de forma irregular; por otro, los residentes aseguran contar con documentos que acreditarían sus derechos sobre los predios. La controversia deberá determinarse a partir de la validez de la documentación presentada y de las resoluciones que sustentan la demolición.

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