La Diris Lima Sur firmó un contrato por S/ 6 millones: Fiscalía indaga pagos y disponibilidad de ecógrafos

La Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur suscribió en 2025 un contrato de S/ 6 millones para el alquiler de nueve ecógrafos por dos años, aunque varios de estos equipos funcionan solo parcialmente y el acuerdo se encuentra bajo investigación del Ministerio Público por presuntos pagos anticipados y un costo final que duplicaría el precio de compra.

Según la información disponible, los nueve ecógrafos debían entregarse en octubre de 2025. La entrega, sin embargo, se efectuó en enero del año siguiente y recién en febrero los equipos comenzaron a operar, pese a que los pagos mensuales, cercanos a S/ 250.000, ya se habrían iniciado desde octubre. Este desajuste temporal es uno de los puntos que alimenta la pesquisa fiscal sobre el contrato suscrito por la Diris Lima Sur con el consorcio Construyendo Salud.

Disponibilidad restringida y atención limitada

El aspecto que más afecta a los pacientes es la disponibilidad real de los equipos. En el centro de emergencia San Pedro de Chorrillos, el ecógrafo solo estaba operativo desde las 14:00, según el material difundido. En el Centro Materno Infantil Buenos Aires, la atención con ecografía se limitaba a lunes, miércoles y viernes, debido a la falta de personal capacitado para manejar el equipo.

Esta restricción en el uso de los aparatos compromete la realización de controles prenatales y la respuesta ante emergencias abdominales, así como los estudios iniciales para descartar tumores malignos. El acceso limitado a estos exámenes afecta a madres gestantes que requieren controles mensuales, pacientes con cólicos abdominales y asegurados que permanecen en lista de espera mientras los equipos permanecen apagados o trabajan solo parcialmente.

La Diris Lima Sur habría optado por el alquiler de los nueve ecógrafos a un monto mensual de casi S/ 250.000 durante dos años. Según estimaciones recogidas en la investigación, la compra de los mismos equipos habría significado un desembolso cercano a S/ 2,5 millones, cifra considerablemente menor al monto final del contrato de arrendamiento.

Pagos anticipados y retrasos en la entrega

El acuerdo con el consorcio Construyendo Salud contemplaba la entrega de los nueve ecógrafos en octubre de 2025, pero los equipos solo llegaron en enero y recién en febrero comenzaron a operar con regularidad. A pesar de este retraso en la puesta en funcionamiento, los pagos mensuales se habrían realizado desde la fecha original de entrega pactada, situación que ahora forma parte del expediente fiscal.

La investigación también se centra en el proceso de adjudicación del contrato. El consorcio beneficiado está conformado por una empresa constituida en 2024 con objeto social enfocado en construcción, que cambió de nombre y amplió su actividad a servicios de salud antes de obtener el acuerdo millonario con la administración pública.

Durante una visita oficial a uno de los centros de salud involucrados hace menos de dos semanas, el propio ministro de Salud constató que el ecógrafo estaba apagado mientras una trabajadora afirmaba que sí estaba operativo. El funcionario retrucó: “Ya, pero funciona o no funciona. Ah, porque tengo reportes que no está funcionando. No, sí, si el doctor también”.

Entre los denunciados figuran el director actual de la Diris Lima Sur y su exjefa, Karen Chumbile, quien postuló al Congreso con Alianza para el Progreso.

Impacto en la atención y denuncias previas

La discusión sobre el contrato trasciende el plano administrativo. La disponibilidad parcial de los ecógrafos limita la capacidad de diagnóstico y atención en los establecimientos de salud, especialmente para mujeres embarazadas, pacientes que requieren estudios por dolor abdominal y personas que necesitan exámenes para descartar patologías graves.

El material analizado vincula este caso con denuncias anteriores sobre equipos médicos averiados o fuera de servicio en hospitales públicos. Estas circunstancias han llevado a que pacientes sean derivados a centros médicos privados cercanos, donde, según se indica, algunos médicos del sistema público tendrían intereses como socios o propietarios.

El contrato de alquiler con el consorcio Construyendo Salud también plantea interrogantes sobre la gestión de recursos, ya que la opción de compra o de mantenimiento de equipos existentes habría representado un gasto menor y probablemente una mayor disponibilidad para los usuarios.

Preguntas abiertas sobre la gestión pública

El caso ha puesto en debate los criterios utilizados para la administración de recursos públicos en el sector salud, sobre todo por la diferencia entre el costo del arrendamiento y el valor de compra de los equipos. La decisión de alquilar, en lugar de adquirir o reparar los ecógrafos existentes, ha sido cuestionada por el impacto negativo en la atención diaria y por las irregularidades detectadas en el proceso de pagos y entrega.

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación, que incluye la revisión de los términos del contrato, la trazabilidad de los pagos y el análisis de los antecedentes de las empresas involucradas. La expectativa es determinar si existió direccionamiento o favorecimiento indebido en la adjudicación y esclarecer por qué se priorizó un modelo de arrendamiento que resultó más costoso para el Estado.

Mientras tanto, los usuarios del sistema público de salud en el sur de Lima siguen enfrentando restricciones para acceder a exámenes de ecografía, lo que prolonga las listas de espera y limita el alcance de los controles preventivos en los centros de atención primaria.