Una familia de mecánicos de Villa El Salvador cerró temporalmente su taller por temor a un nuevo ataque, luego de que un sujeto encapuchado disparara cuatro veces contra su vivienda y el negocio ubicado en el sector 6 del distrito. El hecho ocurrió durante la madrugada y quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble. Tras el atentado, los afectados recibieron mensajes en los que les exigían S/30 mil a cambio de permitirles continuar con sus actividades.
Las imágenes captaron al desconocido cuando se aproximó al predio con el rostro cubierto. Según relató uno de los residentes, la primera detonación estuvo dirigida hacia una cámara de vigilancia. Después, el individuo avanzó algunos metros y accionó nuevamente su arma contra la ventana de la habitación ocupada por su hermano, quien es propietario del establecimiento.
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El tercer proyectil impactó contra un vehículo estacionado frente al local. La bala atravesó ambas lunas y llegó hasta el portón de acceso. Finalmente, el agresor realizó una cuarta detonación cuando uno de los moradores se asomó desde el balcón. La familia todavía no determina si aquella acción estuvo dirigida contra la persona o contra otro dispositivo de seguridad.

Tras la agresión, uno de los afectados salió en persecución del atacante. No consiguió alcanzarlo, pero halló una casaca abandonada a varios metros del inmueble. Dentro de la prenda encontraron unas llaves, objeto que fue puesto a disposición de las autoridades para establecer si puede aportar información sobre la identidad del responsable.
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Los propietarios señalaron que se dedican a la reparación de vehículos desde hace siete años. De acuerdo con su testimonio, después del atentado comenzaron a llegar mensajes intimidatorios atribuidos a la organización conocida como Los Gallegos. En uno de ellos, los autores dieron un plazo de 12 horas para entregar S/30 mil y advirtieron que tenían identificados a los integrantes del núcleo familiar.
Este episodio guarda similitud con una denuncia presentada en septiembre del año pasado. En aquella oportunidad, los afectados también reportaron amenazas bajo una modalidad semejante y solicitaron apoyo a agentes de investigación policial de Surco. Como resultado de las diligencias, según su versión, se logró ubicar y detener a los presuntos implicados.
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Pese a aquella intervención, los denunciantes cuestionan que los sospechosos hayan recuperado su libertad tras permanecer nueve meses bajo prisión preventiva. La familia sostiene que existían elementos que los vinculaban con las intimidaciones recibidas durante ese periodo.
Ahora, los propietarios prefieren mantener las puertas cerradas y suspender sus labores hasta contar con mayores garantías de seguridad. La decisión representa un duro golpe para quienes dependen económicamente del negocio, pero aseguran que no están dispuestos a exponerse a una nueva agresión.
Ante esta situación, uno de los afectados solicitó ayuda al general Revoredo, a quien reconoció por el respaldo brindado durante la investigación anterior. Mientras avanzan las diligencias para determinar quién ejecutó los disparos y si existe una conexión con las recientes exigencias económicas, los residentes permanecen en alerta ante la posibilidad de otro ataque.
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