Una nueva filtración de información vinculada con organismos de inteligencia y seguridad del Estado peruano puso bajo atención la exposición de datos reservados en Telegram. El material difundido por Punto Final incluye registros sobre operaciones policiales, herramientas utilizadas por agentes y datos personales asociados con ciudadanos venezolanos residentes en el país.
La información apareció en junio de 2026 en un grupo abierto de Telegram. La publicación fue atribuida al ciberdelincuente que utiliza el alias Inkaroot, quien antes se atribuyó accesos indebidos a entidades públicas. Entre los archivos compartidos figuran capturas de sistemas vinculados con la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN).
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El material también incluye una base de datos que, según la publicación del atacante, correspondería a sistemas de monitoreo de inteligencia migratoria. La muestra revisada contiene información personal de miles de personas, entre ellas ciudadanos con condición de refugiado, personas con calidad humanitaria y menores de edad.
La exposición incluye además información relacionada con vuelos de drones policiales, registros de operativos y datos sobre agentes y equipos. La Policía Nacional del Perú no respondió a las solicitudes de entrevista realizadas para conocer su posición sobre el contenido de la filtración.
Información de inteligencia aparece en Telegram
Las capturas difundidas muestran elementos de un sistema geoespacial atribuido a la DIRIN. El contenido incluye mapas sobre incidencia delictiva, ubicaciones asociadas con organizaciones criminales investigadas y reportes relacionados con atentados extorsivos.
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Los registros observados corresponden a periodos comprendidos entre fines de 2024 y octubre de 2025. También aparecen datos sobre operativos de vigilancia, reconocimiento y seguimiento, con referencias a códigos, equipos, unidades de apoyo, fechas y horas.
Otra parte de los archivos está relacionada con el uso de drones. Según el material difundido por el dominical, los registros incluyen datos del piloto o agente, coordenadas, características del operativo, marca, modelo y número de serie de los equipos. En determinados casos también figuran datos sobre altura y duración de los sobrevuelos.
Ciberdelincuente atribuye los accesos a sistemas policiales

Inkaroot sostuvo que consiguió acceder a sistemas de la DIRIN y afirmó que algunos de ellos presentaban deficiencias de seguridad. De acuerdo con sus declaraciones recogidas en la investigación, un acceso previo le permitió desplazarse hacia otros sistemas considerados críticos.
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El propio ciberdelincuente situó un primer acceso indebido en enero de 2025 y otro en febrero de 2026. También sostuvo que parte de la información fue difundida en septiembre de 2025 bajo el nombre de DIRIN Leaks.
Respecto de la información sobre organizaciones criminales, Inkaroot afirmó que dispone de datos más sensibles que todavía no fueron publicados. Entre ellos mencionó ubicaciones exactas de bandas criminales y asentamientos terroristas.
La versión del atacante no coincide con información atribuida a fuentes policiales consultadas para la investigación. Estas fuentes sostuvieron que durante 2026 no se produjeron nuevos hackeos contra la DIRIN.
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Base de datos contiene información de población venezolana
Uno de los archivos difundidos corresponde a una supuesta base de datos de ciudadanos venezolanos registrados en Perú. La publicación atribuye al conjunto una cantidad de un millón y medio de registros, con información sobre direcciones, coordenadas GPS, teléfonos, correos electrónicos, estado migratorio e historial.
La revisión de una muestra de ocho mil registros permitió identificar información personal de personas con diferentes condiciones migratorias. Entre los datos aparecen 31 personas con condición de refugiado, más de 400 con calidad humanitaria y cientos de menores de edad.
El origen exacto de esta base no quedó establecido. Aunque la publicación la vinculó con sistemas de inteligencia, por sus características también surgió la posibilidad de una relación con la Superintendencia Nacional de Migraciones. El ciberdelincuente sostuvo que accedió a información de Migraciones mediante una conexión con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
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Migraciones no ofreció declaraciones sobre el caso. Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros señaló que la información involucrada tenía carácter secreto y negó intrusiones en sus sistemas durante 2026.
Expertos advierten sobre la protección de personas bajo protección internacional

Geraldine Chávez, experta en derecho internacional de la PUCP, explicó que las personas que requieren protección internacional abandonan sus países debido a riesgos para su vida, libertad o integridad.
La especialista señaló que el Estado peruano debe garantizar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. En relación con quienes cuentan con protección internacional, destacó la necesidad de preservar la confidencialidad de sus datos debido a las circunstancias que motivaron su salida del país de origen.
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“Para poder realmente tener protección en ese otro tercer estado, necesita que haya una confidencialidad respecto a esos datos, porque se entiende hay un estado persecutor”, sostuvo Chávez.
Filtraciones también alcanzan información de seguridad
La difusión del material ocurre en un contexto en el que los datos de entidades públicas peruanas circulan dentro de espacios de Telegram vinculados con actividades ilícitas. En estos grupos también se ofrecen servicios de doxeo, modalidad que consiste en obtener y divulgar información personal.
Según la información recogida en la investigación, estos servicios pueden incluir fichas del Reniec, antecedentes, datos laborales, información crediticia y registros bancarios. La dinámica opera mediante grupos abiertos y ofertas de acceso a distintos tipos de datos personales.
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La Policía Nacional del Perú no respondió las solicitudes de entrevista vinculadas con la filtración. El material difundido continúa asociado a publicaciones realizadas en Telegram desde junio de 2026.
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