La Policía aún puede detener a Vladimir Cerrón: Líder de Perú Libre cuenta con orden de captura por otro caso

La Policía Nacional del Perú aún podría, si quisiera, detener al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Ello a pesar de que el Poder Judicial ya haya revocado la prisión preventiva en su contra por orden del Tribunal Constitucional.

Y es que Cerrón registraba dos órdenes de captura: Una derivada de la prisión preventiva que se le impuso en el proceso por organización criminal y lavado de activos; y otra por no haberse presentado al juicio oral por presunta colusión agravada.

La primera orden de captura quedó sin efecto por decisión del juez de investigación preparatoria nacional Leodan Cristóbal Ayala, quien varió la prisión preventiva por comparecencia con restricciones.

La segunda orden de captura se mantiene vigente, debido a que Cerrón no se presentó a la instalación del juicio oral por presuntos actos de corrupción en el proyecto “Mejoramiento de la carretera Chupuro – Vista Alegre – Chicche – Chongos Alto – Huasicancha, provincia de Huancayo, departamento de Junín”. Esto estaba previsto para marzo de 2024, mes en el que el exgobernador regional ya se encontraba en la clandestinidad.

Justamente, en mayo de este año, el Juzgado Penal Unipersonal a cargo de juzgamiento renovó la orden de captura contra Vladimir Cerrón, de acuerdo a una resolución difundida por El Comercio y a la que también accedió Infobae. Esta debe renovarse cada seis meses, por lo que caducara en noviembre de este año, a menos que Cerrón se presente al juicio oral. En ese escenario, el magistrado levantara declaratoria de contumacia y dejará sin efecto la orden de captura.

El otro escenario es que la Policía capture a Cerrón y lo ponga a disposición del Poder Judicial.

Los hechos

Según el auto de enjuiciamiento al que accedió Infobae, el líder de Perú Libre, en su condición de gobernador regional de Junín, se concertó con los representantes legales del Consorcio Mybranyan para defraudar al Estado en la ejecución del proyecto de “Mejoramiento de la carretera Chupuro – Vista Alegre – Chicche – Chongos Alto – Huasicancha, en la provincia de Huancayo, departamento de Junín".

Las conductas imputadas a Vladimir Cerrón incluyen el incumplimiento de los requisitos de la normativa que regula las asociaciones público-privadas, el apartamiento de las condiciones fijadas en las bases del proceso de promoción y en el contrato de concesión, así como la inclusión de metrados e importes en exceso en las valorizaciones de obra. El perjuicio económico real y efectivo causado al Estado, según la acusación fiscal, asciende a 2.680.241 soles.

El Ministerio Público exige para Cerrón Rojas una pena de 9 años de pena privativa de libertad, 9 años de inhabilitación y 365 días-multa. La reparación civil exigida por la Procuraduría Anticorrupción asciende a 2,6 millones de soles.

Reglas de conducta

Según la resolución del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Vladimir Cerrón deberá cumplir seis reglas de conducta durante un año, 11 meses y siete días de comparecencia con restricciones. Entre las principales obligaciones figuran no ausentarse de su domicilio sin autorización judicial, la prohibición de salir del país y la asistencia obligatoria a todas las citaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial.

Además, Cerrón tendrá que presentarse cada 30 días ante la Fiscalía para firmar el cuaderno de control presencial y entregar mensualmente un informe con sus actividades diarias más relevantes. El juzgado también elevó la caución económica a 30.000 soles El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones faculta al juzgado a revocar la medida y dictar una de mayor severidad.