Shock de reformas

El mensaje presidencial del 28 de julio dejó una agenda amplia de anuncios. Mientras algunos —como el incremento del salario mínimo o la propuesta de duplicar Pensión 65— requieren una evaluación técnica rigurosa, otros representan una oportunidad para impulsar reformas estructurales que el Perú viene postergando desde hace demasiado tiempo. El pedido de facultades legislativas va precisamente en esa dirección.

El Perú lleva muchos años creciendo por debajo de su potencial. La pobreza aún no retorna a niveles prepandemia, la informalidad laboral supera el 70% y la inversión privada continúa enfrentando obstáculos que limitan su capacidad para generar empleo y bienestar.

Las materias incluidas en la solicitud apuntan, en términos generales, en la dirección correcta. Combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado es hoy una condición indispensable para recuperar la confianza y la inversión. Ningún empresario invierte donde predominan la extorsión, la violencia o la incertidumbre. Del mismo modo, simplificar trámites, reducir sobrecostos regulatorios, fortalecer las asociaciones público-privadas, modernizar la gestión pública y promover inversiones constituyen reformas indispensables para elevar la competitividad de la economía peruana y mejorar la calidad de los servicios públicos.

No es casualidad que el Perú haya retrocedido del puesto 35 (de 55 economías) en el World Competitiveness Ranking del IMD en 2008 al puesto 60 (de 70 economías) en 2026. Recuperar competitividad exige mucho más que estabilidad macroeconómica; requiere un Estado que facilite, y no obstaculice, la actividad económica. Basta observar lo que ocurre en minería: según el Instituto Peruano de Economía (IPE), un proyecto puede tardar hasta 40 años desde la exploración hasta la producción, y alrededor del 40% de ese tiempo se consume en permisos y trámites administrativos. El promedio mundial es de 28 años. Ese sobrecosto burocrático termina traduciéndose en menos inversión, menos empleo y menos oportunidades para los peruanos.

El mercado laboral constituye quizás el mejor ejemplo de la urgencia de las reformas. Más de siete de cada diez trabajadores permanecen en la informalidad. Después de más de dos décadas de un marco laboral prácticamente inalterado, el resultado sigue siendo el mismo: la mayoría de peruanos continúa al margen de la formalidad. Si ese es el resultado de la legislación vigente, cabe preguntarse si el verdadero riesgo está en reformarlo o en seguir haciendo lo mismo.

Sin embargo, cada vez que se plantea revisar algunas de sus rigideces aparecen las mismas resistencias. No debería sorprender. Un verdadero shock laboral supone modificar reglas que algunos prefieren mantener intactas. Pero preservar el statu quo equivale a aceptar que millones de trabajadores continúen excluidos de la seguridad social, la capacitación, la protección frente al desempleo y mejores oportunidades de desarrollo. La discusión no debería ser si reformar o no el mercado laboral, sino cómo hacerlo para que más peruanos puedan acceder a la formalidad sin renunciar a derechos laborales fundamentales.

Ello no significa respaldar todas las medidas anunciadas. El incremento del salario mínimo y la propuesta de duplicar Pensión 65 persiguen objetivos socialmente legítimos, pero precisamente por ello deberían sustentarse en evidencia técnica y no únicamente en decisiones políticas. En el caso del salario mínimo, es clave consideran la productividad, la cual se mantiene estancada por años, según el Banco Central de Reserva del Perú. En un mercado donde más del 70% de los trabajadores permanece en la informalidad, incrementar los costos laborales puede terminar dificultando la contratación formal, especialmente entre las micro y pequeñas empresas, que concentran buena parte del empleo nacional.

Algo similar ocurre con el gasto social. Fortalecer la protección de la población más vulnerable constituye una obligación del Estado. Sin embargo, ampliar gastos permanentes exige identificar fuentes permanentes de financiamiento. De lo contrario, se seguirá debilitando una situación fiscal que ya viene mostrando señales de deterioro y crecientes presiones sobre el presupuesto público.

El éxito de este Gobierno no dependerá de la cantidad de anuncios que formule, sino de la calidad de las reformas que sea capaz de ejecutar. Si el Perú necesita un shock, no es uno de promesas, sino un shock de reformas: uno que fortalezca la seguridad, reduzca la burocracia, recupere la inversión, modernice el mercado laboral y siente las bases para un crecimiento más competitivo, sostenible e inclusivo.