
Este lunes, el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) elevó su pronóstico del Fenómeno El Niño Costero de moderado a fuerte, con una probabilidad del 48% de que alcance esa intensidad en el verano 2026-2027, lo que supone lluvias intensas, huaicos e inundaciones. Frente a esos escenarios, quiénes presentan mayores riesgos son las familias que habitan en viviendas de baja calidad, lo cual está asociado a si su proceso de construcción es formal o informal. Según estimaciones del IPE, al cierre de 2025 el 61.7% de las viviendas en ciudades del Perú eran informales, es decir, construidas sin título de propiedad ni garantías estructurales básicas. Esto representa más de 4.1 millones de hogares a nivel nacional, lo que termina afectando a más de 14 millones de personas.

La alta vulnerabilidad de las viviendas informales frente a desastres se explica, en parte, por la escasa supervisión técnica durante su construcción. A 2024, apenas el 13.8% de las viviendas informales fue levantado con asistencia de un ingeniero o arquitecto, y solo el 16.2% contó con licencia municipal. El resultado son viviendas construidas con materiales frágiles, cimientos inadecuados y estructuras que no responden a normas sismorresistentes.
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La informalidad habitacional no solo afecta la resistencia estructural, sino también condiciona el acceso a servicios esenciales. La vivienda informal promedio en el país acumula, desde su construcción, 12.6 años sin conexión a electricidad, 11.4 años sin agua potable y 11.1 años sin desagüe.
Piura: expansión de viviendas informales sin acceso a servicios básicos
Piura es un territorio sísmicamente activo, donde el INGEMMET ha identificado cerca de 40 zonas en riesgo de deslizamientos y derrumbes en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Sullana, Paita y Talara. Pese a ello, al cierre de 2025, el 66.4% de las viviendas de la región eran informales, por encima del promedio nacional (61.7%). Eso equivale a más de 227 mil viviendas, dentro de las cuales habitan 854 mil personas, según estimaciones del IPE. Además, en los últimos 18 años, el 78.3% de todas las viviendas nuevas construidas en la región surgieron de manera informal, mayor al promedio nacional (65.9%).
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La calidad estructural de estas viviendas es deficiente y afecta el acceso a servicios básicos. El 89.9% de las viviendas informales en Piura tiene pisos vulnerables, el 84.3% presenta techos con materiales precarios como calamina o fibra de cemento, y el 38.5% cuenta con paredes inadecuadas, todos superiores al promedio nacional. Asimismo, las viviendas informales de Piura reciben agua solo 5.4 horas al día en promedio, muy por debajo del nivel nacional promedio de 16.6 horas al día.

A esto se añade una brecha habitacional que no ha sido cubierta por la construcción formal. En Piura se construyen apenas 1,325 viviendas formales al año en promedio, frente a una demanda estimada de 5,674 nuevos hogares anuales. Para cerrar el déficit en los próximos diez años, la producción formal tendría que casi quintuplicarse. Mientras eso no ocurra, miles de familias seguirán optando por la única alternativa disponible: construir de manera informal, sin planos, sin supervisión y, con frecuencia, en zonas de riesgo.
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Recomendaciones
Las elecciones regionales y municipales de octubre se presentan como una oportunidad para exigir a los candidatos propuestas clave. Por un lado, contener la expansión urbana informal mediante una planificación territorial efectiva y una fiscalización más activa de las construcciones. Por otro, acelerar la oferta de vivienda formal y social a través de incentivos, simplificación de licencias y mecanismos como Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público-Privadas (APP). Sin estas medidas, la población de Piura seguirá igual de expuesta ante un sismo de mayor magnitud o algún otro desastre natural.
Elaborado por Gonzalo Manrique, economista senior del IPE, con colaboración de Matias Buendia.
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