La zona este de Lima fue escenario de la reciente desarticulación de una red de corrupción policial que montaba operativos de tránsito simulados para exigir pagos ilícitos a conductores, según reveló un informe de América TV.
La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Anticorrupción llevaron a cabo un operativo de contrainteligencia que culminó con el arresto de diez efectivos involucrados en un esquema de cobro de coimas en la vía pública.
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La investigación permitió identificar como presunto cabecilla de la red al comandante PNP José Humberto Velásquez Céspedes, titular de la comisaría de Ate Vitarte. Junto a un alférez de la sección de patrullaje y ocho suboficiales, el grupo utilizaba uniformes y recursos de la Policía para realizar supuestos controles de tránsito en la Carretera Central, frente al mercado Yuli.
A pesar de no pertenecer formalmente a la división de tránsito, los agentes empleaban chalecos refractarios y varas de control para simular legitimidad en sus intervenciones.
Según detalló el fiscal anticorrupción Dacio Felles, el esquema establecía un tarifario interno: cada suboficial debía entregar una cuota fija de 20 soles por hora al comisario. El dinero era recolectado por el alférez Diego García.
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El resto de las sumas obtenidas quedaba en poder de los subalternos, quienes realizaban depósitos diarios al comandante. Las cifras oscilaban entre 80, 500, 530 y 800 soles, según los registros analizados por la Fiscalía. Uno de los testigos decláró a la fiscalía que uno de los suboficiales involucrados le dijo: “Déjame 500 soles”.
Extorsión sistemática
La red manejaba tres mecanismos para la captación de dinero de los conductores: cobro en efectivo directo, entrega de dinero oculto bajo la tablilla de infracciones o el envío de las víctimas a agentes bancarios cercanos si no portaban efectivo, mientras retenían los vehículos durante lapsos de hasta 40 minutos.
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En algunos casos, como el del furgón naranja intervenido el 17 de abril de 2026, se exigieron montos entre 300 y 500 soles para evitar sanciones por documentación vencida o irregularidades técnicas.
Uno de los elementos clave de la investigación fueron las conversaciones de WhatsApp del comandante Velásquez, que evidenciaron la filtración de información confidencial proveniente de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR).
Un mensaje fechado el 7 de abril alertó al jefe policial sobre un inminente operativo de control interno en la entrada de Huachipa, lo que motivó que el comandante ordenara la suspensión inmediata de los controles ilegales para evadir una posible intervención de las autoridades.
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Injerencia y control
El caso expone la existencia de una estructura jerárquica organizada dentro de la propia PNP para la recaudación y distribución de las coimas. El comisario de Ate Vitarte mantenía el control de las operaciones a través de depósitos diarios y comunicaciones directas con sus subalternos, como lo evidencian los documentos y mensajes analizados por la fiscalía.
Además, la filtración de datos desde la DIRCOCOR permitió a los implicados anticipar y evitar acciones de control institucional, lo que dificultó la labor de las entidades fiscalizadoras.
De acuerdo con América TV, la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y los equipos de inspectoría policial resultó en la detención de los agentes involucrados, quienes enfrentan cargos por extorsión, usurpación de funciones y corrupción de funcionarios. La zona este de Lima permanece bajo observación, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar si existen ramificaciones adicionales de esta red delictiva dentro de otras jurisdicciones policiales.
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