El costo millonario detrás del pedido de nulidad de Juntos por el Perú sobre más de dos mil mesas de sufragio

El proceso electoral peruano de 2026 sumó un nuevo capítulo de tensión tras la decisión de Juntos por el Perú de solicitar la anulación de un número sustancial de mesas de sufragio. La agrupación presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un recurso para invalidar 1.751 mesas de la segunda vuelta, argumentando la existencia de presuntas irregularidades y una supuesta manipulación de actas que favorecería a Fuerza Popular en los departamentos de Lima, Lambayeque, Amazonas y Áncash. Según el documento, la organización política identificó patrones repetitivos de votación en beneficio de su competidor directo en estos distritos.

Juntos por el Perú sostiene que detectó “indicios graves, concordantes y sistemáticos” de irregularidades, y que en algunos locales de votación se habría producido una repetición idéntica de resultados, una señal que consideran anómala en el contexto de un proceso electoral. El recurso apunta a dejar sin efecto resultados en varias regiones clave para el desenlace nacional.

Ampliación del conflicto: el alcance de las impugnaciones

Las cifras del reclamo se ampliaron tras declaraciones de Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, quien sostuvo que, sumando cerca de 600 mesas ubicadas en el extranjero, el total de actas impugnadas podría alcanzar las 2.300. Dyer también señaló que aún permanecen pendientes 1.623 actas observadas, las cuales el sistema mantiene en revisión a la espera de una resolución por parte de los órganos electorales.

El pedido de nulidad, según la documentación remitida al JEE y al JNE, se concentra en mesas de sufragio específicas dentro de los departamentos mencionados. El objetivo es que los organismos electorales revisen la validez de los resultados y, en caso de hallarse irregularidades, declaren la nulidad de los votos emitidos en dichas mesas.

El impacto económico de las impugnaciones

La presentación del recurso de nulidad tiene un componente económico relevante. El tarifario oficial del Jurado Nacional de Elecciones establece que solicitar la nulidad de una mesa de sufragio implica el pago de S/ 1.337,50 por cada mesa. Dado que el recurso busca invalidar un total de 2.351 mesas (1.751 en territorio nacional y 600 en Estados Unidos), la suma total asciende a una cifra millonaria.

El cálculo detallado es el siguiente:

• Mesas de sufragio en territorio nacional: 1.751
• Mesas de sufragio en Estados Unidos: 600
• Total de mesas de sufragio impugnadas: 2.351
• Tasa por cada mesa impugnada: S/ 1.337,50
• Monto total a pagar: S/ 3.144.412,50

La magnitud de la cifra evidencia el peso financiero que asume una organización política al intentar impugnar resultados en una cantidad significativa de mesas. Este gasto debe ser cubierto en su totalidad antes de que el organismo electoral inicie el trámite de revisión de nulidad. Los detalles actualizados y el tarifario completo pueden consultarse en el portal oficial del Jurado Nacional de Elecciones.

Revisiones adicionales y respuestas políticas

Además de la impugnación de mesas, Juntos por el Perú solicitó una revisión de los modelos matemáticos utilizados por las empresas encuestadoras para el conteo rápido de votos. El documento fuente no especifica ante qué instancia se formuló esta demanda, pero la agrupación sostiene que dichos modelos podrían haber influido en la percepción pública y en la cobertura mediática de los resultados preliminares.

Consultado sobre la posibilidad de aceptar un resultado adverso una vez concluya el conteo oficial, el congresista Jaime Quito, integrante de la Bancada Socialista, declaró que no consideran probable un desenlace desfavorable para su partido. Estas declaraciones reflejan la convicción interna de la agrupación sobre la validez de sus reclamos y el impacto potencial en el resultado electoral.

En el ámbito parlamentario, la posición de Juntos por el Perú generó respuestas inmediatas. El legislador Alejandro Cavero, de la bancada de Avanza País, exhortó a todas las fuerzas políticas a respetar los canales democráticos, recordando que hasta el momento no existe un ganador oficialmente proclamado por las autoridades electorales. Por su parte, el congresista no agrupado Edwar Málaga consideró contradictorio el reclamo de la izquierda con respecto a las denuncias previamente realizadas por agrupaciones de derecha.

Argumentos de Fuerza Popular y situación de las actas

En una conferencia de prensa, Luis Dyer analizó el efecto de los recursos presentados por su rival político. Destacó que muchas de las actas impugnadas cuentan con la firma de los personeros de Juntos por el Perú, e incluso algunas reflejan victorias de esa misma agrupación. Según su evaluación, este hecho pone en entredicho la validez del reclamo generalizado sobre presuntas irregularidades.

Dyer detalló, además, que Fuerza Popular ha recuperado 82.000 actas y lleva adelante un escrutinio independiente con base en datos oficiales verificados. Remarcó que los conteos rápidos difundidos el día de la elección presentaban un margen de error de 1,9% y una muestra representativa del 1,2% del total de mesas, por lo que pidió a la ciudadanía mantener la calma mientras se resuelven las observaciones pendientes.