La Libertad: Las denuncias por minería ilegal por cada cien mil habitantes triplicaron el promedio nacional en 2025

La minería ilegal se ha consolidado como la principal economía ilícita en el Perú. Según estimaciones del IPE, en 2025 las exportaciones de oro ilegal superaron los US$ 11,500 millones, un monto 6.5 veces mayor que hace una década y casi equivalente al valor del oro legal exportado. Este fenómeno se intensificó en un contexto de precios altos: a junio de 2026, el precio del oro se ubica alrededor de US$ 4,500 por onza, el triple que a inicios de 2019 (US$ 1,300). Como resultado, la inseguridad se elevó en todo el país y en particular en La Libertad, una región con gran presencia de minería ilegal.

Pese al mayor presupuesto, la minería ilegal no para

En los últimos años, la respuesta del Estado frente a la minería ilegal ha sido insuficiente. Las denuncias por minería ilegal registradas en el Ministerio del Interior se triplicaron de 813 a 2,605 entre 2020 y 2025. Pese a ello, el presupuesto nacional destinado a la lucha contra esta actividad creció apenas 4%, ajustando por inflación, entre el 2019 y 2025.

La expansión de la minería ilegal coincide con un deterioro en los indicadores de seguridad. A mayo de 2026, la tasa de homicidios ascendió a 6.2 por cada cien mil habitantes, casi el doble del registrado en 2019 (3.3). Además, seis de los diez distritos con la mayor tasa de homicidios del país tienen presencia de minería ilegal, entre ellos Pataz, en La Libertad, con 166 homicidios por cada cien mil habitantes.

Aumento sostenido de la criminalidad en La Libertad

En 2025, La Libertad registró 415 denuncias por minería ilegal según el Ministerio del Interior, una tasa de 19.2 por cada cien mil habitantes que casi triplica el promedio nacional (7.6). En línea con ello, la seguridad se deterioró: la tasa de homicidios pasó de 6.6 a 12.5 por cada cien mil habitantes entre 2019 y 2025, el doble del promedio nacional (6.6).

Sin embargo, el Reinfo, mecanismo transitorio de formalización, limita la capacidad del Estado para combatir la minería ilegal, ya que otorga protección penal a sus inscritos aun cuando operen en zonas restringidas o incumplan sus compromisos ambientales. En La Libertad, el 15.4% de los aproximadamente 3 mil inscritos figura como suspendido por incumplimiento. Además, se registra una superposición entre inscritos activos y cultivos de coca identificados por Devida, lo que refleja la convergencia de rutas, insumos y estructuras logísticas entre la minería ilegal y el narcotráfico.

Recomendaciones

Las elecciones abren una oportunidad para exigir a los candidatos una estrategia integral para combatir la minería ilegal. Para ello, el IPE identificó siete ejes de acción: (i) formalización con plazos estrictos; (ii) trazabilidad del oro; (iii) interdicción y fiscalización permanentes; (iv) desarrollo alternativo; (v) coordinación interinstitucional; (vi) cooperación transfronteriza; y (vii) presencia sostenida del Estado en territorios afectados.

Fuerza Popular cubre seis de estos ejes en su plan de gobierno. Juntos por el Perú, en su programa de segunda vuelta, aborda solo trazabilidad. No obstante, ninguno propone la eliminación del Reinfo. Así, el debate debe centrarse en lo que La Libertad requiere: plazos efectivos e improrrogables para la formalización, trazabilidad del mineral, coordinación entre instituciones, y presencia permanente del Estado en los corredores mineros de Pataz y Santiago de Chuco. Sin avances en todos estos frentes, la minería ilegal seguirá erosionando la seguridad, el ambiente y la competitividad regional.

Elaborado por Gonzalo Manrique, economista sénior del IPE, con la colaboración de Matías Buendía.