Más de 17 mil unidades inmobiliarias vinculadas a antiguos programas de vivienda del Estado serán incorporadas a un proceso de diagnóstico, verificación y saneamiento físico legal, como parte de una intervención que busca resolver problemas de formalización arrastrados durante años. La medida alcanzará a predios ubicados en ocho regiones del país y podría permitir que miles de familias accedan finalmente a seguridad jurídica sobre sus viviendas.
El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y la Empresa Nacional de Edificaciones en Liquidación (ENACE) suscribieron un convenio específico de cooperación interinstitucional para intervenir 35 programas históricos de vivienda ejecutados por ENACE y sus entidades antecesoras.
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La intervención apunta a destrabar casos en los que existen problemas de saneamiento físico legal, información registral desactualizada, observaciones legales o indefinición sobre la situación real de los ocupantes. En la práctica, se trata de viviendas que forman parte de antiguos proyectos estatales, pero que aún enfrentan barreras para completar su formalización.
Diagnóstico técnico-legal en 35 programas de vivienda
El primer componente del convenio contempla que COFOPRI realice diagnósticos técnico-legales en 35 programas de vivienda del Estado. Esta etapa permitirá determinar si los terrenos correspondientes a proyectos ejecutados por ENACE en liquidación pueden ser saneados y, posteriormente, avanzar hacia la emisión de títulos o regularizaciones registrales.
Según la información del convenio, este primer bloque proyecta alcanzar aproximadamente 10 mil unidades inmobiliarias. El trabajo se concentrará en programas ubicados en Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, La Libertad, Piura y Lima-Callao.
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La mayor concentración de programas priorizados se encuentra en Lima y Callao, donde se ubican 20 de los 35 proyectos incluidos en la intervención. Este dato refleja el peso que tienen los antiguos programas habitacionales del Estado en zonas urbanas de alta demanda por formalización y servicios básicos.
El saneamiento físico legal es una etapa clave para que los predios puedan incorporarse correctamente al sistema registral. Sin ese proceso, las familias pueden enfrentar limitaciones para vender, heredar, acceder a créditos, realizar ampliaciones formales o acreditar plenamente la propiedad de sus viviendas.
Más de 7 mil predios serán verificados
El segundo componente del convenio busca ordenar y sincerar la situación de más de 7 mil predios vinculados a antiguos programas de vivienda del Estado. En estos casos, las acciones estarán orientadas a actualizar información, verificar ocupación y determinar la condición real de los inmuebles.
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Lima concentra la mayor cantidad de unidades inmobiliarias que serán intervenidas mediante visitas, verificación y sinceramiento de información. Los trabajos comprenderán principalmente predios ubicados en Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Callao y Ventanilla.
De acuerdo con los datos del convenio, Villa El Salvador concentra 2.120 predios, seguido por San Juan de Lurigancho, con 1.546; Callao, con 1.059; y Ventanilla, con 505. Estas zonas forman parte de la expansión urbana donde la formalización de la propiedad sigue siendo un factor decisivo para mejorar condiciones de vida y acceso a servicios.
Como resultado de las acciones de saneamiento, se podrán emitir títulos para su inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), así como regularizar predios que correspondan a ENACE o a sus entidades antecesoras.
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Financiamiento no generará gasto para COFOPRI ni FONAFE
El convenio será financiado íntegramente con recursos de ENACE en liquidación, por lo que no generará gastos para COFOPRI ni para FONAFE. La participación de COFOPRI estará enfocada en el despliegue técnico necesario para evaluar la viabilidad de la formalización y avanzar en los procedimientos correspondientes.
La intervención forma parte de una estrategia para cerrar brechas de informalidad urbana y atender problemas acumulados en antiguos programas habitacionales estatales. Aunque el proceso dependerá de los resultados de los diagnósticos y verificaciones, el objetivo es que las familias beneficiarias puedan avanzar hacia la propiedad formal y contar con mayor seguridad jurídica.
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Para miles de hogares, la formalización no solo representa un título inscrito, sino también la posibilidad de integrarse plenamente al sistema legal de propiedad. En un país donde la informalidad urbana continúa condicionando el acceso a crédito, inversión familiar y desarrollo local, destrabar estos expedientes históricos puede convertirse en una medida concreta de inclusión patrimonial.
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