Resultados ONPE al 99.998% EN VIVO: conteo oficial a poco de cerrar para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Roberto Sánchez, adversario político de López Aliaga, fue señalado de forma directa durante la manifestación organizada por Renovación Popular. López Aliaga cuestionó el rol de Sánchez en el proceso electoral, acusándolo de contribuir a la falta de garantías y transparencia en la contienda. “No vamos a permitir que se manipule el voto de los peruanos”, afirmó el líder opositor, intensificando la confrontación entre ambos candidatos. Esta disputa elevó la tensión en el debate público, especialmente en los días cercanos a la movilización.

Tras la difusión de los resultados preliminares, López Aliaga mantuvo una postura crítica frente a la actuación de las autoridades electorales y solicitó la intervención de organismos internacionales en la investigación de las supuestas irregularidades. El candidato insistió en que solo una auditoría externa podría restablecer la confianza ciudadana en el sistema democrático, reforzando su llamado a la vigilancia y al control independiente del proceso.

Rafael López Aliaga, desde el escenario montado en la avenida La Peruanidad, denunció públicamente supuestas irregularidades en el manejo de las reservas nacionales y puso en duda la transparencia del proceso electoral. Durante su discurso, el líder de Renovación Popular acusó a sectores políticos de buscar el control del país con el objetivo de apropiarse de USD6.000 millones pertenecientes a las reservas nacionales. Según sus palabras, “quieren tomar control de Perú para tirarse los 6.000 millones de dólares de todos los peruanos. Las reservas del Perú”.

Estas declaraciones marcaron el tono de la protesta organizada por su partido, en la que participaron simpatizantes y dirigentes de Renovación Popular. El señalamiento sobre el presunto riesgo de apropiación de las reservas se convirtió en uno de los ejes centrales de la manifestación, reforzando el discurso opositor y la exigencia de mayor transparencia en el proceso electoral.

Las solicitudes de nulidad impulsadas por Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, encuentran dificultades legales tanto en la acreditación de personeros como en la interpretación de la normativa electoral. Expertos señalan que el partido no presentó personeros en las mesas que operaron fuera del horario habitual, situación que el JNE validó conforme a la legislación vigente. Además, la utilización de las denominadas “mesas 900.000” en zonas de difícil acceso ha sido considerada regular y legítima desde 2006, bajo supervisión de las fuerzas armadas, según recordaron funcionarios electorales.

El debate sobre la legitimidad de las irregularidades detectadas y sus consecuencias divide opiniones en el entorno jurídico. Tanto el JNE como especialistas en derecho electoral sostienen que no existen fundamentos jurídicos para calificar las anomalías recientes como fraude en sentido estricto. José Tello Alfaro explicó que si bien estas irregularidades pueden afectar la participación, no constituyen motivo suficiente para anular el proceso ni reiniciar el cronograma electoral, indicando que solo una reforma constitucional podría modificar el mandato actual.

Durante el avance del proceso de proclamación regional, el Jurado Nacional de Elecciones atendió diversas impugnaciones y apelaciones presentadas por los partidos políticos. Renovación Popular, en particular, solicitó la nulidad de varias actas electorales vinculadas a la elección presidencial y vicepresidencial, argumentando presuntas irregularidades en el proceso.

El miércoles, el JNE emitió 13 resoluciones en las que rechazó estas apelaciones, ratificando la validez de las actas cuestionadas. Esta decisión contribuye a despejar dudas sobre la transparencia del escrutinio y permite que el proceso de proclamación avance conforme al cronograma previsto. La resolución de estos recursos resulta clave para garantizar la certeza jurídica y la legitimidad de los resultados electorales.

La legislación electoral peruana, específicamente el artículo 18 de la Ley Orgánica de Elecciones, ordena que la segunda vuelta presidencial se realice en un plazo máximo de 30 días tras la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta. Este mandato fija la fecha probable del balotaje hacia mediados de junio, dependiendo del ritmo de proclamación y de la resolución de eventuales impugnaciones. El cumplimiento estricto de este cronograma es fundamental para asegurar la continuidad del proceso democrático y la legitimidad del nuevo gobierno.

A pesar de la claridad del marco legal, persisten inquietudes entre actores políticos y empresariales debido a la falta de información sobre la auditoría solicitada por el Jurado Nacional de Elecciones para revisar el proceso de la primera vuelta. La ausencia de detalles públicos sobre el alcance y los plazos de esta auditoría genera incertidumbre y alimenta la desconfianza en algunos sectores, que reclaman mayor transparencia antes de la realización del balotaje.

El proceso de proclamación de los resultados electorales al 100% depende del cierre total del conteo de actas por parte de la ONPE y de la emisión de resoluciones por todos los Jurados Electorales Especiales (JEE) en cada región. Este procedimiento escalonado exige que cada JEE verifique y proclame los resultados correspondientes a su jurisdicción antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pueda consolidar y oficializar el resultado a nivel nacional.

Según las previsiones oficiales, una vez que los JEE culminen la proclamación regional, el JNE podrá proceder con la proclamación de los resultados definitivos. El cronograma de la ONPE y del JNE estima que este proceso concluirá el 17 de mayo con el cierre total del conteo y la proclamación que hará el JNE al mediodía, lo que permitiría anunciar los resultados nacionales de manera oficial y definitiva apenas se hayan resuelto todas las actas observadas y se hayan cumplido los procedimientos legales establecidos.

La coyuntura electoral en Perú se desarrolla en un contexto de alta tensión, con manifestaciones ciudadanas, denuncias cruzadas entre candidatos y un ambiente de polarización. Las demoras en la entrega de material electoral y en el recuento de votos provocaron acusaciones de fraude, especialmente por parte de Rafael López Aliaga y otros aspirantes. Sin embargo, misiones de observación internacional como la OEA y la Unión Europea descartaron irregularidades sistemáticas en el proceso, respaldando la integridad de la jornada electoral.

La renuncia de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, en abril, en medio de investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre la organización de los comicios, acentuó la desconfianza en las instituciones electorales. A pesar de los pedidos para anular la elección en Lima, el Jurado Nacional de Elecciones mantiene la fecha del balotaje para el 7 de junio y prevé entregar los resultados finales de la primera vuelta el 15 de mayo, en un intento por garantizar la continuidad y la legitimidad del proceso.

La referencia a Antauro Humala como posible figura en un eventual gobierno ha generado controversia y preocupación en sectores moderados e indecisos del electorado. Analistas políticos señalan que este tipo de menciones puede afectar la percepción pública sobre la hoja de ruta de Juntos Por el Perú, forzando al partido a aclarar su posición para evitar la fuga de apoyos. La necesidad de deslindar con el ideario etnocacerista responde a la intención de disipar dudas sobre el rumbo de la agrupación y reforzar la confianza entre quienes observan con recelo cualquier acercamiento a posiciones radicales.

La respuesta de Roy Mendoza, reiterando la autonomía de Juntos Por el Perú y su distancia respecto a Antauro Humala, apunta a contener el daño y resguardar la imagen de la candidatura de Sánchez. La insistencia en la pluralidad del espacio progresista busca diferenciar la propuesta del partido frente a la de l

os seguidores de Humala, especialmente luego de declaraciones polémicas que reavivaron la desconfianza en la izquierda tradicional. Este deslinde se interpreta como una estrategia preventiva para evitar que la campaña quede asociada a alianzas inesperadas o a figuras que generan rechazo en parte del electorado.

Las elecciones actuales en Perú se caracterizan por una polarización marcada y un peso significativo del antivoto, que limita la capacidad de los candidatos para sumar apoyos más allá de sus bases tradicionales. Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, enfrenta la resistencia de un sector del electorado vinculado tanto a cuestionamientos judiciales como a la herencia política familiar. Esta situación obliga a su campaña a buscar estrategias para reducir el rechazo y persuadir a indecisos. En paralelo, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, intenta recomponer su respaldo después de una campaña marcada por cambios y dificultades internas.

El comportamiento del antivoto responde, en parte, a los errores de campaña y a la percepción de falta de preparación en el entorno de Sánchez. El caso de Antauro Humala afectó la confianza de votantes indecisos, mientras que la posible designación de José Domingo Pérez generó controversia en sectores clave. Según datos de IPSOS, estas decisiones han complicado la tarea de Sánchez de consolidar apoyo entre los votantes moderados, profundizando la fragmentación y la volatilidad del escenario electoral.

El procesamiento de actas electorales por parte de la ONPE avanza de manera sostenida en las distintas regiones del país. Hasta la noche del jueves 14 de mayo, diecisiete regiones, incluyendo Lima, Arequipa, Cusco, La Libertad, Junín, Puno y Amazonas, completaron el 100% del conteo de actas.

Entre las regiones con mayor avance, Áncash, San Martín e Ica superan el 99.95%. Piura, en contraste, registra el menor porcentaje de actas contabilizadas con un 99.280%, según el reporte oficial emitido a las 22:15. Además, la cobertura del voto en el extranjero también alcanzó el 100%, con la totalidad de las 2.543 actas provenientes de fuera del país ya procesadas.

Este progreso permitió que los 60 Jurados Especiales Electorales responsables de proclamar los resultados en sus jurisdicciones comenzaran la emisión de resoluciones desde el lunes. Fernando Rodríguez, especialista electoral, explicó que la proclamación regional es el paso previo a la proclamación nacional a cargo del JNE. Jurados como Lima Sur 2, Leoncio Prado, Puno y Huaura ya concluyeron su labor, mientras que Lima Centro 1, Lima Centro 2 (con votos del extranjero) y Trujillo finalizaron sus resoluciones el lunes. De acuerdo con Rodríguez, se prevé que todas las jurisdicciones completen este trámite entre miércoles y jueves, permitiendo que el JNE anuncie los resultados oficiales el viernes 15 de mayo.