Renovación Popular, partido que tiene como líder a Rafael López Aliaga, busca presentar el cierre de otro peaje en Lima como un logro político antes de la segunda vuelta presidencial.
La estrategia se centra en el caso del peaje Separadora Industrial, en La Molina, utilizando acciones judiciales y mediáticas para fortalecer su campaña y captar apoyo en un contexto de disputa ajustada por el balotaje, según fuentes consultadas.
Un hábeas corpus a días de la elección
A inicios de 2026, Sigfrido Rutzke Quiñe, militante de Renovación Popular, presenta un hábeas corpus ante la Corte Superior de Justicia de Lima Este, argumentando que el peaje Separadora Industrial restringe el libre tránsito hacia La Molina.
El 1 de abril, el juez César Abanto Meléndez reprograma la inspección ocular y la audiencia única para el 6 y 7 de abril, acortando los plazos legales y ubicando estas diligencias días antes de la primera vuelta electoral.
Durante el proceso, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y EMAPE, ambas bajo gestión de Renovación Popular, primero solicitan reprogramaciones y luego se allanan a la demanda, facilitando su avance.
“La semana previa a las elecciones han estado empujando y presionando al juez para que dicte sentencia, se supone, a favor”, señaló una fuente. “Sería un buen caballo de batalla si pasa a segunda vuelta”, agregó.
La defensa legal del hábeas corpus recae en Wilbert Medina, abogado de la MML y de Rafael López Aliaga, y Víctor Pairazaman, militante y candidato a senador de Renovación Popular.
El demandante, Sigfrido Rutzke, ha tenido vínculos laborales y contractuales con la Municipalidad de La Molina, donde se desempeñó como asistente administrativo del Área de Transportes en 2023.
No es la primera vez que Rutzke se enfrenta a entidades públicas por el uso de terrenos: en 2023 intentó revertir una resolución que otorgaba un predio en La Molina al INACAL, pero se declaró improcedente.
Un historial de disputas alrededor del peaje Separadora Industrial
El peaje Separadora Industrial fue instalado y administrado por EMAPE desde los años 80, y en 2009 Lima Expresa asumió su concesión y gestión como parte de la Vía de Evitamiento.
El historial de controversias por este peaje es extenso. En enero de 2020, durante la gestión de Álvaro Paz de la Barra en La Molina, un hábeas corpus derivó en la suspensión temporal del cobro y el retiro de casetas.
En 2021, el Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso municipal y, un año después, el Poder Judicial restituye de forma definitiva el derecho de Lima Expresa a operar y cobrar la tarifa correspondiente.
Sin embargo, para octubre de 2025, cuando Rafael López Aliaga deja la alcaldía de Lima, la MML inaugura una vía paralela gratuita junto al peaje Separadora Industrial.
Lima Expresa sostiene que esto incumple el contrato de concesión y afecta proyectos de modernización y el futuro Anillo Vial Periférico.
La empresa alega que en enero de 2024 y en abril de 2025 se emitieron laudos arbitrales favorables a la empresa en su controversia con la MML, y que el primero de ellos fue reconocido por el Poder Judicial en septiembre, un mes antes de la instalación de la vía auxiliar.
¿Un nuevo arbitraje internacional?
El 12 de abril de 2026 se celebró la primera vuelta electoral en Perú. Según los resultados preliminares de la ONPE, Keiko Fujimori encabeza el conteo, mientras que el izquierdista Roberto Sánchez supera por un margen muy ajustado a Rafael López Aliaga.
Ante esta diferencia mínima, López Aliaga y Renovación Popular han presentado recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para impugnar actas y solicitar recuento de votos, especialmente en Lima.
En este escenario de tensión y disputa cerrada por el pase a la segunda vuelta, el caso del peaje Separadora Industrial cobra relevancia mediática y judicial.
Infobae Perú contactó a Lima Expresa, que afirma que existen al menos siete rutas alternas gratuitas para acceder a La Molina y que el peaje no es obligatorio, sino una opción más rápida. La MML y Renovación Popular no respondieron.
“Pero, en caso de un fallo adverso, la empresa recurrir a nuevas apelaciones y a un arbitraje internacional, lo que sería sumamente negativo para la seguridad jurídica y la confianza en el país”, advirtió otra fuente.
La empresa, subsidiaria del grupo francés VINCI Highways, mantiene otras controversias arbitrales abiertas contra el Estado peruano por trabas e interferencias en la operación de concesiones viales.
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