
El pasado 16 de marzo, en un contexto de inestabilidad política y cambios en el Ministerio de Educación, seis millones de estudiantes de colegios públicos de todo el país han retornado a las aulas, según información oficial del gobierno.
Cada inicio de clases vuelve la misma discusión: aulas, carpetas y materiales. Pero hay una pregunta menos visible y más decisiva: ¿quién está enseñando en esas aulas? La preocupación se centra en infraestructura, equipamiento y materiales necesarios para el retorno de los estudiantes, que, si bien son aspectos esenciales para asegurar el buen funcionamiento de la escuela, cumplen un rol de soporte al proceso de aprendizaje. La calidad de la educación no se define en el cemento de las escuelas, sino en la formación de quienes enseñan. Es el profesor quien está en el aula con los niños y adolescentes, llevando a la práctica experiencias que permiten que ellos aprendan.
Sin embargo, las discusiones públicas, especialmente en estos tiempos electorales, parecen olvidar que los maestros son quienes conducen las aulas, por lo que si no se invierte de manera estratégica en quienes hacen posible el proceso educativo, cualquier política educativa que busque mejorar los aprendizajes perderá capacidad de impacto. Por ello, la formación docente no es solo un asunto de los colegios; es una decisión clave para el desarrollo del país. Estamos ante el desafío de asegurar que quienes formarán a las futuras generaciones cuenten con una preparación pertinente que les permita generar experiencias significativas incluso en contextos adversos.
Informes internacionales recientes como el de UNESCO, señalan que en América Latina y el Caribe persiste una brecha significativa entre las necesidades de la profesión docente y las condiciones en las que trabajan, caracterizadas por limitaciones en la formación continua, sobrecarga laboral y reconocimiento insuficiente. Este mismo informe muestra que persiste la escasez de docentes calificados, afectando con mayor intensidad a las zonas más vulnerables, geográficamente alejadas y socialmente desfavorecidas, lo que subraya la urgencia de focalizar esfuerzos en estas regiones.
La formación docente no puede seguir siendo un tema secundario; por el contrario, debería ser el punto de partida de cualquier estrategia seria de desarrollo nacional. Esto implica mayor inversión en la formación inicial docente, asegurando procesos formativos pertinentes que articulen la teoría y práctica desde etapas tempranas y que preparen a los futuros docentes para la diversidad de contextos del país. No es lo mismo enseñar en una escuela urbana que en una rural o intercultural; sin embargo, muchas veces la formación no logra preparar adecuadamente para esta complejidad. A ello se suma la necesidad de fortalecer la formación continua de los profesores y la actualización sobre las nuevas demandas del estudiantado y los cambios del entorno.
En este escenario, los desafíos son evidentes. La falta de docentes en zonas rurales continúa como un problema de cobertura y distribución, con un déficit especialmente crítico en educación intercultural bilingüe. De igual manera, la alta rotación en contextos vulnerables refleja las condiciones que no favorecen la permanencia docente, generando una menor estabilidad en comparación con las zonas urbanas.
Frente a este panorama, el país no puede seguir ignorando una decisión de fondo: colocar a los docentes en el centro de la política nacional. No se trata solo de garantizar el inicio de clases, sino de asegurar que cada estudiante, sin importar dónde viva, tenga acceso a un docente bien formado, valorado y comprometido con su aprendizaje. De lo contrario, cualquier esfuerzo por mejorar la educación será parcial e insuficiente para cerrar las brechas que limitan el desarrollo del país.

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