Los errores de la ONPE y el JNE que llevaron a tener en Perú una de sus elecciones más polémicas de su historia

La demora en la publicación de los resultados de la primera vuelta electoral, realizada el 12 de abril, expuso una serie de deficiencias estructurales en el sistema electoral peruano, según el abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho electoral.

En diálogo con Canal N, el experto atribuyó las demoras no a causas ajenas, sino a lo que calificó como una falta de cumplimiento de las normas y de fiscalización adecuada. Recordó que desde el Congreso se había aprobado la implementación gradual del voto electrónico, una medida que el órgano técnico no ejecutó.

El abogado señaló que el Jurado Nacional de Elecciones contrató 50.000 fiscalizadores a nivel nacional y puso en duda la efectividad de este despliegue, al señalar que la vigilancia debía realizarse antes, durante y después del sufragio. En ese sentido, remarcó la ausencia de control previo por parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Burneo, sobre la distribución integral del material electoral en todos los locales de votación.

“¿Por qué el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Burneo, se fue a dormir tranquilo un día antes de las elecciones sin tener el reporte y la certeza que en el 100 % de locales de votación estaba ya el material electoral?”, cuestionó Rospigliosi en Canal N.

Rospigliosi también recordó que el sistema que habilita el voto electrónico fue aprobaco y, de haberse implementado correctamente, los resultados hubiesen llegado más rápido. “El Congreso aprobó la implementación del voto electrónico. ¿Por qué no se ha cumplido esa norma? Serían los resultados mucho más rápidos”, afirmó.

Explicó que el entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desaprobó la propuesta para instaurar el voto electrónico ante el Pleno del JNE, bloqueando la modernización y generando una secuencia de retrasos. El abogado remarcó que la iniciativa originalmente contemplaba una adopción gradual del voto electrónico, principalmente para militares y ciertos ciudadanos en el extranjero, pero ni siquiera esa aplicación progresiva fue aprobada: “La propuesta era clara, esto iba a ir de manera gradual, pero ni eso siquiera aprobó”.

La falta de fiscalización y omisiones en la regulación y supervisión

Rospigliosi también expuso supuestas omisiones en la actuación de la ONPE, especialmente en la reglamentación sobre la propaganda electoral financiada con recursos públicos. Detalló que, al no establecerse restricciones en el reglamento, partidos políticos ubicaron publicidad en medios de comunicación controlados por militantes, distorsionando la distribución de fondos estatales para la campaña.

El abogado atribuyó responsabilidades directas al Jurado Nacional de Elecciones, con fundamento en la Constitución, por no fiscalizar el cumplimiento de las normas electorales “antes, durante y después” de la jornada. Sostuvo que la reacción reciente del organismo ocurrió únicamente después de los hechos: “Está muy bien, pero ex post, después de, no ex ante”, indicó.

La declaración más relevante de Alejandro Rospigliosi frente a la consulta sobre la actuación de las autoridades electorales fue: “El Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE no han hecho su tarea”. El especialista ejemplificó este diagnóstico con el episodio en el que el jefe de la ONPE “salió jalado” en la presentación de su propuesta de modernización, así como con la omisión en la fiscalización previa al sufragio.

Alejandro Rospigliosi sostuvo que tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la Oficina Nacional de Procesos Electorales incurrieron en omisiones en el cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias.