Plan de Gobierno del Partido Cívico Obras 2026-2031: eje en obras paralizadas, lucha anticorrupción y apuesta por la formalización

El Partido Cívico Obras, liderado por Ricardo Belmont Cassinelli, presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones su plan de gobierno para el periodo 2026–2031, con una propuesta centrada en la erradicación de la corrupción, la reactivación de obras públicas y el fortalecimiento del tejido social en Perú. El documento plantea reformas estructurales en justicia, economía, educación y salud, priorizando la reducción de la pobreza extrema, la formalización de la economía y el desarrollo sostenible.

El plan de gobierno de Ricardo Belmont establece como metas principales la culminación de 1.500 obras sociales paralizadas, la intervención de 10.000 kilómetros de caminos rurales y la reducción de la tasa de desnutrición infantil al 10% en cinco años. Según el documento presentado, el partido propone que el 100% de las licitaciones de obras públicas sean publicadas en una plataforma digital de acceso ciudadano, y que al menos 50.000 mypes accedan a servicios básicos como agua y electricidad para impulsar la producción local.

Propuestas para combatir la corrupción y fortalecer el Estado

El plan de Partido Cívico Obras propone medidas drásticas para enfrentar la corrupción, entre ellas la no prescripción de delitos contra el Estado y la inhabilitación perpetua de funcionarios sentenciados. Además, plantea implementar una Plataforma Digital Única de Obras Públicas que permita el seguimiento ciudadano de los procesos de contratación y ejecución de obras, con el objetivo de alcanzar un millón de consultas mensuales y reducir en 40% el tiempo promedio de adjudicación.

Belmont también plantea la creación de Mesas Técnicas de Obra por Cuenca o Territorio, integradas por representantes de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, para coordinar la aprobación y supervisión de proyectos de inversión pública. Se prevé instalar 50 mesas técnicas y aprobar 300 proyectos bajo este esquema, con una meta de reducir en 50% las observaciones por descoordinación intergubernamental.

Reactivación de obras públicas y atención social prioritaria

Entre los ejes principales del plan destaca la culminación de infraestructura paralizada en educación y salud mediante el “Plan Choque de Reactivación y Culminación de Obras Sociales Paralizadas”. El partido se compromete a terminar 1.500 obras en escuelas y centros de salud, lograr una ejecución presupuestal del 90% en este rubro y reducir a 60 días el tiempo entre la identificación y la reactivación de una obra.

Para mejorar el acceso a servicios básicos, el documento especifica que solo el 50,5% de la población rural tiene acceso a salud y que la desnutrición infantil alcanza el 22% en esas áreas. El objetivo es elevar la cobertura de salud al 85% y reducir la desnutrición infantil al 10% en cinco años, así como rehabilitar la mitad de los puestos y centros de salud en zonas vulnerables y construir 50 nuevos establecimientos rurales.

Formalización económica y desarrollo productivo local

La propuesta de Ricardo Belmont impulsa la formalización laboral y empresarial a través de la “Ley de Obra Pública con Mano de Obra Formal”, con la meta de que el 100% de los trabajadores en obras estatales estén formalizados y 20.000 mypes del sector construcción accedan a licitaciones. Asimismo, se prevé la construcción o reactivación de 100 plantas de procesamiento y centros de acopio municipales para incrementar en 20% el valor de las exportaciones regionales con valor agregado y generar 10.000 empleos directos.

El documento también promueve el “Programa de Electrificación y Saneamiento para la Producción”, orientado a conectar 50.000 mypes y negocios locales a redes de agua y desagüe, e instalar 10.000 conexiones de energía trifásica, reduciendo el tiempo de acceso a estos servicios a un máximo de 45 días.

Ordenamiento territorial y gestión ambiental

El plan de gobierno contempla la actualización de planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en 150 municipios prioritarios, buscando que el 95% de las nuevas licencias de construcción se ajusten a estos planes y reducir en 10% la población en zonas de alto riesgo no mitigable. Además, se establece que el 100% de las nuevas obras públicas deberán cumplir con el código de construcción sismo-resistente y criterios de adaptación climática.

En materia de gestión de residuos, el partido propone la construcción o mejora de 15 rellenos sanitarios intermunicipales y la instalación de 50 plantas de valorización de residuos, con la meta de alcanzar al 75% de la población con disposición final adecuada.

Participación ciudadana y financiamiento

El documento detalla que la implementación del plan será coordinada por una unidad especial en la Presidencia del Consejo de Ministros, con monitoreo semestral y asignación presupuestal específica para cada meta. Se priorizará la reorientación del gasto público, asociaciones público-privadas para proyectos de alto impacto social y la industrialización progresiva de recursos naturales con apertura a la inversión extranjera.

La Plataforma Digital Única de Obras Públicas permitirá a los ciudadanos reportar incidencias y acceder a información en tiempo real, mientras que las rendiciones de cuentas serán trimestrales en cada región por parte de los responsables de alta dirección.