Extorsión alcanza al 25% de peruanos, supera los 6 millones de afectados y se expande de Lima hacia regiones y zonas rurales

La extorsión continúa consolidándose como uno de los principales problemas de seguridad en el Perú. Según el más reciente reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, el 25% de la población mayor de 18 años afirma haber sido víctima o conocer a alguien afectado por este delito en los últimos tres meses, lo que representa a más de 6.000.000 de personas a nivel nacional.

El informe señala que, lejos de reducirse, el fenómeno ha experimentado cambios en su distribución territorial. En el último año, la incidencia de la extorsión ha disminuido ligeramente en Lima, pero se ha incrementado en el interior del país, especialmente en regiones del centro, sur y oriente, así como en zonas rurales.

Este desplazamiento refleja una diversificación del delito, que ahora alcanza a sectores de la población con menor acceso a mecanismos formales de protección y financiamiento. En ese contexto, el reporte advierte que la expansión territorial de la extorsión responde a dinámicas del crimen organizado que buscan nuevos espacios de operación.

Expansión de delitos económicos

El estudio también identifica un crecimiento sostenido de modalidades vinculadas a la criminalidad económica. Entre ellas destaca el préstamo informal conocido como “gota a gota”, cuya incidencia pasó de 15% en 2024 a 19% en 2025, con aumentos significativos en el interior urbano y en regiones del centro del país.

Asimismo, las estafas a través de medios digitales y telefónicos afectan al 27% de la población adulta, con más de 6.6 millones de personas expuestas a este tipo de delitos. Este incremento está asociado al mayor uso de teléfonos móviles, redes sociales y plataformas digitales.

En paralelo, el reporte documenta cerca de mil operativos policiales exitosos durante el 2025 contra el crimen organizado. Sin embargo, advierte que estos resultados son insuficientes frente a la magnitud del problema y se ven limitados por deficiencias estructurales en la institución policial.

Focalización de homicidios y patrones delictivos

El análisis territorial de los homicidios muestra una alta concentración en determinadas regiones. Lima, Callao y La Libertad concentran una proporción significativa de los casos, mientras que provincias como Trujillo, Piura y Sullana destacan como focos persistentes de violencia.

A nivel distrital, la incidencia se concentra en zonas específicas, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas. Esta focalización permite identificar patrones claros para la intervención estatal, aunque el informe señala que aún no se aplican estrategias sostenidas en estos territorios.

En cuanto a los horarios, el reporte identifica diferencias entre Lima y otras regiones. Mientras en la capital no existe una brecha marcada entre delitos diurnos y nocturnos, en otras zonas la incidencia de homicidios durante la noche casi duplica a la del día.

Armas, transporte y violencia de género

El uso de armas de fuego predomina ampliamente en los homicidios registrados, con más de 1.300 casos vinculados a este tipo de armamento. Estos crímenes están asociados principalmente a sicarios que operan dentro de redes de extorsión.

El acceso a estas armas se produce a través de distintas vías, entre ellas el robo, el mercado ilegal y la participación de agentes corruptos. El informe señala que restringir este acceso es clave para reducir los niveles de violencia.

En paralelo, el sector transporte se consolida como uno de los más afectados por la criminalidad. Durante el 2025 se registraron 239 transportistas asesinados, incluidos mototaxistas, taxistas y conductores de transporte público, en su mayoría víctimas de redes de extorsión.

Feminicidios y debilidad institucional

El reporte también aborda la violencia contra la mujer, señalando que los feminicidios se producen principalmente en el entorno doméstico y afectan sobre todo a mujeres entre 18 y 40 años. A diferencia del crimen callejero, estos casos involucran con mayor frecuencia agresiones físicas y armas distintas a las de fuego.

Pese al aumento de denuncias por extorsión, el informe advierte una baja efectividad del sistema de justicia. El número de personas privadas de libertad por este delito se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años, lo que evidencia limitaciones en la investigación y sanción.

Esta situación genera un escenario en el que las víctimas no obtienen resultados concretos tras denunciar, lo que podría contribuir a la subdenuncia y a la expansión del delito en distintos sectores del país.

Infraestructura de seguridad y marco legal

El reporte destaca la importancia de implementar sistemas integrados de seguridad, como los centros de comando C5i, que permiten coordinar información en tiempo real y mejorar la respuesta ante delitos. Sin embargo, advierte que en el Perú no existe actualmente un sistema de este tipo plenamente operativo.

La ausencia de esta infraestructura limita la capacidad de prevención y reacción frente a delitos como la extorsión y el sicariato, especialmente en sectores críticos como el transporte público.

Finalmente, el documento revisa las normas legales recientes vinculadas a la seguridad ciudadana y al crimen organizado. Si bien algunas medidas buscan endurecer el marco normativo, también se advierte que ciertos cambios podrían dificultar la acción estatal o generar riesgos de corrupción en su implementación.