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Serenos de Surco patrullarán desde este jueves 19 de marzo con pistolas eléctricas, anuncia el alcalde Bruce

El municipio de Santiago de Surco pondrá en marcha la primera patrulla de serenazgo equipada con pistolas de electrochoque, cámaras corporales y entrenamiento especializado, tras la aprobación de la nueva reglamentación del Ministerio del Interior

Alcalde de Surco, Carlos Bruce, explica cómo los serenos usarán las pistolas eléctricas. América TV
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El distrito de Santiago de Surco se convertirá en el primero del país en desplegar a su personal de serenazgo con pistolas eléctricas y cámaras corporales, una medida inédita que busca fortalecer la seguridad ciudadana y responder a la creciente demanda de protección en las calles.

La decisión se oficializó luego de que el Ministerio del Interior (Mininter) aprobara, a través de la Resolución Ministerial Nº 0323-2026-IN, las características técnicas y el marco legal para el uso de este tipo de dispositivos por parte de los serenos municipales.

El alcalde del distrito, Carlos Bruce, anunció que desde este jueves 19 de marzo, 20 agentes saldrán a patrullar con armas de electrochoque y cámaras bodycam, las cuales graban toda la intervención desde el momento en que el arma es desenfundada y envían las imágenes a la central de monitoreo del municipio.

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El burgomaestre detalló que en un mes se espera contar con 130 pistolas adicionales para equipar a 150 serenos, fortaleciendo así la capacidad de respuesta frente a incidentes de riesgo.

Según explicó, el objetivo de las pistolas eléctricas es inmovilizar a la persona en situación de riesgo y facilitar su reducción, mientras se solicita la intervención de la Policía Nacional. El propio municipio de Surco ya capacitó a 40 agentes y adquirió 20 armas, siguiendo los lineamientos del Centro de Capacitación Municipal, acreditado ante el Mininter.

La nueva normativa, que responde a la Ley 32312, establece parámetros precisos sobre el uso de estos dispositivos, el tipo de entrenamiento requerido y los mecanismos de control, como el uso obligatorio de cámaras corporales durante las intervenciones.

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El Mininter subrayó que la manipulación de pistolas eléctricas exige una capacitación previa, con simuladores y entrenamientos en campo, para garantizar su uso responsable y seguro.

El alcalde de San Luis señaló que la capacitación del personal debe incluir un proceso de salud mental a cargo de psicólogos antes de entregar pistolas eléctricas a los serenos. Foto: Composición Infobae Perú
El alcalde de San Luis señaló que la capacitación del personal debe incluir un proceso de salud mental a cargo de psicólogos antes de entregar pistolas eléctricas a los serenos. Foto: Composición Infobae Perú

Regulación y desafíos

La implementación de pistolas eléctricas en el serenazgo responde a una política nacional que busca dotar a los gobiernos locales de herramientas para enfrentar delitos como robos, asaltos y violencia urbana.

De acuerdo con el exdirector general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, la capacitación policial será obligatoria para todos los municipios que deseen emplear este tipo de equipamiento.

El reglamento define que las armas de electrochoque deberán tener un alcance mínimo de 3 metros, una descarga máxima de 5 segundos y puntería láser, además de sistemas de seguridad para evitar disparos accidentales.

El costo de cada unidad oscila entre 800 y 1.000 dólares, lo que, según Pérez Rocha, limita la expansión del programa a la mayoría de municipios del país debido a restricciones presupuestarias. El especialista estima que solo cinco o seis municipios podrán implementar la medida en el corto plazo, en un país con 1.859 distritos y 196 provincias.

Uno de los puntos centrales de la nueva regulación es la responsabilidad penal del personal de serenazgo. La ley exime de responsabilidad a los serenos que, en cumplimiento de sus funciones y empleando los medios de defensa autorizados, causen daños graves o la muerte a una persona, siempre que actúen conforme a derecho.

La carga de la prueba recaerá sobre el agente, quien deberá demostrar que su intervención se ajustó a la normativa y contar con evidencia material, como grabaciones de la bodycam.

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