MTC media en disputa entre la MML y Magdalena: acuerdan evaluar la nulidad de 56 mil fotopapeletas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsó una serie de acciones para abordar la controversia generada por la imposición de fotopapeletas de tránsito en el distrito de Magdalena del Mar y otras zonas de Lima Metropolitana. La problemática, que afecta a miles de conductores, puso en el centro del debate los mecanismos de fiscalización electrónica, la validez de las notificaciones y la coordinación entre las autoridades municipales.

En una reunión convocada por el MTC a través de su Dirección de Seguridad Vial, los equipos técnicos de la Municipalidad de Magdalena del Mar y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) acordaron que se evaluará la anulación de oficio de un bloque de más de 56.000 multas impuestas entre el 1 de noviembre de 2025 y el 7 de enero de 2026. Según informó el alcalde de Magdalena, Francis Allison, la MML tiene un plazo máximo de treinta días para concretar la anulación de las sanciones emitidas en ese periodo.

“Por favor, no paguen las multas. Y les digo por qué. La notificación válida, el verdadero inicio de un procedimiento de sanción es con una notificación a tu domicilio. Si te llega un correo, un WhatsApp, no vale. No te asustes y no vayas corriendo a Lima a pagar, porque eso formalmente no es el inicio de un procedimiento de sanción. Ya sabes, 56 mil multas. Estamos ya consiguiendo anulación completa de los primeros meses y seguimos chambeando para que se anule todo”, mencionó.

La controversia surgió tras reclamos de conductores y vecinos que denunciaron haber recibido notificaciones de multas con varios meses de retraso, lo que dificultó su derecho a presentar descargos y provocó la acumulación de sanciones con sumas que, en algunos casos, superaron los S/ 3.200. De acuerdo con testimonios recogidos por la municipalidad, las fotopapeletas fueron aplicadas en vías como la avenida Brasil y, en ocasiones, incluyeron errores en la aplicación de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), utilizando el valor de 2026 para infracciones cometidas el año anterior.

El núcleo del conflicto entre ambos municipios radica en la gestión y validez de las pruebas recabadas mediante cinemómetros y cámaras de control de velocidad. Según la MML, existe un convenio vigente desde diciembre de 2024 que faculta a la comuna de Magdalena a instalar y operar estos dispositivos, con la condición de que las evidencias sean evaluadas y remitidas conforme a los procedimientos establecidos. Sin embargo, la municipalidad distrital sostiene que no participó en la sanción y que no envió pruebas para la imposición de las multas, señalando que la MML actuó de manera unilateral.

En respuesta a la controversia, la Municipalidad de Magdalena del Mar retiró todas las cámaras de control de velocidad instaladas en su jurisdicción, argumentando que la empresa encargada, Consorcio Setramag, y la MML impusieron sanciones “ilegales y abusivas” sin la debida certificación ni señalización adecuada. El alcalde Allison denunció que nunca se implementó una marcha blanca ni se notificó previamente a los vecinos sobre la fiscalización electrónica, y exhortó a los afectados a no pagar las multas hasta que se resuelva la situación.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, por su parte, afirmó que las responsabilidades sobre la operación y remisión de pruebas recaen en la administración distrital. En un comunicado, la MML recordó que las municipalidades distritales pueden solicitar facultades para fiscalizar vías metropolitanas, pero deben cumplir requisitos como la homologación y calibración de los equipos, así como la capacitación del personal encargado, bajo supervisión de la autoridad metropolitana.