El presidente del Perú, José María Balcázar, se pronunció este viernes sobre la escalada de inseguridad y las extorsiones que afectan al sector transporte y ponen en riesgo a la ciudadanía.
El mandatario respondió tras la muerte del chofer José Cumpa Chavestra, quien falleció luego de ser quemado dentro de su bus en un atentado en el distrito limeño de El Agustino, y el deceso de Maritza Talavera, pasajera que resultó gravemente herida durante un ataque a balazos contra una unidad de transporte público en Callao. Ambos casos, reportados recientemente, se suman a una serie de asesinatos y atentados vinculados a la extorsión.
Durante una conferencia de prensa, Balcázar fue consultado por la responsabilidad del Gobierno ante estos episodios y afirmó que su gestión está comprometida con enfrentar el problema, aunque remarcó que se trata de una situación compleja que exige la intervención coordinada de varias instituciones del Estado.
“Desde el inicio nos hemos comprometido a afrontar este problema de la inseguridad y hemos dicho que es un problema de solución integral”, afirmó. Según explicó, en la estrategia deben participar de manera coordinada entidades como el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial.

El jefe de Estado sostuvo que la criminalidad que afecta al país tiene distintas modalidades y que no todos los delitos corresponden a estructuras de crimen organizado. En ese sentido, precisó que muchas de las acciones violentas recientes están vinculadas a extorsiones cometidas por bandas criminales, que —según dijo— no siempre alcanzan la categoría jurídica de organizaciones criminales.
“Hay una criminalidad muy alta y muy agresiva, pero en su porcentaje mayoritario está en las extorsiones, en las denominadas bandas, que no son la criminalidad organizada”, señaló.
Balcázar indicó que el Ejecutivo trabaja en la elaboración de un reglamento para diferenciar legalmente estos tipos de delitos y establecer medidas más claras para su persecución. Asimismo, anunció que el Gobierno evalúa enviar al Congreso un proyecto de ley que permita contar con una legislación más adecuada para enfrentar tanto al crimen organizado internacional como a las bandas criminales de ámbito local.
“El hecho que se ha producido obviamente nos preocupa mucho, pero estamos tratando de que el índice de criminalidad baje”, sostuvo.
El mandatario también recordó que su administración lleva apenas veinte días en funciones, por lo que pidió tiempo para implementar las medidas que se vienen preparando para enfrentar la inseguridad.
“Tenga la plena seguridad de que lo vamos a afrontar adecuadamente”, aseguró, antes de ceder la palabra al ministro correspondiente para ampliar la respuesta.
Cámaras de seguridad en el transporte
Cabe señalar que la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció el despliegue de más de 5.700 efectivos de la Policía Nacional del Perú en Lima y el Callao, como parte de las medidas del Gobierno para reforzar la seguridad ciudadana frente al aumento de hechos delictivos.
La jefa del gabinete precisó que el despliegue se realizará entre el 18 y 19 de marzo, con el objetivo de fortalecer las labores de patrullaje, control y prevención del delito en distintos puntos considerados críticos de la capital y el primer puerto. La medida forma parte de la estrategia del Ejecutivo para enfrentar la delincuencia y las extorsiones que afectan especialmente al transporte público.
Miralles también adelantó que el Gobierno iniciará el proceso de contratación para la instalación de cámaras de seguridad en buses de transporte público, con el fin de mejorar la vigilancia y facilitar la identificación de los responsables de ataques o amenazas contra conductores y pasajeros.
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