
La incertidumbre sobre posibles nuevas paralizaciones en el transporte urbano de Lima y Callao ha generado preguntas en la ciudadanía. Según confirmaron las empresas de transporte urbano de la capital, no tienen previsto —por el momento— una nuevo paro del sector para mañana 13 de marzo ni para los próximos días.
Aunque advierten que varias líneas podrían suspender operaciones en cualquier momento debido a la crisis económica y la ola de extorsiones que atraviesa el gremio, algo que denominan un “paro forzado”.
Héctor Vargas enfatizó que la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao no está convocando a ningún paro de transporte y ya había adelantado que las empresas no se sumarían a la paralización parcial que acataron este 12 de marzo un sector de carga pesada.
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El dirigente, además, precisó que no existe una convocatoria formal a un paro por parte de su gremio. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de un paro forzado en varias rutas urbanas debido a la situación financiera insostenible de muchas empresas.
“No necesariamente es porque convocamos a un paro, sino porque las empresas van a parar porque ya quebaron o están a punto de hacerlo”, remarcó Vargas en diálogo con Exitosa.
Empresas quebradas
El presidente del gremio expuso que varias empresas de transporte urbano ya han quebrado y otras se encuentran a punto de cesar operaciones. Los altos costos operativos, la falta de respuesta suficiente de las autoridades y la escalada de extorsiones han llevado a un escenario crítico.
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“Hay empresas que han quebrado, otros que estamos en el camino de quebrar en estos días”, afirmó el dirigente, quien detalló que el sector intentó refinanciar deudas y devolver unidades para mantenerse en actividad.
El flujo diario de ingresos, afectado por la reducción de pasajeros y el temor de los conductores frente a la inseguridad, ha dejado a muchas compañías sin recursos para continuar. “No vamos a trabajar porque no tenemos recursos para seguir trabajando”, explicó Vargas.

Extorsión y violencia
La inseguridad constituye uno de los factores determinantes en esta crisis. Según relató Héctor Vargas, el gremio enfrenta desde hace dos años una cadena de ataques, extorsiones y asesinatos de conductores.
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Señaló que en la jornada previa, tres empresas reportaron asesinatos de choferes, lo que ha provocado que buena parte de los conductores rehúse salir a trabajar.
Esta situación ha reducido la capacidad operativa del sector a apenas un 20 o 30 por ciento. “La situación se vuelve insostenible en la parte económica porque tenemos compromisos con los bancos. Una empresa compra diez carros pero si trabajamos solo con dos o tres no podemos llegar a fin de mes para pagar”, describió Vargas.
El pedido de auxilio
Ante el deterioro de las condiciones, la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao ha remitido cartas al Gobierno, al Congreso y al Ministerio de Transportes solicitando un programa extraordinario de apoyo.
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El pliego incluye un subsidio temporal para el transporte público, líneas especiales de crédito similares al programa Reactiva, facilidades tributarias y financieras, y un plan efectivo de seguridad contra la extorsión.

Vargas manifestó que el gremio ha realizado hasta cinco paros en los últimos dos años, siempre bajo la consigna de exigir protección para la vida de los trabajadores. Pese a estos esfuerzos, la respuesta estatal sigue sin satisfacer las demandas del sector. “Si no ponen orden, si no se detiene la extorsión, los problemas van a ser mayores más adelante”, advirtió.
Paro de camioneros
Mientras tanto, el paro de camioneros convocado para el 12 de marzo se acató solo de manera parcial en Lima y Callao. La medida no tuvo el impacto esperado en estas ciudades, y el transporte urbano de pasajeros mantuvo sus servicios sin alteraciones graves.
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Héctor Vargas reiteró que no se prevé una nueva paralización organizada del transporte urbano para los próximos días. No obstante, la amenaza de un “paro involuntario” persiste, en la medida en que más empresas se ven obligadas a suspender sus servicios por falta de recursos y seguridad. El gremio insiste en su pedido de medidas urgentes para evitar que la crisis del transporte se traduzca en un colapso de la movilidad en la capital.
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