Durante una entrevista en Exitosa, el dirigente transportista Héctor Vargas confirmó que el gremio ha pedido al Ejecutivo adoptar un programa extraordinario de apoyo al transporte urbano. Entre las principales medidas planteadas se encuentran un subsidio temporal al transporte público, la creación de líneas especiales de crédito para las empresas del sector —similares al programa Reactiva aplicado durante la pandemia—, facilidades tributarias y financieras, así como la implementación de un plan efectivo de seguridad para frenar la extorsión y los ataques contra conductores.
El planteamiento busca evitar una paralización progresiva del servicio. Según los transportistas, muchas empresas ya enfrentan serias dificultades para mantener sus operaciones debido al aumento de gastos y a la caída en la capacidad de trabajo provocada por la inseguridad.
La seguridad, el principal reclamo del sector
El punto que más preocupa al gremio es la violencia que enfrentan los trabajadores del transporte. Vargas señaló que desde hace al menos dos años las empresas y los conductores han sido víctimas de extorsiones, ataques armados y asesinatos perpetrados por organizaciones criminales.
De acuerdo con su testimonio, esta situación ha obligado al sector a realizar al menos cinco paralizaciones en los últimos años para exigir al Estado medidas de protección. Sin embargo, asegura que las acciones implementadas hasta ahora no han logrado reducir los atentados.
“Nos ha llevado durante estos años a ir a cinco paros invocando el derecho a la vida, reclamando para que el Gobierno se ponga a trabajar. Lamentablemente, no ha funcionado”, afirmó.
La violencia ha generado un impacto directo en la operación del transporte urbano. Vargas explicó que muchos conductores han decidido dejar de trabajar por temor a ser víctimas de ataques, lo que ha reducido de manera significativa la capacidad de servicio de las empresas.
“Hoy tengo que decir con bastante dolor que han amanecido tres empresas a las que han asesinado a sus conductores. Esto ha llevado a que en el sector, los conductores ya no quieran trabajar”, sostuvo.
Empresas operan al mínimo y enfrentan deudas con los bancos
La reducción del número de choferes disponibles ha provocado que varias empresas funcionen con apenas una fracción de su capacidad operativa. Según el dirigente, actualmente muchas compañías solo pueden sacar a circulación entre el 20% y el 30% de su flota.
“Las empresas estamos trabajando con el veinte o treinta por ciento de nuestra capacidad operativa”, explicó Vargas.
Esta caída en la operación tiene consecuencias económicas inmediatas. Las empresas mantienen compromisos financieros con bancos y proveedores por la compra de vehículos y otros gastos asociados al servicio.
“Uno compra diez carros, una empresa compra diez carros. Si trabajamos, trabajamos con dos, tres. No podemos llegar a fin de mes para pagar”, señaló.
El “paro no deseado” que podría afectar el transporte
A diferencia de otras protestas convocadas por los gremios, el sector advierte que la paralización que podría ocurrir en los próximos días no sería una medida planificada de presión política, sino una consecuencia directa de la crisis económica que atraviesan las empresas.
Vargas explicó que varias compañías ya han quebrado y otras se encuentran cerca de suspender sus operaciones por falta de recursos.
“Hay empresas que han quebrado, otros que estamos en el camino de quebrar en estos días”, afirmó.
En ese contexto, el dirigente sostuvo que muchas empresas podrían dejar de operar simplemente porque ya no cuentan con los recursos necesarios para mantener sus unidades en circulación.
“No vamos a trabajar porque no tenemos recursos para seguir trabajando”, advirtió.
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