
A pocas horas del jueves 12 de marzo, los transportistas urbanos de Lima Metropolitana y Callao enfrentan un escenario de alta tensión. Un nuevo paro nacional, anunciado tras días de negociaciones frustradas, busca respuestas inmediatas del gobierno frente a la crisis de combustibles, la inseguridad, entre otros problemas del sector.
Los gremios de carga pesada ratificaron la medida tras una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), citando como demanda principal la exoneración temporal de impuestos al diésel, que representa un 45% del precio final por galón.
Iván Valencia, vocero de la Federación de Transportistas de Carga Pesada, enfatizó que la decisión depende de la mesa de diálogo con el Ejecutivo.
“Todo depende de la mesa de negociación. Nosotros somos parte de ellos, pero estamos en Oquendo haciendo nuestro plantón previo al paro”, sostuvo Valencia a la prensa.
El malestar se extiende a regiones como Chiclayo, Piura, Arequipa y el centro del país, cuyos representantes llegaron a la capital para exigir soluciones ante la “falta de respuestas reales” del Estado.
La protesta responde a una serie de factores acumulados, entre ellos el alza sostenida de los precios de gasolina y diésel, la crisis de Petroperú y la escasez de combustibles premium y regular. La reciente ruptura del ducto de gas en Megantoni profundizó las pérdidas, afectando a fábricas y pequeñas empresas.
Magno Salas, presidente de la Confederación Nacional de Gremios del Transporte de Carga Pesada, pidió reactivar el fondo de compensación, reducir la carga tributaria y devolver parte de los pagos de peajes.
“El gobierno se demora mucho en tomar medidas adecuadas. Nosotros esperamos que le baje la tasa impositiva tributaria a los combustibles por este periodo de emergencia que estamos atravesando”, comentó Salas.

Transporte urbano
Mientras la atención se centra en los transportistas de carga, el transporte urbano, que moviliza a millones de personas cada día en Lima y Callao, enfrenta su propia crisis.
Hasta la tarde del miércoles ninguna agrupación mayoritaria del transporte urbano confirmó su adhesión al paro general. Solo la empresa Translima oficializó su paralización luego de un ataque contra uno de sus conductores.
Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, descartó la participación de su sector en el paro nacional.
No obstante, advirtió sobre una inminente paralización por motivos económicos, atribuidos a la extorsión y al alza de los combustibles.
“Ya quebraron, hay empresas que han quebrado, otros que estamos en camino de quebrar en estos días a pesar de que hemos hecho muchos esfuerzos para trabajar con el sistema financiero”, explicó Vargas.
Los transportistas urbanos solicitaron al Ejecutivo un programa extraordinario de apoyo, que incluya subsidios temporales, líneas de crédito especiales y un plan efectivo contra la inseguridad y extorsión.
Vargas afirmó que, desde hace dos años, el sector enfrenta ataques y amenazas, lo que ha provocado la quiebra de varias compañías y la devolución de vehículos ante la imposibilidad de cubrir deudas.
Por otro lado, taxistas y mototaxistas han anunciado su respaldo al paro nacional, reclamando un bono mayor al ofrecido por el gobierno.
Jorge Garibay, representante del Corporativo Integral de Taxistas, criticó el bono de S/ 120, considerándolo insuficiente para cubrir los gastos diarios de combustible, que oscilan entre 80 y 120 soles. Garibay planteó elevar el apoyo a S/ 800.
Entre los mototaxistas, Julio García, presidente de la Federación de Mototaxistas, estimó que cerca de tres millones de conductores podrían dejar de operar, con 800 mil solo en la capital. Los reclamos incluyen el reconocimiento de un bono compensatorio ante la parálisis de actividades.
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