El Perú enfrenta una crisis de gas natural que amenaza con paralizar sectores estratégicos de la economía, generando un efecto dominó que recuerda a la paralización vivida durante la pandemia del COVID-19. La falta de suministro de gas, causada por interrupciones en el ducto de Camisea, ha obligado al Gobierno a emitir medidas de emergencia para racionar el recurso y proteger servicios esenciales.
Según Aníbal Díaz, decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, las plantas farmacéuticas nacionales son una de las más vulnerables. “Si no hay gas, las plantas grandes no podrán producir y los medicamentos que se agoten en los almacenes no podrán reponerse”, advirtió en Infobae Perú. Esto podría derivar en quiebras, pérdida de personal capacitado y aumento de la dependencia de importaciones para abastecer hospitales y farmacias.
Otros sectores críticos afectados
No solo la industria farmacéutica se ve afectada. La crisis impacta directamente en:
- Transporte público y escolar: El gas natural vehicular (GNV) es el combustible de miles de buses y taxis. Las estaciones de GNV cerradas han provocado retrasos, sobrecupo y aumento de costos.
- Sector eléctrico: Roberto Santiváñez, presidente de la Asociación de Consumidores de Gas, advierte que la tarifa de electricidad podría aumentar si no se implementan normas de emergencia, y que las secuelas se verán meses o incluso años después.
- Industria alimentaria y panaderías: Procesos de horneado, cocción y pasteurización se ven afectados, con posible reducción de producción y aumento de precios.
- Otras industrias manufactureras: Textil, cerámico, metalúrgico y químico necesitan gas para hornos y procesos de alta temperatura. La paralización parcial de plantas retrasa entregas y encarece productos.
- Hotelería y gastronomía: Restaurantes y cocinas industriales enfrentan interrupciones de servicio y reducción de menús.
- Salud y hospitales: Más allá de la producción farmacéutica, algunos hospitales dependen del gas para esterilización y procesos médicos.
Medidas del Ejecutivo
Ayer, el Gobierno emitió el Decreto Supremo N.º 002‑2026‑EM, que establece un nuevo orden de prioridad para el racionamiento del gas natural:
- Consumidores residenciales y comercios regulados → Hogares y tiendas
- Estaciones de GNV y transporte público → Transporte masivo y estaciones de compresión/licuefacción
- Generadores eléctricos → Electricidad
- Consumidores industriales con menor consumo → Industrias pequeñas
- Consumidores industriales con mayor consumo → Industrias grandes
- Consumidores independientes con contratos firmes o interrumpibles → Usuarios especiales
Los hogares y comercios regulados tienen prioridad absoluta para el suministro de gas, lo que garantiza que las familias y pequeños comercios no se queden sin servicio. Por otro lado, los demás niveles —como generadores eléctricos, industrias y consumidores independientes— reciben gas mediante prorrateo, según la disponibilidad y su consumo previo.
En este contexto, el decreto permite que industrias esenciales que abastecen hospitales o servicios de salud puedan ser atendidas dentro del suministro disponible, pero no forman parte del primer nivel de prioridad. Es decir, su abastecimiento dependerá directamente de la cantidad de gas natural disponible para el mercado interno y de la capacidad de distribución durante la emergencia.
Impacto económico y social
Expertos advierten que los efectos de la crisis de gas natural trascenderán la emergencia inmediata. La interrupción del suministro y el aumento de los costos de energía pueden generar inflación, encarecimiento de electricidad y transporte, y sobrecostos para industrias grandes, replicando, en parte, el impacto económico de crisis anteriores.
“Este problema no es solo inmediato; va a dejar secuelas por varios meses e incluso años, dependiendo de cómo se manejen los próximos días de la crisis”, señaló Roberto Santiváñez, presidente de la Asociación de Consumidores de Gas, en RPP.
Al igual que en el sector farmacéutico, Santiváñez explicó que el sector eléctrico es el otro de los más afectados, ya que alrededor del 40-45 % de la generación de electricidad en el Perú depende del gas natural. La sustitución de gas por diésel en plantas de emergencia ha generado sobreprecios que podrían trasladarse a las tarifas eléctricas si no se aprueban normas de emergencia.
El especialista advirtió que aunque el ducto se reponga en los próximos días, las consecuencias económicas y de costos se sentirán durante meses, afectando toda la cadena de consumo, desde grandes industrias hasta familias.
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