“Perú no es un país seguro para las mujeres”: Justicia de Italia falló a favor de peruana que huyó por falta de protección del Estado

En un fallo que expone las deficiencias del Estado peruano en la atención de la violencia estructural contra las mujeres, el Tribunal de Milán determinó que Perú no puede ser considerado un país seguro para las mujeres, no por la ausencia de leyes, sino por la falta de aplicación efectiva de las mismas. La sentencia, emitida en diciembre y publicada en el portal italiano Progetto Melting Pot Europa, ha cobrado relevancia en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

El proceso se originó tras la solicitud de asilo de una inmigrante peruana que huyó de años de violencia y persecución por parte de su expareja. A pesar de haber interpuesto denuncias en el Perú, la víctima nunca encontró un auxilio real por parte de las autoridades locales, lo que la obligó a buscar refugio en Europa para salvaguardar su vida.

El caso tomó un giro crítico cuando el Gobierno italiano intentó aplicar un procedimiento acelerado, bajo el argumento de que el Perú integra la lista de ‘países seguros’ desde mayo de 2024. Este mecanismo implica un trámite de asilo express que suele resolverse en pocos días, con una altísima probabilidad de rechazo inmediato y la ejecución de una orden de deportación.

Frente a este escenario, la solicitante interpuso un recurso de apelación exigiendo la suspensión de los efectos de la expulsión, alegando ‘motivos graves y concretos’ de riesgo en su país de origen. Para resolver el caso, el Tribunal de Milán realizó un exhaustivo análisis de la Información sobre el País de Origen (COI), contrastando el relato de la víctima con informes de organismos internacionales que alertan sobre la impunidad sistémica y el aumento de feminicidios en el Perú.

Tras confirmar que el sistema de justicia del Perú es incapaz de garantizar una protección efectiva pese a contar con las leyes adecuadas, la justicia italiana otorgó a la peruana el procedimiento ordinario para su solicitud de asilo. Este mecanismo garantiza un examen minucioso de su expediente, le permite permanecer legalmente en Italia durante todo el proceso y elimina la falsa presunción de seguridad que el decreto gubernamental pretendía imponer para el Perú.

El panel presidido por el juez italiano Pietro Caccialanza partió de una premisa expuesta en el perfil de país y determinó que la situación en Perú, caracterizada por “persecución y tratos inhumanos y degradantes contra toda una categoría de personas, a saber, las mujeres, es tal que requiere la no aplicación del artículo 2-bis párrafo 1 del Decreto Legislativo n.º 25/2008 - debido a su conflicto con el artículo 37 de la Directiva 2013/32/UE, leído en conjunto con el Anexo I de dicha Directiva - en la parte en la que también designa al Perú como país de origen seguro”, menciona la sentencia.

La desprotección del Estado peruano a las mujeres en portadas de medios italianos

El fallo repercutió en otros medios italianos como IL Giorno donde citaron datos publicados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) del Perú el cual recoge cifras de reportes de donde se consignó que en 2024 se reportaron 168.492 casos de violencia, de los cuales el 84% afectó a mujeres. Además, el medio destacó los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, que reveló que el 52% de las mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas, evidenciando la magnitud del problema en el país.

Según información actualizada de Infobae Perú, en 2025 y solo hasta noviembre se habían reportado 176.925 casos de violencia, cifra que superó ampliamente la registrada en 2024. Ese año, el país cerró con 133 feminicidios, un número inferior al del año anterior, pero que sigue reflejando la gravedad del problema y el peligro al que están expuestas las mujeres.

El medio italiano Il Giorno también citó una nota de Infobae en la que se señala que cerca del 90% de las denuncias por violencia de género en Perú no llega a una condena. Este dato refleja la persistencia de patrones culturales machistas y la revictimización en los procesos judiciales, factores que contribuyen a que las denuncias se diluyan con el tiempo.