El caso de Adrián Villar puso en el centro de la discusión pública la necesidad de revisar las sanciones por fuga del lugar de un accidente de tránsito.
Lizeth Marzano perdió la vida tras ser atropellada en la noche del martes 17 de febrero, en un hecho que, según reportes policiales y periciales, se agravó por la decisión del conductor de no detenerse ni prestar auxilio. Las cámaras de seguridad y el testimonio de testigos permitieron identificar a Villar y proceder con su captura, aunque el proceso judicial ha estado marcado por la polémica.
A Villar se le imputan tres delitos: homicidio culposo agravado, abandono de persona en peligro u omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Para este último delito, el Código Penal establece penas que van de seis meses a cuatro años de prisión.
Esta sanción, calificada de “benigna” por el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, ha impulsado un llamado desde distintos sectores para endurecer la norma y hacer frente a la impunidad en casos similares.
Debate de penas y controversia
Durante la audiencia de prisión preventiva, la defensa de Adrián Villar reconoció la fuga, pero argumentó que existen atenuantes que justificarían la sanción mínima de seis meses.
Por el contrario, la fiscal Yanet Roller solicitó imponer la pena máxima de cuatro años, enfatizando la gravedad de huir y no socorrer a la víctima.
El Ministerio Público sostiene que, sumando los delitos, la condena debería alcanzar los ocho años de cárcel, mientras que la defensa insiste en que no debe superar los cuatro años y medio.
El decano Raúl Canelo declaró que la confesión de Villar no debería ser tomada como atenuante relevante, dado que la autoría quedó registrada en imágenes y testimonios. A su juicio, existen elementos suficientes para sostener la prisión preventiva y, eventualmente, una sentencia ejemplar.
Sin embargo, la legislación vigente permite que personas menores de 25 años, condenadas a menos de ocho años, accedan a la suspensión de la pena, lo que podría dejar a Villar fuera de prisión incluso si recibe condena.
El caso generó indignación entre los familiares de Lizeth Marzano y en la opinión pública, quienes demandan una revisión urgente de la ley. El reclamo se centra en que abandonar el lugar de un accidente no puede ser considerado una falta menor, especialmente cuando la vida de una persona está en juego.
Para los especialistas, la fuga tras un accidente de tránsito debe ser sancionada con mayor rigor, como fórmula para desalentar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.
El debate ahora está en la cancha del Congreso de la República, donde voces de la sociedad civil y expertos en derecho penal impulsan proyectos para aumentar las penas y cerrar vacíos legales que, hasta hoy, permiten que casos como el de Adrián Villar generen frustración y desconfianza en el sistema judicial. El desenlace judicial y la respuesta legislativa serán claves para definir el futuro de la normativa sobre accidentes de tránsito en el país.
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