En una diligencia conjunta, el Ministerio Público logró desmantelar un campamento rústico utilizado para la tala ilegal de bosques en la región San Martín. La intervención, realizada en una zona ambientalmente frágil del distrito de Yuracyacu, expuso no solo el daño directo a la cobertura boscosa, sino también el avance silencioso de economías ilegales que siguen presionando a la Amazonía peruana.
Intervención fiscal en Yuracyacu
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Moyobamba ejecutó la destrucción de un campamento rústico que venía siendo usado para actividades de tala ilegal y degradación de bosques en el distrito de Yuracyacu, provincia de Rioja, en el distrito fiscal de San Martín.
La diligencia fue encabezada por la fiscal adjunta provincial Hilda Rita Ferrer Benites, junto a representantes de la Autoridad Regional Ambiental de San Martín (ARA), la Municipalidad Distrital de Yuracyacu y efectivos de la Policía Nacional del Perú.
Maquinaria incautada y evidencias de deforestación
Durante la intervención, las autoridades hallaron máquinas y enseres utilizados para la tala ilegal, los cuales fueron incautados como parte de la diligencia fiscal. En el recorrido también se constató la existencia de un lindero con siembra de plátano, así como áreas colindantes con claros indicios de tala de formaciones boscosas propias de humedales altos.
El terreno afectado presentaba zonas inundables y pantanosas, además de un daño evidente a la cobertura forestal donde, según los especialistas, debería existir vegetación nativa como cumalas, romacos y tanganas, especies clave para el equilibrio de estos ecosistemas.
Investigación preliminar en curso
Ante los hallazgos, la Fiscalía inició investigación preliminar contra el presunto propietario del área intervenida. Como parte de las medidas inmediatas, se procedió a la destrucción del campamento rústico y al decomiso de los objetos que habrían sido empleados para la deforestación del predio.
El Ministerio Público, a través de la FEMA Moyobamba, reiteró su compromiso de prevenir y combatir la tala ilegal, una de las principales amenazas para los ecosistemas amazónicos y las comunidades que dependen de ellos.
Impacto en la salud y la gobernabilidad
La intervención ocurre en un contexto alarmante. Estudios recientes advierten que la deforestación en la Amazonía ha contribuido a más de 28 millones de casos de enfermedades en las últimas dos décadas en Sudamérica, afectando de manera particular a países como Perú. La pérdida de bosques favorece incendios, contaminación del aire y la propagación de enfermedades zoonóticas.
A ello se suma la percepción ciudadana: según la Proética, el 94 % de los peruanos vincula directamente la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico con la corrupción, evidenciando la dimensión social y política del problema ambiental.
Desde la Fiscalía se remarcó que acciones como esta buscan frenar el avance de economías ilegales que operan en zonas de alta fragilidad ecológica y que, en muchos casos, avanzan aprovechando la debilidad del control estatal. La destrucción del campamento en Yuracyacu se suma a los esfuerzos por proteger los bosques amazónicos y evitar daños irreversibles en territorios clave para la biodiversidad y la salud pública.
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