Empresas enfrentan un país macroeconómicamente estable, pero con bajo potencial de crecimiento, advierte análisis

La economía peruana exhibe un escenario de estabilidad macroeconómica y una mejora sostenida del empleo formal, pero estos factores no están siendo suficientes para impulsar un mayor crecimiento potencial ni para recomponer de manera duradera a la clase media. Esa fue la advertencia central de un análisis presentado durante el desayuno electoral organizado por LLYC y la Universidad Privada del Norte (UPN).

El encuentro, realizado el 5 de febrero en Lima, reunió a representantes del sector privado, la academia y la política económica con el objetivo de ofrecer a las empresas una lectura estratégica del contexto previo a las Elecciones 2026, en un entorno marcado por tensiones políticas y desafíos estructurales que van más allá de los indicadores de corto plazo.

Estabilidad macroeconómica y avance del empleo formal

Durante la presentación se destacó que la inflación anual se ubica en 1,5% y que el empleo formal privado registró un crecimiento interanual de 6,4% entre enero y octubre, un ritmo muy superior al aumento de la población en edad de trabajar. El sector agro fue uno de los principales motores de esta expansión, al incorporar cerca de 100 mil nuevos trabajadores formales en ese periodo.

A este panorama se suma un clima de expectativas empresariales mayoritariamente favorable, con 50 de 51 indicadores en terreno optimista, lo que refuerza la percepción de estabilidad macroeconómica tras años de alta volatilidad política.

Inversión privada en recuperación, pero con límites

Diego Macera señaló que la economía atraviesa una fase de recuperación más firme, con una inversión privada que crece a tasas de doble dígito por primera vez desde 2012. Este repunte responde, en parte, a una mejora en las expectativas empresariales y a la ejecución de proyectos que habían quedado postergados por la incertidumbre política, lo que describió como una “inversión embalsada” que empieza a destrabarse.

No obstante, el avance sigue siendo insuficiente para cerrar las brechas estructurales que arrastra el país, especialmente en términos de productividad y capacidad de crecimiento de largo plazo.

Productividad baja y Estado ineficiente

El análisis coincidió en que la baja productividad y las ineficiencias del aparato estatal continúan siendo un freno para una recuperación más inclusiva. Estos factores limitan la posibilidad de que el crecimiento económico se traduzca en una mejora sostenida del bienestar, particularmente en una clase media que aún no recupera plenamente los niveles previos a la pandemia.

Desde esta perspectiva, la estabilidad macroeconómica aparece como una condición necesaria, pero no suficiente, para elevar el potencial del país si no se acompaña de reformas que mejoren la calidad del gasto público y el funcionamiento del Estado.

Términos de intercambio altos, pero sin impulso minero

Otro punto crítico fue la falta de reactivación de la inversión minera, pese a que los términos de intercambio se mantienen en niveles históricamente favorables. Tras la culminación de proyectos como Quellaveco, no se observan nuevas iniciativas de gran escala que dinamicen el crecimiento, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región.

Esta situación refleja, según los panelistas, un problema de confianza y de trabas regulatorias que desalientan la puesta en marcha de inversiones de largo aliento.

El rol del empresariado y los desafíos hacia 2026

En el debate también se subrayó la responsabilidad del sector privado en el contexto actual. “El empresariado tiene un rol que va más allá de invertir: también es contribuir a la confianza, informar y participar activamente en el debate país”, señaló Carlos Neuhaus.

De cara al próximo ciclo político, el análisis planteó como prioridades destrabar inversiones, reducir la burocracia, mejorar la ejecución de la obra pública mediante mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas, generar incentivos reales a la formalización —en un mercado laboral donde el 70% se concentra en unidades productivas de menos de cinco personas—, avanzar hacia un servicio civil meritocrático y mantener la disciplina fiscal como base de la sostenibilidad económica.